vídeo

Rodrigo Rato, a su llegada hoy a la Audiencia Nacional. / Foto: Emilio Naranjo (Efe) | Vídeo: Atlas

«Todos los españoles tenemos vela en el entierro» de las 'tarjetas black', sostiene Anticorrupción

  • El fiscal defiende la legitimación de Bankia, su matriz BFA y el FROB para acusar a sus beneficiarios porque el "costosísimo" rescate del banco fue "un funeral para todos"

"Es qué acaso 12 millones de euros –la cantidad que se reclama en indemnizaciones a los 65 beneficiarios de las más que polémicas tarjetas 'black'- no tienen trascendencia en los gastos de caja de una compañía o más bien debemos entender que no son nada en la inmensidad de pérdidas de Bankia… ¿Y si hubieran sido 1.200 millones?". Con estas palabras la Fiscalía Anticorrupción trató de desmontar este martes –y a tenor del enfado visible de las defensas dio la impresión de haberlo conseguido- una de las principales tesis de los abogados de los 65 ex altos cargos del banco y de Caja Madrid que se sientan en el banquillo de los acusados, que en la víspera pidieron la expulsión del proceso de Bankia, de su matriz BFA y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) porque, según ellos, carecen de legitimación directa para ejercer la acusación particular aquí.

más información

"No es que ellos no tengan vela en este entierro –como sostuvieron el lunes con ironía algunos letrados-, es que la tenemos todos los españoles", defendió el fiscal Alejandro Luzón durante la hora larga que dedicó a rebatir las cuestiones previas presentadas por las defensas. "Todos hemos pagado el costosísimo rescate de Bankia (22.424 millones de euros) y yo estoy aquí para defender esos intereses", advirtió para luego añadir que el banco lo está para recuperar parte de ese capital. "El FROB ha inyectado dinero" y la entidad está "obligada a reintegrarlo", apuntó más tarde su abogado para sostener que Bankia sí es "perjudicada", argumento al que se acogió también el letrado de BFA (su matriz), mientras que el representante del FROB (que controla el 64% de Bankia) dijo que actúan por "mandato legal" y no de forma "caprichosa".

La siguiente cuestión delicada planteada por las defensas era que se habrían vulnerado supuestamente derechos fundamentales de sus patrocinados porque Bankia accedió sin autorización judicial a información bancaria de estos que afectaría a su "libertad" y "dignidad", e incluso que esos archivos podían haber sido "falseados" o, al menos, "manipulados". Para el fiscal ninguna de esas alegaciones se sustenta. Así, empezando por el final recordó que la Sala de lo Penal ya validó en la fase de instrucción esos datos -tachó de "afirmación gratuita y huérfana de todo elemento probatorio" la queja de los abogados- porque "los cargos se generan automáticamente de forma telemática, sin intervención humana y sin necesidad de firma".

Respecto a la falta de autorización, Luzón defendió que la Fiscalía está legalmente "habilitada" para "solicitar información bancaria e incluso tributaria en la investigación de delitos". "De hecho –apostilló, lo hacemos a diario". Y sobre la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos en este caso negó que tanto los movimientos bancarios de los acusados como los correos donde hablan sobre las ‘black’ (pidiendo, por ejemplo, elevar sus límites de gasto mensual o quejándose de algún problema con ellas) afecten a su intimidad. "Son temas laborales y retributivos –sostuvo- ajenos a la misma; otra cosa es que tengan carga incriminatoria", apuntó con cierta retranca. A su vez, el abogado de Bankia insistió en que habían sido "especialmente cautelosos" para preservar los derechos de los usuarios de las tarjetas.

"Agua no potable"

El representante del Ministerio Público cerró su intervención rebatiendo la cuestión más técnica presentada por las defensas: la posible prescripción del delito de apropiación indebida que imputa a los 65 acusados. Luzón fue conciso y directo: el Código Penal establece que la responsabilidad penal por esos hechos no vence hasta pasados 10 años y en este caso, además, cabe aplicar la figura de un delito continuado porque las disposiciones de fondos con las ‘black’ se prolongaron durante varios años y no fueron precisamente casos aislados.

"Han intentado sacar agua de las rocas, pero la poca que ha salido no es potable", resumió el fiscal con ironía para hacer ver que, pese a la "habilidad argumentativa" de los abogados, no hay existe base jurídica para que el tribunal pueda estimar sus alegaciones, al menos las principales. Los magistrados, no obstante, pueden decidir ahora si resuelven todas las cuestiones previas el viernes próximo, cuando se reanudará la vista oral con el interrogatorio de los acusados -el primero en declarar será Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y considerado el ideólogo del sistema "opaco" de las tarjetas ‘black’-, o bien dejan algunas pendientes de dilucidar hasta que llegue el final del juicio

Antes de comenzar la sesión de este martes, el tribunal rechazó la petición de Gerardo Díaz Ferrán, ex consejero de Caja Madrid y expresidente de la patronal CEOE, para ausentarse del juicio por razones de salud y evitar así la llamada ‘pena de banquillo’. Pese a la mala cara que puso el empresario tras conocer la decisión, los jueces argumentaron que la doctora que lo había reconocido concluyó que no presentaba alteraciones, "ni de carácter físico ni psíquico", que le impidan declarar. Por eso, y como ya hicieron la semana pasada con otro exconsejero, Javier López Madrid, le obligan a permanecer junto al resto de acusados todo la vista.