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Los siete británicos acusados declararon en el Juzgado de lo Mercantil por la quiebra de B3 Cable.
Los exdueños británicos de B3 se sientan en el banquillo acusados de descapitalizar la empresa

Los exdueños británicos de B3 se sientan en el banquillo acusados de descapitalizar la empresa

Los socios del grupo inglés se defienden ante la juez de lo Mercantil y dicen que la insolvencia de la empresa no guarda relación con el cobro de 6,3 millones de euros en comisiones

consuelo de la peña

Jueves, 17 de marzo 2016, 07:09

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Ocho años después de que el grupo británico B3 Industries aterrizara en Maliaño como salvador de la antigua factoría Alcatel de Maliaño, a la sazón en manos de Nexan Iberia S. L., su núcleo duro se sienta en el banquillo, acusado de desviar hacia sus propias cuentas 6,3 millones de euros de la caja de la empresa cántabra por unos servicios profesionales que no existieron, lo que puso en graves aprietos financieros a la compañía. Tal es así que cuatro años después, en 2012, la empresa entró en concurso de acreedores, sus 213 trabajadores fueron despedidos y, finalmente, fue liquidada y cerrada, hasta que en octubre de 2013 la firma alemana Südkabel reabrió la planta tras pagar 4,5 millones por B3 Cable.

Otro juzgado les investiga por delito societario

  • El caso B3Cable no termina en el Juzgado de lo Mercantil, tiene una derivada penal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander. Cuando los administradores concursales, Juan Carlos Sánchez Girón, Manuel de la Fuente Porres y Santiago Ruiz Asenjo, entraron a saco en las entrañas contables y financieras de la empresa, se toparon con esa famosa factura de los 6,3 millones de euros en comisiones que hizo saltar todas las alarmas. Por eso, además de trabajar en la vía civil-mercantil para que el concurso se declare culpable y los responsables devuelvan el dinero y sean inhabilitados para las funciones de administración de empresas, presentaron una querella criminal contra los británicos. por delito societario y fiscal. En paralelo, la Agencia Tributaria, a la que la empresa de Maliaño causó un agujero de más de un millón de euros, hizo lo propio y promovió otro escrito de acusación contra los exdueños de B3 Cable España por un delito de insolvencia punible.

  • Las dos iniciativas penales han sido acumuladas en un único procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 4 y que está prácticamente paralizado, a la espera de lo que se dilucide en el órgano mercantil.

Por aquellos pagos supuestamente injustificados, los administradores concursales llevaron a los exdueños británicos a los tribunales. Los expertos que pilotaron todo el proceso concursal concluyeron que existe una responsabilidad clara de los socios y administradores británicos de B3 Cable España en la quiebra de la sociedad. A su juicio, «consintieron, ordenaron y autorizaron» el pago de una factura de 6,3 millones de euros a la entidad Axis Ventura, de la que ellos mismos formaban parte, por unos servicios profesionales relacionados con la compra de la fábrica de Maliaño que no se prestaron, descapitalizando la empresa. De la misma opinión es el Ministerio Fiscal. Por eso, los administradores y la Fiscalía de Cantabria quieren que el Juzgado de lo Mercantil de Santander declare culpable el concurso, y que sus responsables y sus empresas paguen por ello, devolviendo el dinero que desviaron hacia sus bolsillos. Lo pidieron hace casi tres años, cuando presentaron al juez su informe sobre las causas del concurso. Pero no ha sido hasta ahora cuando los presuntos culpables comparecen ante la justicia.

Desde el martes, el Juzgado Mercantil juzga las responsabilidades de siete británicos: Timothy Eve, Michael Walton, Paul Ruocco, Mark Willians, Stephen Ellis y Douglas Barrowman, el núcleo de control del grupo, a David Powell, director financiero, y Stephen Ellis, director gerente. Si fueran encontrados culpables tendrían que devolver los 6,3 millones que obtuvieron indebidamente de B3 Cable España, una cantidad que serviría para pagar a los 500 acreedores del concurso. Entre ellos, se encuentra la Seguridad Social, a la que la factoría de Maliaño dejó un cañón de cinco millones de euros; la Agencia Tributaria, con más de un millón, y los propios trabajadores, que sólo recibieron las indemnizaciones del Fogasa.

Insolvencia

Los siete británicos han prestado declaración a lo largo de este martes y miércoles. Su estrategia de defensa pasa por desligar el cobro de la factura de los 6,3 millones de euros de la situación de insolvencia, porque la percepción de esos haberes se produjo en 2008, cuando se adquirió la planta de Maliaño, y la quiebra no se declaró hasta cuatro años después como consecuencia de la caída de ventas a causa de la crisis y del incremento de los precios del cobre.

Timothy Eve aseguró ayer que la factura de la discordia «no causó la insolvencia de B3». Según dijo, «los problemas de solvencia y las dificultades de atender las obligaciones surgieron en febrero de 2012 debido a la situación del mercado», un alegato en el que coincidieron sus compañeros.

Pero, además, todos ellos justificaron que B3 Cable España pagara a Axis Venture 6,3 millones por servicios profesionales vinculados con la compra de la factoría de Maliaño, a pesar de su doble condición de propietarios de B3 y de Axis Ventura, una maniobra con la que, según los administradores, descapitalizaron la empresa. Timothy Eve adujo en su descargo que la operación conllevó gastos de asesoramiento externo, informes, etc. y que si no se hubiera materializado, Axis habría perdido ese dinero y no hubiera cobrado nada. Otro administrador Mark Williams, uno de los socios que lideró las negociaciones de la compra-venta, consideró «razonables» esos honorarios. «Esas comisiones no eran nada inusuales», dijo al juez. Sin embargo, los administradores concursales consideran sospechoso que una tercera parte del precio que se pagó por la compra de la planta de Maliaño fuera para pagar una comisión, que se repartieron entre los socios. Así, el precio inicial era de 25 millones de euros, pero los británicos negociaron para dejarlo en 18,8 millones, una cantidad que incluía los 6,3 millones de euros que se pagaron a los propios socios y administradores por la gestión.

Lo que ni la fiscal del caso ni los administradores concursales consiguieron con sus interrogatorios fue que los acusados desvelaran cómo se repartieron esos 6,3 millones. Ese dinero desapareció de la caja de Axis Ventura ese mismo año 2008. Timothy Eve dijo que se repartió entre los administradores, empleados y el propio coste del negocio, y que parte del dinero se transfirió a un plan de pensiones para los primeros. Douglas Barrowman echó balones fuera y los administradores tampoco consiguieron que Mark Williams dijera dónde fueron a parar esos 6,3 millones. La cuestión no es baladí porque las acusaciones sostienen que los socios arriesgaron muy poco dinero en la compra de B3 Cable España (apenas pusieron entre 200 y 800 euros cada uno, según reconocieron ayer), ya que consiguieron que el banco Landsbanki financiara la operación, entidad que ha cobrado todo, mientras los acreedores lo han perdido todo.

Los acusados sin embargo alegan en su descargo que otro empresa del grupo aportó «negocio y pedidos» por valor de 14 millones de euros a B3 Cable España, además de 7,5 millones en préstamos. De hecho, en la lista de acreedores del concurso las empresas del holding británico figuran con créditos a su favor por más de siete millones de euros.

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