El juez cita a Peláez para que declare sobre la supuesta corrupción en torno a Villar

Según han informado fuentes jurídicas, las citaciones de todos los investigado se desarrollarán en siete jornadas entre el 30 de enero y el 27 de febrero. Así, el próximo martes, día 30, están emplazados en la Audiencia Nacional el responsable médico de la Mutualidad de Futbolistas de Baleares, Onofre Alba Vidal, y su hijo Onofre. Dos días después, el jueves 1 de febrero, tendrán que declarar Isidro Manuel Monje, director médico de la Mutualidad de Futbolistas en Andalucía y el empresario José Asensio García. Las declaraciones proseguirán el día 6, cuando está citado José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación Murciana de Fútbol, y Ana Isabel Castro Val.

Mientras que el día 8 tendrán que acudir ante Pedraz José Ángel Peláez y el empresario Víctor Oñate Serena. Según el juez Pedraz, de la investigación se extrae que Peláez consiguió dinero de Villar para financiar su federación territorial y también fue «premiado» con un puesto en la Comisión Delegada de la RFEF a cambio de apoyar a Villar para favorecer su reelección al frente de la federación española. El mandatario cántabro siempre ha negado esta afirmación y explicado que «en este puesto de la Comisión Delegada no te pone nadie, sino que te votan tus compañeros».

El 13 le tocará el turno al investigado Fermín Bernad Vico, consejero de Estudio 2000, la empresa que recibió de la RFEF un contrato a dedo de 36,5 millones de euros por suministrarle camisetas para árbitros que no se usaban por su mala calidad y que pagó a cambio comisiones a Villar. Dos días después está citado el empresario José Higinio Temprado y Juan Francisco Espino, este último hijo del expresidente de la Federación Extremeña de Fútbol. Finalmente, el día 27 está citado como investigado el empresario Carlos Antonio Plasencia Romero.

El caso Soule de corrupción se destapó el pasado julio, cuando fue detenido Villar, suspendido temporalmente durante un año de la presidencia de la RFEF, y su hijo Gorka, entre otros.

Ambos salieron el 1 de agosto de la prisión madrileña de Soto del Real tras pagar las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, que les había impuesto un día antes el juez Pedraz.

El que fuera presidente de la RFEF durante 29 años fue detenido y conducido a prisión dos días después imputado de delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Según Pedraz, Villar presumiblemente tejió un «entramado» y una red de «clientelismo» que permitió «el desvío de millones de fondos, tanto públicos como privados, del ente federativo».

Al menos desde 2009, Villar usó varias sociedades para el desvío del dinero y estableció un «clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares».

El juez afirma que Villar pudo haber concedido «beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones territoriales en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo, disponiendo del patrimonio ajeno que administra, esto es, el de la RFEF» con el objetivo de garantizar «la mayoría necesaria» para ser reelegido.