Obras Públicas cuantifica en más de 12,5 millones el rescate del Puerto de Laredo

Un hombre pesca junto a los pantalanes vacíos del Puerto de Laredo, cuya concesión ha recuperado el Gobierno.
Un hombre pesca junto a los pantalanes vacíos del Puerto de Laredo, cuya concesión ha recuperado el Gobierno. / Abel Verano
  • La Consejería de José María Mazón ultima el expediente de resolución conMarina de Laredo y confía en empezar a pagar antes de que termine el año

Recién cumplidos cinco años y medio desde su inauguración, de los cuales ha permanecido un lustro en dique seco, el Gobierno de Cantabria ya ha resuelto lo que le costará rescatar la concesión del Puerto de Laredo: más de 12,5 millones de euros. Ésa es la cifra que han cerrado los técnicos después de casi un año de trabajo teniendo en cuenta todas las variables posibles en la resolución de la concesión a la empresa Marina de Laredo, participada por las constructoras Ascan y FCC.La cifra ya se ha puesto sobre la mesa del Consejo de Gobierno, según fuentes directas conocedoras de la operación, que está buscando el montante para empezar a hacer frente a este pago antes de fin de año.

Aunque desde la Consejería dirigida por José María Mazón llevan la operación en secreto hasta poder anunciarla en la comisión parlamentaria correspondiente (se reúne hoy), fuentes conocedoras de la negociación recalcan que el Ejecutivo tiene la intención de pagar antes de fin de año, en un plazo previsto de dos meses desde la resolución del expediente, aunque dan por hecho que la UTE no se conformará con los 12,5 millones de euros y el caso terminará en los tribunales.

El expediente administrativo para recuperar la concesión se impulsó después de que la sociedad promoviera en el juzgado su liquidación. La Ley de Contratos del Estado establece que cuando se está en un proceso de liquidación el contrato de concesión se resuelve, de manera que el Ejecutivo recuperará el puerto deportivo, una devolución que no saldrá gratis. Marina de Laredo reclamaba a la Administración regional 45 millones de euros, que es la cantidad que dice que puso para ejecutar la infraestructura, porque el resto, otros 45 millones, los costeó el Gobierno. Y es que FCC y Ascan no sólo se unieron para explotar los amarres sino que fueron los constructores de la obra y son, a su vez, los principales acreedores de Marina de Laredo. Fuentes del Ejecutivo y de la Consejería dan desde hace meses por hecho que habrá una reclamación judicial para intentar sacar una «cantidad mayor».

Actualmente hay varios frentes abiertos: uno en el Juzgado de lo Mercantil, otro por vía administrativa y también un conflicto tributario fiscal que ha llegado al Tribunal Supremo, con dos sentencias contradictorias. Eso hace que el proceso sea muy complicado.

El Gobierno de Cantabria hará frente a un desembolso millonario por una infraestructura con 859 atraques, que cinco años y medio después de su inauguración, golpeada de lleno por la crisis, apenas ha logrado recuperarse desde que el Ejecutivo recogió sus llaves y tomó las riendas del timón. El Puerto acaba de estrenar logotipo y una página web con los que se pretende contribuir al desarrollo de esta infraestructura, que ya tiene contratados 132 atraques fijos. Obras Públicas espera que este número se amplíe en otro centenar aproximadamente.

Discurso optimista

El área regionalista del Gobierno siempre ha mantenido un discurso muy optimista sobre el desenlace de este proceso y el futuro del Puerto. Está convencida de que la infraestructura «será rentable a corto plazo». «No será un gasto, sino una inversión productiva que se recuperará», señala como un mantra desde que se optó por recuperar su gestión.

José María Mazón, que también era el consejero de Obras Públicas cuando se inauguró el puerto, manifestó hace meses que espera que el coste de recuperar la explotación no repercuta «inicialmente» en el Presupuesto regional. «Intentaremos un diseño financiero que no nos cueste dinero», explicó, y seguidamente advirtió que el Ejecutivo «deberá pagar un precio justo, equivalente a lo que recibamos y el mercado pueda valorar en una futura concesión. Revertir la gestión habrá que pagarla y valorarla».