Valdecilla y Ferrovial mantienen tres frentes abiertos en los tribunales

Valdecilla y Ferrovial mantienen tres frentes abiertos en los tribunales
Andrés Fernández

Sanidad pretende anular la cláusula que «daba a la empresa una amnistía de 6 meses», mientras que la adjudicataria recurre deducciones y exigencias que no comparte

ANA ROSA GARCÍA | ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

Dos años después, la relación entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y Smart Hospital (Ferrovial-SIEC), adjudicataria del contrato de colaboración público-privada de Valdecilla, mantiene la misma tensión del primer día. Desde que se hizo efectivo el cambio de Gobierno, ha estado marcada por un tira y afloja continuo. La pugna por delimitar responsabilidades de uno y otro lado y aclarar las diferentes interpretaciones del mismo pliego forman parte de su rutina. Y ya son tres los frentes abiertos que tienen en los tribunales. El Gobierno trata por la vía contencioso-administrativa de anular la cláusula que impedía penalizar a la concesionaria de los doce servicios no clínicos de Valdecilla durante los seis primeros meses posteriores al traslado.

Cronología

Auditoría de obra
En octubre de 2015 Sanidad encarga a un estudio de arquitectura que revise el edificio de las Tres Torres «porque no tuvo control».
Vigilancia de servicios
En noviembre de 2015 se crea una comisión con personal del SCS para controlar los servicios que ha pasado a gestionar Ferrovial.
Informe jurídico
Técnicos de la Consejería de Sanidad certifican en enero de 2016 que el contrato de Valdecilla «está bien hecho jurídicamente».
Segundo aval
Al mes siguiente otro informe de los servicios jurídicos confirma que no hay causas para la nulidad del contrato y que no es lesivo.
Tercer examen
El Gobierno encarga al interventor la auditoría de mayor calado, al abarcar prestaciones, rendimiento y plan económico-financiero.
«Irregularidades».
Se publica el resultado de la auditoría de obra y se abre un expediente sancionar a la adjudicataria.
Estudio de la UC
Encargado por la Consejería, revela que Valdecilla ahorraría 102 millones con una gestión pública en lugar de pública-privada.

Una resolución que el SCS descubrió con «sorpresa» e «indignación» en junio de 2016 cuando se dispuso a velar por el cumplimiento a rajatabla del contrato suscrito con Smart Hospital. Entonces se topó con el documento fechado el 17 de junio de 2015 (un mes después de las elecciones autonómicas) y firmado por César Pascual, gerente de Valdecilla en aquella etapa, en el que «se blindaba a la adjudicataria hasta 2017». En definitiva, en ese documento se concretaba a partir de qué momento la empresa podía ser sancionada por el órgano contratante (Valdecilla) en caso de no cumplir con lo comprometido en el convenio.

El Consejo de Gobierno juzga que la cláusula de junio de 2015 es «perjudicial para los intereses públicos»

Nada más conocer de su existencia, el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, «escandalizado», lo interpretó como un «acto de deslealtad del Ejecutivo saliente hacia toda la ciudadanía cántabra» y aseguró que se había encargado a los servicios jurídicos estudiar la legalidad de la resolución para buscar la forma de anularla. Convencido de que «es injustificada y perjudicial para los intereses públicos», el Consejo de Gobierno acordó, el pasado 12 de abril, declarar la lesividad de esa cláusula contractual relativa a la activación del mecanismo de sanciones.

En su argumentación, se señaló que ese documento fue suscrito «con un gobierno del PP en funciones, que previsiblemente iba a ser reemplazado por un nuevo ejecutivo regional sin la presencia del PP». En la práctica, aquella resolución lo que decía es que hasta pasados seis meses de la puesta en funcionamiento de los servicios en el edificio de las Tres Torres y hasta que no estuviese en funcionamiento la plataforma Aurora (herramienta para la gestión y control de los servicios, que también tenía que facilitar la adjudicataria) no se podían aplicar deducciones en el pago al contratista en caso de no alcanzar los indicadores de calidad o de registrar incidencias. Desde el Ejecutivo denunciaban, además, que dicha cláusula «no contaba con el preceptivo informe jurídico de la Administración».

