Fútbol | Racing

El juicio contra Harry por intentar suspender la junta de la liberación, visto para sentencia

Ángel 'Harry' Lavín, durante el juicio. / Sane

La defensa del expresidente y sus tres consejeros ha intentado desacreditar la figura de Onur Arslan en una vista en la que ha testificado Manolo Higuera

Sergio Herrero | agencias
SERGIO HERRERO | AGENCIASSantander

Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio por el intento de suspensión de la Junta de Accionistas del Racing del 30 de enero de 2014, en el que el expresidente del club, Ángel 'Harry' Lavín, y tres de sus consejeros -Manuel Ruiloba, Jairo Lavín y Jorge Madrazo- se enfrentan a un posible delito societario. Harry ha asegurado en su comparecencia que no incurrió en «ningún delito» ni «había mala intención», sino que pretendía «respetar» los intereses de los accionistas minoritarios. Además, ha negado que desconvocase la junta, convocada el día anterior al fijado para su celebración, para evitar que le destituyesen como presidente de la entidad verdiblanca. «Estaba bien asesorado y me dijeron que no incurría absolutamente en ninguna falta», ha subrayado.

En su escrito, el fiscal relata que los acusados desconvocaron la asamblea de común acuerdo, después de que Onur Arslan, representante del entonces accionista mayoritario del club, Ali Syed, comunicase su intención de comparecer en ella para pedir el cese como consejeros de la entidad. Para el Ministerio Público, el objetivo de esta acción era impedir a Arslan, a la Asociación de Peñas Racinguistas y a los pequeños accionistas participar en la junta y «ejercer sus derechos sociales más básicos».

A juicio de Lavín, la decisión de que la junta no se desarrollase fue acordada «verbalmente» por todos los miembros de su junta directiva, aunque fuese él quien lo plantó, según ha explicado, después de haber recibido un fax del administrador de WGA Sports Holding, Onur Arslan, informando al club de que se haría cargo de las funciones de Ali Syed, como su representante.

Lavín ha apuntado que no pudo contactar con Arslan para solicitarle la documentación que acreditase que ostentaba la representación de Syed y que podía actuar como el accionista mayoritario del Racing. También ha afirmado que esperó hasta «última hora» del 30 de enero para desconvocar la junta y que su intención era fijarla en otra fecha, y ha añadido que ese retraso no perjudicaba a los socios ni beneficiaba a la junta directiva.

Además, ha subrayado que «desconocía» que hubiese un procedimiento judicial abierto para instar a la convocatoria de una junta de accionistas anterior a que esta se convocase, porque «no podía informarme por los medios de comunicación, ya que la prensa era muy partidista».

Finalmente la junta se celebró un día después (31 de enero) por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, como le solicitó el administrador holandés en una denuncia presentada a primera hora de la mañana contra Lavín y el resto del consejo por delito societario. En la junta se acordó la destitución del consejo de administración y la designación de uno nuevo, encabezado por Tuto Sañudo.

La vista, que ha comenzado con más de una hora de retraso y se ha extendido durante tres horas y media, ha contado con la declaración como testigo del aún presidente en funciones del club verdiblanco, Manolo Higuera. Este ha relatado su versión de los hechos y ha explicado «los intentos de Harry por suspenderla». «Había que abrir el estadio, que estaba cerrado. El presidente del club dio orden de que todos los trabajadores desaparecieran de las oficinas», ha afirmado Higuera en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander.

Los tres integrantes de la junta directiva, que también han declarado este viernes, han coincidido en que Lavín les llamó el 30 de diciembre de 2013 para informarles de que se iba a desconvocar la junta y para preguntarles su opinión cuando la decisión ya estaba tomada y la nota de prensa que lo anunciaba publicada.

Higuera ha dicho que la convocatoria de la Junta se realizó «fuera del plazo estatutario y después de la demanda de la Asociación de Peñas Racinguistas». Una solicitud que se produjo el 2 de diciembre. Y, pese a los intentos de la defensa de repartir el control del mayor paquete accionarial del club entre Ahsan Ali Syed y su empresa, Higuera ha asegurado que «sobre el accionista mayoritario no había ninguna discusión. Fue un artificio. Siempre figuraba WGA. No ha habido ninguna discusión hasta que interesó a quien impugnó los acuerdos sociales». «Fue un modelo de corrupción que provocó hasta reacciones violentas de la sociedad», ha concluido.

«Onur Arslan era un actor y dicen que cobró por venir», afirma Harry

Por su parte, Ángel Lavín ha dicho que cuando su Consejo de Administración se reunió el 20 de diciembre para convocar la asamblea, no tenía «conocimiento de la solicitud de las peñas». Además, ha afirmado que el administrador judicial de WGA, cuando la empresa entró en concurso de acreedores, Onur Arslan, «era un actor y dicen que cobró por venir» y «se presentó con una cuartilla, por fax, que era de chiste». Según su versión, el holandés «no acreditó con documentación» su condición de representante del 98% del accionariado en aquel momento. Por esta razón y «por la imposibilidad de ponernos en contacto con 'el turco' después de varios intentos», según 'Harry', decidió emitir un comunicado de suspensión de la Junta el 30 de enero, justo en el momento del plante del equipo en la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Para el expresidente, «una trama».

Manolo Higuera, durante su declaración.
Manolo Higuera, durante su declaración. / DM

Una decisión que, a tenor de las diversas declaraciones de los acusados, tomó el propio Lavín antes de comunicárselo al resto de consejeros. Por otro lado, la defensa también ha esgrimido como motivo para la desconvocatoria de la Junta el hecho de «evitar una guerra civil» en los Campos de Sport.

El juicio ha quedado visto para sentencia y los acusados se enfrentan a un posible delito societario con la única acusación presente del Ministerio Fiscal, quien ve «probados los hechos», pide una multa de 4.500 euros por cabeza y acusa a los ocupantes del banquillo de intentar «dilatar su estancia en el cargo -en el caso de Lavín para seguir cobrando su sueldo-, ya que eran conscientes de que iban a ser cesados».

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