El Fiscal pide cinco años para el jefe de electricistas del Ayuntamiento de Castro

  • Tanto a él como a su mujer se les acusa de desviar fondos públicos, unos 300.000 euros, mediante la facturación fraudulenta y simulada de suministros eléctricos al Consistorio castreño

La Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel para el jefe de electricistas del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Vicente Korta, y su mujer, acusados de delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa, por el pago, supuestamente, de alrededor de 300.000 euros a la empresa que tenían en contratos fraccionados.

En el auto de apertura del juicio oral se recogen los delitos que la Fiscalía achaca a estas dos personas y las penas que pide para ellas.

El auto del Juzgado de Instrucción resume los hechos en el desvío de fondos públicos por parte de esta pareja mediante la facturación fraudulenta y simulada de suministros eléctricos al Ayuntamiento de Castro Urdiales, "aprovechando precisamente" la condición de jefe de electricistas del marido quien, supuestamente, actuó "con la cooperación necesaria de su cónyuge".

Los hechos se remontan a finales de los años noventa y principios de 2000. La investigación se inició por el pago de unos 300.000 euros por parte del Ayuntamiento de Castro a la empresa del electricista y su esposa por suministros eléctricos.

Tras las investigaciones realizadas no consta que haya expediente administrativo para la contratación de esos suministros que se facturaron y, según estableció la Audiencia de Cantabria en un auto que rechazó los recursos del electricista y su mujer, la cantidad que se pagó estaría en torno a los 376.000 euros.

La Audiencia añadía que hubo una treintena de reparos de la intervención, por defectos en la tramitación de los pagos.

El Ministerio Público acusa a los dos de delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa, y solicita la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y multa de 5.400 euros.

Negociaciones con funcionarios públicos

Al electricista del Ayuntamiento, la Fiscalía también le atribuye un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, con pena de multa de 4.050 euros y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos años.

El Ministerio Fiscal solicita además que se indemnice al Consistorio castreño en concepto de responsabilidad civil en la cantidad de 296.332,83 euros más el interés legal.

El Ayuntamiento de Castro ha presentado un escrito de acusación en los mismos términos que la Fiscalía.

El auto de apertura de juicio oral, del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, requiere a los acusados para que presten fianza por valor de 296.000 euros, para asegurar las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del proceso.

En este proceso también estuvieron investigados el exalcalde Rufino Díaz Helguera y el edil Pedro Olano, pero las actuaciones fueron sobreseías y se archivaron en su caso.