Turismo amenaza con multar a quienes anuncien pisos vacacionales ilegales

Una familia disfruta de sus vacaciones en un piso de alquiler. /S. S.
Una familia disfruta de sus vacaciones en un piso de alquiler. / S. S.

Elabora un borrador para regular el sector y ha enviado cien cartas a portales de anuncios. Hostelería prepara un carro de denuncias

Álvaro Machín
ÁLVARO MACHÍNSantander

Son cien cartas. Se enviaron el último lunes de junio. Básicamente, a los portales que anuncian pisos vacacionales por internet. Les advierten que sólo pueden publicitar a los establecimientos que tengan un número de inscripción en el registro general de Empresas Turísticas. O sea, a los legales. De lo contrario, «serán responsables solidarios» de una infracción «que puede llevar aparejada multa de 6.001 a 30.000 euros por cada uno los alojamientos». El Ejecutivo reconoce que esta nueva realidad prolifera y se aprovecha de un vacío en las leyes. «Si se mantiene el limbo legal, claro que es un problema», asegura Eva Bartolomé, directora general de Turismo. En su departamento trabajan en un borrador de decreto que regule las denominadas «viviendas de uso turístico».

«El hecho de que estemos redactando un decreto para regular esta nueva realidad es ya un síntoma de que es necesario actuar». Entre tanto, rastrean y atienden denuncias. Hostelería se ha puesto muy seria con el tema. Hablan de 2.000 ofertas ilegales. A las casas rurales (a las que ya persiguió Turismo Rural) se suman pisos, apartamentos, habitaciones... «Mandar cartas está bien, pero no es suficiente. Ahora tienen que controlar y sancionar», dice Ángel Cuevas. El presidente de los hosteleros cántabros habla muy claro. «Vamos a empezar a presentar denuncias a todo aquel que no esté registrado y que se esté anunciando. Particulares o empresas».

«La cuestión es que todos jueguen con las mismas reglas cumpliendo los requisitos» Eva Bartolomé

Esta misma semana tiene previsto notificar las primeras y ponerse de lleno con los rastreos de anuncios. Saben que pueden equivocarse en algún caso -«alguno que no haya puesto su registro por un despiste o por dejadez y al que no le ocurrirá nada»- pero entiende que «en el 90% de los casos el tiro va a ir perfecto». El 'tiro' es un sector sumergido que, en la práctica, «podría tener como el peso de trescientos establecimientos más funcionando». «Es una barbaridad y el tema va creciendo. No es lo mismo coger cincuenta euros netos de un cliente, que de esos cincuenta pagar el IVA, los impuestos, lo que corresponde en la declaración de la renta...». Insiste en que, desde ya, van a remitir denuncias «todos los días» y pide al Gobierno que «dé forma a esto». Han solicitado ver el borrador en el que trabaja la Administración. «Nosotros creemos en la libre competencia, pero en las mismas condiciones para todos. Es verdad que el campo de juego ha cambiado, que hay nuevas herramientas. Pero vamos a nivelar ese campo de juego».

«Vamos a mandar denuncias todos los días desde ya y el Gobierno tendrá que actuar» Ángel Cuevas

Y, en esa idea, el mensaje coincide con el de Eva Bartolomé. «El sector tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. No se pueden poner puertas al campo y dentro de las nuevas circunstancias que se nos plantean, hay que hacerlo bajo el amparo de la legalidad. La cuestión es que todos jueguen con las mismas reglas. Dar cabida a todos los que quieran participar en el sector turístico, pero cumpliendo los requisitos necesarios». La propia responsable de Turismo señala los riesgos de moverse en este «limbo legal». El intrusismo y la competencia desleal. Pero también lo vinculado con la «seguridad ciudadana y del propio cliente». «Los hoteles y alojamientos extrahoteleros tienen la obligación de informar a la seguridad del Estado de quiénes entran y salen de sus establecimientos. En un piso alquilado con fines turísticos o vivienda vacacional ha de ocurrir lo mismo. Seguridad ciudadana. Y del otro lado, igual, el cliente necesita unas garantías». Hojas de reclamaciones, contactos claros a los que dirigirse, seguros de responsabilidad...