«Perjudicial»

El gerente actual, Julio Pascual, inició el 20 de octubre de 2016 el expediente de lesividad. Y el Consejo de Gobierno consideró que tal resolución interpretativa era «perjudicial para los intereses públicos». Tras esta declaración, y siguiendo el procedimiento legal, el Ejecutivo interpuso un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados, con el objetivo de que se deje judicialmente sin efecto la polémica resolución y que tenga carácter retroactivo, lo cual podría abrir la puerta a una reclamación económica. «No lo hemos calculado, pero es una cuestión más cualitativa que cuantitativa. La empresa es responsable del contrato desde el minuto uno, no puede ser que se le conceda un periodo de amnistía como el que tuvo gracias a esa cláusula de favor», señala Pérez.

900

Los jueces tendrán la última palabra. Y, «si no hay acuerdo por la vía del diálogo», serán ellos también los que decidan sobre los otros dos expedientes administrativos planteados por el SCS contra Ferrovial. «Uno es una cuestión de interpretación que se refiere al servicio de logística –la empresa considera que el alcance del contrato es menor que el que se demanda por parte del hospital– y el otro es consecuencia de los resultados de la auditoría de obra».

En aquel informe, presentado en rueda de prensa por el Gobierno hace justo un año, se recogían «numerosas irregularidades e incumplimientos» en la construcción de las Tres Torres, que habrían ahorrado a Ferrovial «al menos» dos millones de euros. Entonces ya se anunciaba la apertura de un expediente sancionador a la empresa, obligada a solucionar los fallos detectados o, en su defecto, sería penalizada con el correspondiente descuento en la factura. En este sentido, el gerente del SCS dice que «la última novedad es que la concesionaria ha iniciado ya la obra de farmacia, que no cumplía con los requisitos de la normativa vigente» –es cierto que ésta se modificó con posterioridad a la formalización del contrato–. «Es un paso adelante que hayan emprendido la reforma, veremos si podemos ir solucionando cuestiones a través de la negociación directa con la empresa. Parece que la comunicación es más fácil con el nuevo gerente de Ferrovial» –el tercero desde la adjudicación–.

Estas actuaciones de control de la calidad y prestaciones en la ejecución del contrato de colaboración público-privada se suman a otras que viene realizando la Gerencia, como la iniciada para resolver la discrepancia sobre «la inclusión en dicho contrato del mantenimiento del equipo de alta tecnología Da Vinci, que asciende a aproximadamente 166.000 euros anuales, algo a lo que se oponía el contratista, y que la Administración consideraba.

Quién mantiene el Da Vinci

Fuentes del Ejecutivo aseguran que, «según el criterio que ha sido avalado por informe del Consejo de Estado, se ha resuelto que corresponde que se haga cargo Ferrovial», aunque la concesionaria está dispuesta a defender su postura en los tribunales. Y por eso ha recurrido a un contencioso-administrativo, apelando a que el mantenimiento del robot fue licitado y desempeñado por otra empresa de 2015 a 2016, lo que demostraría que no estaba incluido entre sus competencias.

Además, peleará en los juzgados por otra maniobra con la que está en desacuerdo, referida a las deducciones que se le han aplicado en dos mensualidades del año pasado por incumplimientos de estándares de calidad. En total, suman cinco los motivos que han dado el salto de los despachos de Valdecilla a los servicios jurídicos. Es el resultado de la batalla anunciada por el bipartito PRC/PSOE contra la fórmula de contratación público-privada auspiciada por el PP. La relación es como la de un matrimonio «condenado a entenderse» –como lo describió propio JulioPascual en su última entrevista a este periódico– en el que cada miembro delimita sus ‘pertenencias’ (competencias). Y ahí es donde aparece el gran problema: la falta de entendimiento sobre dónde trazar esa línea divisoria entre lo público y lo privado. En este caso, esos ‘bienes’ se traducen en el coste de los servicios asumidos por la empresa y en la subsanación de las eventuales deficiencias.

Cabe recordar que este macrocontrato, por el que se pagarán 900 millones en dos décadas, era un paquete que incluía el final de la construcción de un edificio que llevaba 15 años en obras, más la gestión de los servicios de limpieza, seguridad y vigilancia, gestión de residuos, mantenimiento general y electromédico, conservación de viales y jardinería, restauración, gestión energética, central de abastecimiento de aguas, almacenes y archivo, servicio de impresión y reprografía, e informática. El Gobierno cántabro, y con más empeño el lado socialista, que es quien lleva la cartera sanitaria, ha tratado de tumbarlo desde el principio, sin levantar la lupa de cada paso que da la empresa.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos