Los constructores piden al Gobierno un plan de choque para evitar el «colapso» del sector

Inauguración de las obras de mejora de la carretera autonómica CA-354 que une Golbardo con Novales. / Lara Revilla

Reclaman medidas para revitalizar la construcción y la obra pública «que son las que pueden crear empleo con mayor celeridad»

Miguel Ángel Pérez Jorrín
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ JORRÍNSantander

«Necesitamos apoyo y que se normalice el mercado», resume Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, que ayer exigió al Gobierno que active el plan de choque que hace tiempo tiene sobre su mesa para atajar la crisis del sector de la obra pública, que amenaza con «colapsar» definitivamente a unas empresas que llevan años en descenso y han visto disminuir drásticamente su actividad.

«El empleo en el sector está en mínimos, los mínimos que suponen una obra pública casi inexistente», resume el documento. Pinta recuerda que la construcción es el gran empleador de mano de obra «y a pesar de los anunciados cambios del modelo productivo es único segmento productivo capaz de crear empleo con mayor celeridad».

Y tras el diagnóstico –«repetido hasta la saciedad en todos los ámbitos»– la petición: «El Gobierno tiene un plan de choque que hemos presentado encima de la mesa desde hace tiempo con medidas concretas para evitar el colapso del sector. Consideramos imprescindible que se afronten esas actuaciones».

Medidas

Apoyo a las empresas. Primar el empleo cántabro y las infraestructuras de maquinaria en las licitaciones de concursos.

Impulso a las licitaciones. Aumentar laobra pública recurriendo al endeudamiento y a la entrada del capital privado para su financiación.

Atajar la morosidad. Reclaman el «exacto cumplimiento» de la ley y que las administraciones públicas paguen a los 30 días de ser presentada la certificación y devengando intereses de demora a partir de ese plazo .

No a las bajas temerarias

La asociación reclama, por ejemplo, que se apoye a las empresas cántabras «que tienen domicilio estable y arraigo en nuestra comunidad» en las licitaciones de obras públicas que salen al mercado. Una vía para ello podría ser, a juicio de los constructores, «que se prime el empleo cántabro estable y las infraestructuras de maquinaria».

Los constructores llevan años quejándose de las adjudicaciones de obras con bajas temerarias a compañías foráneas que se presentan a los concursos sin estructuras en la región, ni maquinaria, ni personal. «Con esos precios no le salen las cuentas a nadie, se descapitalizan las empresas y luego pasa lo que pasa», avisa Pinta. La asociación recuerda que, al final, acaban recurriendo mediante subcontratas a las empresas cántabras.

Más obra pública

El documento incluye sobre todo una peticiónclave, que las Administraciones impulsen la ejecución de obras públicas. ¿Cómo? «Incurriendo, si fuera necesario, en un endeudamiento controlado o facilitando la incorporación del capital privado para su financiación». Los constructores aducen que «parece incuestionable que es más conveniente financiar la actividad que subsidiar el desempleo». En este sentido, piden además que se acelere «al máximo» la licitación de las obras ya decididas y se activen con rapidez la devolución de los avales presentados por las empresas: «Es una medida que no supone un incremento del gasto y que, sin embargo, permite a los licitadores subsistir financieramente y, por lo tanto, mantener sus plantillas de trabajadores», aseguran.

Los constructores consideran «necesario» atajar la morosidad de la Administración, «que se está convirtiendo en un problema endémico de nuestro sector». Para ello reclaman un exacto cumplimiento a la normativa reguladora «in utilización de subterfugios más o menos ingeniosos que dilaten los plazos contractualmente establecido. Es necesario que todas las Administraciones públicas paguen como máximo en los treinta días siguientes a la certificación, devengando desde entonces los correspondientes intereses de demora».

También reclaman, hasta que no se mormalice el crédito con las entidades financieras, «que el Gobierno ponga en marcha un sistema de garantías públicas para que las empresas que ejecutan obras para clientes solventes, como pueden ser las Administraciones, puedan pagar los suministros para su ejecución».

Por último, la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria vuelve a reclamar su participación en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) «con igual razón que cualesquier otro de los componentes ajenos a las administraciones públicas». Esta participación ya fue aceptada a principios de año por la Consejería de Obras Públicas «pero lo cierto es que aún no estamos y no tenemos noticias en este sentido», reconoció ayer Gervasio Pinta. el presidente de la asociación.

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