Los 22 vigilantes del aeropuerto Seve Ballesteros estudian movilizaciones

Los empleados de Segurisa se quejan de la precariedad y convocan una asamblea para decidir si se suman a los paros de sus compañeros de El Prat

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

La huelga de vigilantes del aeropuerto Barcelona-El Prat amenaza con extenderse al Seve Ballesteros. El personal de Segurisa, empresa que gestiona la seguridad en el aeródromo santanderino y el de Jerez, estudia convocar movilizaciones en la capital cántabra si el Gobierno no aprueba «un modelo único de contratación» del servicio de seguridad que garantice que «se respeta el convenio colectivo estatal» para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios y derechos de los trabajadores. Los 22 empleados de la compañía decidirán durante los próximos días, previsiblemente antes del martes de la semana que viene, si se suman a los paros de sus homólogos catalanes o se toman otras medidas.

El delegado sindical de los vigilantes por UGT, Jorge Fernández, reconoce que el sentir mayoritario de los compañeros es emprender algún tipo de acción para quejarse de la «precariedad laboral». Aunque en Segurisa los salarios «se ajustan al convenio colectivo», reclaman el mismo complemento salarial que durante años han cobrado sus compañeros en otros aeródromos y que «aquí nunca se ha tenido». «Nos hemos enterado ahora de que existía», recalca Fernández, quien dice que «ya se ha perdido durante muchos años».

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Según el convenio colectivo, al que se acogen los 22 trabajadores del Seve Ballesteros, los vigilantes de seguridad perciben 1.091 euros brutos al mes. Esta cantidad se desglosa en 901 euros mensuales de salario base, 18 euros en concepto de peligrosidad, 107 euros como plus transporte y 63 euros destinados al vestuario. Los trabajadores piden ahora el abono del plus de radioscopia para toda la plantilla -que los empleados del Prat cifran en 350 euros-, que cesen las ampliaciones de jornada en el turno de tarde y que la formación se realice durante la jornada de trabajo. También reclaman que haya un aumento de plantilla y una bolsa suficiente de sustitutos.

Fernández explicó «que las privatizaciones de los servicios que están sacando desde el Gobierno están saliendo a la baja y sólo tienen en cuenta el precio, con lo cual parece un intercambio de cromos». Hasta que todos los empleados no se reúnan en asamblea, el delegado sindical no se atreve aventurar qué medidas se pueden tomar: «Puede ser desde una huelga, paros o una huelga de celo - llevar a cabo controles más minuciosos y lentos-. La decisión la tenemos que tomar de manera conjunta».

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