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El exviceconsejero socialista del Gobierno aragonés, Carlos Esco (i) y el expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias (d).
Agapito Iglesias, condenado a cuatro años de prisión
CASO CODESPORT

Agapito Iglesias, condenado a cuatro años de prisión

Junto al expropietario del Real Zaragoza son condenados el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza por malversación de caudales públicos.

agencias

Miércoles, 10 de febrero 2016, 13:54

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La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al exviceconsejero socialista de Obras Públicas del Gobierno de Aragón Carlos Esco, al expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias y al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril, a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos.

Además, les condena a inhabilitación absoluta durante diez años y a indemnizar a la Plataforma, participada mayoritariamente por la Diputación General de Aragón (DGA), con 8,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cantidad de la que es responsable subsidiaria la sociedad Codesport.

Iglesias, Esco y Becerril han sido absueltos del resto de delitos que se les imputaban, al igual que el ex director técnico de la plataforma logística, Miguel Ángel Pérez Cervantes, que ha sido absuelto además de malversación de caudales públicos, por el que han sido condenados los tres primeros.

8,7 millones malversados

La Sección Sexta de la Audiencia considera "hechos probados" que conjuntamente Becerril y Escó malversaron 8,7 millones de euros, ya que siendo conocedores de que no debían pagar cuatro facturas a Agapito Iglesias, administrador único de Codesport -sociedad que construyó las naves en Plaza- se lo abonaron.

Estos 8,7 millones de euros correspondieron a "sobrecostes, revisiones y modificaciones de las obras de construcción" de dichas naves, una promoción que compró Autocity, en 2005, sociedad que, según el contrato que firmó con Plaza, debía de pagar este importe.

Según la sentencia, Agapito Iglesias pedía de "forma insistente" a Becerril y Esco esta cuantía, "pues Autocity no lo pagaba por haber entrado en mala situación económica y de hecho entró en concurso de acreedores en 2010".

Facturas de Agapito

El tribunal considera que Becerril y Esco conocían que este dinero lo debía de pagar Autocity y no Plaza, si bien lo abonaron "inmediatamente" después de que Agapito Iglesias les presentara cuatro facturas para ello, con fecha de diciembre de 2008.

Con todo ello, estas naves por las que Plaza acordó pagar 22,6 millones de euros, terminaron costando 32,4 millones. Los magistrados consideran a Iglesias "inductor" por su condición de "extraneus" al no tener la cualidad de funcionario público.

Por lo que se refiere a Miguel Ángel Pérez, los magistrados consideran que nada tuvo que ver con las cuatro facturas ni con el libramiento de esos cuatro pagarés, ya que no certificó el ajuste de las mismas a los trabajos en ellos aludidos y constataron que no falseó jamás ninguna de las múltiples certificaciones de obras que fue haciendo. El criterio de los magistrados expresado en su resolución es que "era perfectamente evitable el pago de esas cuatro facturas pues no cabían sobrecostes ni revisión de precios frente a Plaza".

La sentencia cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Alfonso Ballestín, que considera que se debió absolver a Carlos Esco y a Agapito Iglesias, y muestra su conformidad con el resto de la sentencia.

Por estos hechos, que fueron juzgados el pasado mes de septiembre, el Ministerio Fiscal pidió ocho años de prisión por malversación de caudales públicos para los cuatro acusados.

Por su parte, los letrados del Gobierno de Aragón y de la propia plataforma logística pidieron seis años al no contemplar el delito societario, que sí apreciaba el fiscal.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la pasada legislatura por el que fuera director gerente de Plaza, Jesús Andreu, tras detectar un desfase millonario y encargar un informe pericial que trasladó a los servicios jurídicos.

Los servicios jurídicos de la sociedad apreciaron indicios de delito y lo pusieron en conocimiento de los tribunales.

Este es uno de los asuntos que está en los juzgados y que afecta a la gestión desarrollada entre los años 2002-2011 por Plaza, la mayor plataforma logística de Europa.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo

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