La aportación de Sodercán debería haberse utilizado para pagar los despedidos de Ecomasa

La sentencia es valorada muy positivamente por la letrada de los trabajadores, Teresa Ortiz, que considera que «a partir de ahora el hecho jurídico está claro» y, por tanto, parece evidente que Sodercán se convierte en parte importante para que los trabajadores vean reconocidos sus derechos.

Sodercán, por su parte, no se da por aludida por esta sentencia al entender que en la misma se dice claramente que es Ecomasa la que tiene que hacer frente a las indemnizaciones. La sociedad regional estima que ha cumplido en su día con las aportaciones y que si ahora no hay dinero se tendrá que esperar a la venta de la maquinaria de las instalaciones de la fábrica de estufas y, por supuesto, investigar qué ha pasado con los fondos.

Nueva demanda

De todas forma, la situación puede complicarse si tenemos en cuenta que el resto de trabajadores despedidos al llegarse al cierre de la factoría (54 en total) también han interpuesto una demanda y, en esta ocasión, no solo se dirigen contra Ecomasa sino también contra Sodercán, lo que no se llevó a cabo en la primera demanda.

En relación a los primeros despidos, la sentencia explica que el crédito de 3 millones de euros aprobado por Sodercán era para que Ecomasa pudiera «disponer de la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos del Plan de Viabilidad» y entre ellos estaba «la extinción de 42 contratos».Así, no se justifica que otros pagos se consideraran más urgentes, como es el caso de los satisfechos al equipo externo de administración y gestión de HUB, compuesto por 3 personas y con unos honorarios de 5.000 euros al mes para cada uno de ellos.

Las indemnizaciones que se tienen que satisfacer van desde los 22.620 a los 58.012 euros, en función de la antigüedad y los salarios de los despedidos.

De otro lado, en el caso de Teka, la sentencia entiende que obró correctamente y que cumplió con el objetivo pactado de la recolocación.

Por otra parte, la Comisión de Investigación sobre Ecomasa en el Parlamento de Cantabria durará dos meses y estará integrada por cuatro diputados del PP, tres del PRC, dos del PSOE, uno de Podemos y otro del grupo mixto-Ciudadanos (Cs). Así, ha quedado establecido ayer en Junta de Portavoces, que ha fijado el próximo 4 de abril, como el día de apertura del plazo para la designación de representantes para esta comisión solicitada el pasado noviembre por Podemos y apoyada en Pleno por todos los grupos políticos de la Cámara. A todos los integrantes de la comisión se les entregará la documentación que obra en poder del Gobierno y tras su estudio, cada grupo requerirá las comparecencias que estime oportunas, así como el calendario de las mismas.

El diputado de Podemos Cantabria, José Ramón Blanco, explicó en un comunicado que «en las próximas semanas» comenzará a moverse esta comisión con el nombramiento de los diputados que van a formar parte y las comparecencias.

El dictamen de la Comisión y su debate y votación por el Pleno del Parlamento deberán estar concluidos en dos meses a contar desde la fecha de la sesión constitutiva de la Comisión de Investigación. La formación explicó que con el desarrollo de la Comisión pretenden saber qué ha pasado con los cerca de 18 millones de dinero público que el Gobierno de Cantabria inyectó en este proceso empresarial y con los 3,2 de las indemnizaciones por despido de los trabajadores de Teka recolocados en la fábrica de estufas de Maliaño. A juicio de Podemos, esos 3,2 millones fueron «estafados» a los trabajadores y, por ello, quieren que este dinero «le sea devuelto» por el Gobierno de Cantabria.

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó el pasado 2 de febrero por unanimidad la puesta en marcha de la comisión para depurar posibles responsabilidades políticas en la gestión pública de Ecomasa. Será la cuarta comisión de investigación en Cantabria tras las de Hormaechea, GFB y Cantur-Racing.