Soningeo ejecuta la cláusula de recompra de su sede en el Pctcan y reclama al Gobierno 5,2 millones

Sede de la empresa Soningeo, una de las primeras en instalarse en el Pctcan. :: maría gil/María Gil Lastra
Sede de la empresa Soningeo, una de las primeras en instalarse en el Pctcan. :: maría gil / María Gil Lastra

La firma de ingeniería demanda al bipartito PRC-PSOE tras el intento de los gestores del Parque Científico de rebajar el precio en 3,2 millones de euros

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

El anterior bipartito PRC-PSOE, en un intento de potenciar la instalación de empresas en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan), no solo facilitó el acceso al suelo sino que se comprometió a readquirir las fincas y las edificaciones construidas por las empresas que compraran la parcela antes de que pasaran diez años de su instalación. A punto de cumplirse este plazo, Soningeo, una firma de ingeniería, ha decidido ejecutar esta cláusula y reclama al Gobierno de Cantabria 5,2 millones. Una cifra que el Ejecutivo no está dispuesto a pagar al considerarla «excesiva» y que ha terminado en una demanda en los tribunales.

La sociedad gestora del Pctcan, aprobado como Proyecto Singular de Interés Regional por el Consejo de Gobierno de Cantabria en 2004, en los contratos de derechos de constitución de superficie con opción de compra firmados hasta el 31 de diciembre de 2007, asumía comprar las fincas adquiridas por las empresas y las construcciones edificadas en ellas por un precio que tendría en cuenta el coste neto de inversión en la parcela, actualizado al IPC. Este acuerdo incluía sólo una condición: que las empresas ejerciten su derecho a compra antes de que transcurran los primeros diez años tras la constitución del derecho de explotación.

Soningeo, al igual que a otras ochos empresas -Ambar, Acorde, Apia XXI, Semicrol, Quiter, CIC, Cesoin y TTI Norte-, rubricaron el documento antes de esa fecha, aunque su actividad en el parque no empezó hasta el 2009. Fuentes del Ejecutivo reconocieron a este periódico que «la difícil situación económica por la que atraviesa el sector» llevó a la compañía presidida por Enrique Conde a requerir por escrito el 21 de junio del año pasado «la readquisición de la finca, así como del edificio levantado». Sin embargo, los gestores del Pctcan, organismo vinculado a la Consejería de Industria, formuló una oposición sobre la valoración del coste neto, basado en dos informes de dos expertos independientes, y lo rebajó hasta los 1.991.928 euros. La falta de un acuerdo entre ambos culminó con la interposición de una demanda en el juzgado de Primera instancia número 8 de Santander, que aún no se ha resuelto.

La cifra

1,9
millones de euros es la cantidad en la que valora la Administración la readquisición del edificio.

El as en la manga de la sociedad gestora es que el contrato también recoge que «el citado coste neto de inversión se verá minorado, en su caso, por los gastos en que sea necesario incurrir con el fin de reponer los bienes en su uso correcto y perfecto estado, y por el importe de cuantas obras sea necesario ejecutar para restablecer los mismos en sus iniciales características y condiciones».

50 millones de euros

La reclamación de Soningeo no ha pillado del todo por sorpresa al Ejecutivo. Apia XXI ya amagó en 2011 con hacer lo propio y pidió al Gobierno 21 millones de euros, pero finalmente llegaron a un acuerdo de arrendamiento a largo plazo para instalar en sus instalaciones las sedes de las Consejerías de Industria y Medio Rural a cambio de una renta anual de 831.720 euros con opción a compra. Entonces se tasó la edificación en 15 millones de euros, un precio que se abarata progresivamente cada año. Hacerse con el inmueble ahora valdría 13,7 millones, pero si el Gobierno estira al máximo el contrato de alquiler, hasta el año 2028, sólo tendría que abonar 6,7 millones, como consta en el Anexo 3 del contrato de arrendamiento firmado entre Sodercán y el representante de la empresa.

Para evitar que este caso se reprodujese, el Ejecutivo de Ignacio Diego consiguió en 2013 que renunciase a este derecho junto con Acorde y Ambar-Cisga. A día de hoy ya sólo queda una empresa susceptible de solicitar esa obligación, aunque en el Gobierno se descarta. De haber sido ejercida por las nueve empresa hubiera supuesto para el Gobierno de Cantabria el desembolso de cerca de 50 millones de euros, según la auditoría que hizo Deloitte en su día, y que, dada la situación económica, las posibilidades del Pctcan de vender de nuevo los edificios que pasarían a ser de su propiedad, eran realmente escasas.

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