Contexto legal

¿Y por qué ese hueco en la normativa? En Cantabria no existe normativa reguladora del alquiler vacacional como tal. El decreto que se refiere a los alojamientos extrahoteleros fija requisitos mínimos de infraestructura, pero se excluyen los alquileres de arrendamientos urbanos. De hecho, la batalla en el ámbito de las casas rurales no es nueva y la Asociación de Turismo Rural ya lanzó varias oleadas de denuncias en su momento. Hubo inspecciones y cierres. El asunto ahora va más lejos y toca otros terrenos. Habitaciones sueltas en pisos para unas vacaciones, apartamentos, bloques... Sin control y con la posibilidad de encontrar clientes de una forma sencilla a través de internet y de nuevas plataformas de negocio. «No hemos de olvidar -señalan desde el Gobierno de Cantabria- que la problemática planteada con el denominado alquiler vacacional viene, en gran parte, por la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos». Este cambio, explican, dejó fuera de su ámbito de aplicación al alojamiento ofrecido para turistas. Y la solución queda en manos de las comunidades autónomas. Ese es el contexto actual.

2.000 anuncios de ilegales (incluye casas rurales, apartamentos o alquiler de habitaciones). Es la estimación que hace Hostelería.

Ahí encaja el control de páginas web, el seguimiento de las denuncias y las cien cartas enviadas hace un par de semanas a los portales de anuncios. Inciden en estar inscritos en un registro como condición obligatoria. En eso también hay novedades, porque este requisito se introdujo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2017. «Para inscribirse como negocio turístico es necesario presentar una declaración responsable y la correspondiente licencia municipal de inicio de actividad. Tal y como se exige a cualquier establecimiento hotelero reglado», explican fuentes del Ejecutivo.

Denuncias por intrusismo

Las mismas fuentes detallan que el pasado año recibieron 16 denuncias por intrusismo. Procedentes de particulares, de ayuntamientos, de las pesquisas de la Guardia Civil y (en tres casos) también formuladas de oficio por el propio personal de Turismo. No son muchas y eso se explica porque en 2016 no se produjo la oleada de reclamaciones desde la Asociación de Turismo Rural. En lo que va de 2017, tampoco. Hasta ahora hay diez denuncias. Si Hostelería cumple, esa cifra va a dispararse. Entre tanto, a la carta enviada desde Cantabria ya han respondido desde tres plataformas de anuncios (Booking, Wimdu y Holidu, según el Ejecutivo). Solicitan un tiempo de adaptación tecnológica para hacer los cambios. Para incluir el registro. El objetivo es que lo tengan listo en dos meses.

26 denuncias se presentaron sumando las de 2016 y las entregadas en lo que va de año.

Todo eso es lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora. Según ellos, básicamente, lo que han podido. El nuevo borrador, aún pendiente de aprobación, fijará una serie de condiciones que permitan, de un lado, que alguien que tiene una vivienda pueda sacarle un rendimiento económico y, de otro, que un turista pueda optar al tipo de alojamiento que quiera. Economía colaborativa, pero con seguridad para todos y con la legalidad por delante.

¿Qué se les exigirá? Aparte de estar inscritos en Turismo, unos requisitos mínimos de infraestructuras y documentación (cédula de habitabilidad, seguridad en caso de incendios, hojas de reclamaciones, carteles distintivos, número de teléfono de atención de la vivienda...). A eso se sumará un seguro, el obligatorio registro de clientes (como hacen en cualquier hotel, para pasarle los datos a la Guardia Civil o a la Delegación de Gobierno) y el de visitantes (para que puedan ser contabilizados como viajeros llegados a Cantabria).

Y hay más flecos. Por ejemplo, Turismo aclara que si el apartamento en cuestión está en un bloque de copropietarios, ellos pueden establecer en sus estatutos la no autorización del uso de esa vivienda como vacacional (aunque eso lo debe dejar especificado en sus estatutos de la Comunidad de Propietarios). Asunto con toda la pinta de dar quebraderos de cabeza. O la importancia de los ayuntamientos en esto de las «viviendas de uso turístico».

«En la última Mesa de directores generales de Turismo celebrada el pasado 23 de mayo se propuso convocar a la Federación de Municipios y Provincias al siguiente Grupo de Trabajo de Viviendas de Uso Turístico», relatan. Ellos son claves por el conocimiento y capacidad de control en su municipio y por tratarse, el final, del «principal agente ante el que el interesado deberá dirigirse para comunicar el inicio de la actividad». Los que dan (o no) el visto bueno. «La solución -concluye Eva Bartolomé ante este enrevesado panorama- pasa por la colaboración de muchos agentes sociales».

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