Trabajadores de Podemos denuncian al partido por incumplir el convenio laboral

Alberto Gavín y Pablo Iglesias presentaron en octubre Arronti. /J. C.
Alberto Gavín y Pablo Iglesias presentaron en octubre Arronti. / J. C.

Dos empleados reclaman en los tribunales 14.780 y 4.887 euros al descubrir que han estado cobrando un 20% menos de lo que estipula el acuerdo y tras fallar la negociación en el Orecla

G. SELLERS/ E. MUNÁRRIZ SANTANDER.

La crisis interna de Podemos Cantabria está a un paso de llegar a los tribunales y de salpicar de lleno a toda la formación liderada por Pablo Iglesias. Dos de sus empleados, adscritos al Grupo Parlamentario, han presentado una demanda ante el juzgado de lo social contra Podemos a nivel nacional -bajo cuyo paraguas dependen los contratos al tratarse de un Código de Identificación Fiscal (CIF) único- por pagarles un sueldo por debajo del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Burgos, el que debe aplicarse a los trabajadores cántabros al carecer de uno propio en la comunidad autónoma. José Manuel Viadero y Roberto Macho han llevado a los tribunales a la empresa al detectar hace nueve meses que estaban cobrando -al igual que otros tres compañeros- cerca de un 20% menos de lo que les correspondería.

Ambos han interpuesto la demanda, que está fechada el 11 de enero, en reclamación de derecho y cantidad tras cerrarse sin acuerdo la negociación con Podemos que tuvo lugar el miércoles en el Orecla (Organismo para la Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales). Tanto Viadero como Macho detectaron en mayo del año pasado que a los trabajadores de la sede cántabra se les aplicaba una tabla salarial por debajo de lo que marcaba su convenio colectivo. Por ello, venían cobrando entre 200 y 500 euros mensuales menos, en función de si el contrato era a media o a jornada completa, de lo que les corresponde.

Tras darse cuenta de lo que en un inicio asumieron como un «error», ya que uno de los demandantes (Viadero) era el responsable de Finanzas de Podemos Cantabria cuando se produjeron las contrataciones y el encargado de comprobar que todo estuviese en orden, lo pusieron inmediatamente en conocimiento de la dirección nacional. Desde Madrid les pidieron tiempo para intentar arreglar el entuerto, buscar una solución pacífica y lavar los trapos sucios dentro de casa. Para ello, los empleados de Podemos eligieron a una representante sindical -la presidenta del Comité de Garantías-, que entabló las negociaciones con los responsables nacionales, quienes prometieron una solución para después del verano. Al pasar los meses y hartos de compromisos que no se materializaban, los dos trabajadores decidieron dar un paso más e impulsar una mediación extrajudicial en el Orecla. Viadero reclama 14.780 euros y Macho otros 4.887 euros por los retrasos de los dos últimos años, pero la formación morada prefirió cerrar la negociación sin acuerdo y llegar a los tribunales, según confirmaron los demandantes.

«Deseamos que el conflicto se solucione con acuerdo a la legalidad» Alberto Gavín

Aunque con la ley en la mano sólo pueden reclamar los retrasos pendientes del último año, tanto Viadero como Macho ponen el contador en mayo de 2016, ya que fue justo doce meses después cuando se percataron e informaron de su situación. El resto de los trabajadores ha preferido esperar a la solución amistosa.

El actual coordinador general, Alberto Gavín, que también se vio afectado por esta situación al ser por entonces trabajador del partido, aseguró ayer que Podemos ha encargado un estudio jurídico para resolver esta situación, que ya está en manos del Consejo de Coordinación, y deseó ayer en declaraciones a este periódico «que el conflicto se solucione dentro de la legalidad». No obstante, Gavín recordó que los dos denunciantes fueron miembros de la dirección del partido -que abandonaron por discrepancias- y consideró que solo buscan «dañar la imagen de Podemos». El actual responsable aseguró que ya sabían cuando entraron a la formación que sólo podían cobrar 2,5 veces el salario mínimo y que él renunció por escrito a tomar acciones judiciales cuando dejó su puesto de trabajo para asumir su actual función.

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