Tolosa aboga por profesionalizar las mesas de contratación para evitar la corrupción

El magistrado del Supremo César Tolosa, junto a la diputada regionalista Rosa Valdés, en el Parlamento regiona/Celedonio Martínez
El magistrado del Supremo César Tolosa, junto a la diputada regionalista Rosa Valdés, en el Parlamento regiona / Celedonio Martínez

El magistrado del Supremo defendió en el Parlamento el proyecto de ley de Régimen Jurídico, aunque con matices, en una comparecencia inédita

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

El magistrado del Supremo César Tolosa ha abogado en el Parlamento por la «profesionalización» de las mesas de contratación, órganos donde situó «uno de los cánceres de la contratación pública española, que constituye uno de los elementos más arraigados de la corrupción en este país».

El que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (2004/2014) compareció en la Comisión de Presidencia para informar sobre el proyecto de Ley de Cantabria de Régimen Jurídico que redacta el Gobierno, donde analizó desde el punto de vista técnico los artículos más polémicos del borrador, al que el PP, el más crítico, ha anunciado un «no rotundo» si, como prevé el texto, se capacita a las empresas públicas para expropiar; se crea una mesa de contratación por cada Consejería y se limita el acceso al cargo de director o secretarios generales.

En líneas generales el magistrado avaló el texto -«estamos ante un buen proyecto de ley realizado por magníficos profesores de la Universidad de Cantabria»-, aunque con matices, de manera que dio una de cal y otra de arena al borrador.

El magistrado dice que la ley estatal prohíbe expropiar a las empresas públicas

La comparecencia de un magistrado en comisión es algo insólito en la historia del parlamentarismo en Cantabria. La presencia de Tolosa fue solicitada por Podemos y avalada por todos los grupos parlamentarios dentro del grupo de expertos propuestos para analizar el proyecto de ley. Antes que él lo han hecho los catedráticos de Derecho Administrativo de la UC, Juan Manuel Alegre Ávila y Luis Martín Rebollo; los secretarios generales de Presidencia y Justicia y Obras Públicas y Vivienda, Noelia García y Jesús Herrera, respectivamente, así como la directora general del Servicio Jurídico, Belén Navarro. Tolosa se podía haber negado a acudir a la llamada del Parlamento, pero él mismo confesó ayer, a modo de introducción, que ha comparecido por «respeto» a la institución parlamentaria y por «la necesidad de corresponder a los cántabros por el trato recibido» durante los más de 30 años que estuvo en esta región.

En este escenario, el magistrado se refirió a la supresión de la Mesa de Contratación común para crear ocho, una por Consejería, como denuncia el PP. A su juicio, el problema no es si hay una o varias mesas de contratación, sino su «profesionalización», una de las grandes novedades de la ley del sector público del Estado de 2017 que Cantabria tiene adaptar a la normativa autonómica. «La profesionalización es el principio rector para asegurar una contratación basada en los principios de competencia, no discriminación e integridad. Uno de los cánceres de la contratación pública española se encontraba en las mesas de contratación», aseguró.

En lo que se refiere a la capacidad de las empresas públicas para expropiar, otra línea roja del PP al proyecto, Tolosa tranquilizó a la bancada popular y subrayó que la ley estatal de Expropiación Forzosa «establece quienes son los entes que pueden expropiar y las sociedades mercantiles no pueden». No obstante, el borrador de ley autonómica establece que el Parlamento puede atribuir esa potestad pública con una norma de rango de ley.

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