Foto de archivo de una concentración de trabajadores en B3 Cable de Maliaño
Foto de archivo de una concentración de trabajadores en B3 Cable de Maliaño / Roberto Ruiz

La Justicia absuelve a la cúpula de B3 Cable al declarar fortuita la quiebra

  • El Juzgado de lo Mercantil concluye que los británicos no arruinaron la empresa por pagar 6,3 millones a una sociedad suya por mediar en la operación de compra de Alcatel

La cúpula de B3 Cable, grupo británico que aterrizó en Maliaño hace ocho años para salvar a la antigua factoría Alcatel y cuatro años después salió por patas dejando en la estacada a sus 213 trabajadores, ha sido eximida por la Justicia de toda responsabilidad.

La juez de apoyo del Juzgado de lo Mercantil de Santander, Cristina Rodiz, ha absuelto a los siete implicados al declarar el concurso de la empresa «fortuito» en vez de «culpable», como pedían el Ministerio Fiscal y los administradores concursales. De este modo, ni serán inhabilitados ni tendrán que pagar los 6,3 millones de euros de indemnización que les reclamaban, una cantidad que hubiera servido para pagar a los 500 acreedores del concurso, entre los que se encuentran la Seguridad Social, a la que el grupo dejó un cañón de cinco millones; la Agencia Tributaria, con más de un millón, y los propios trabajadores, que sólo recibieron indemnizaciones del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). La sentencia deja sin efecto los embargos de bienes trabados a dos de los directivos.

Decepcionados, los administradores concursales que llevaron a los británicos ante el Juzgado han anunciado que no recurrirán la sentencia, con lo que, si el Ministerio Público tampoco la impugna ante la Audiencia de Cantabria, el concurso de acreedores quedará definitivamente archivado sin responsables.

Otra cosa es el proceso penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander contra los mismos integrantes de la cúpula de B3 Cable. La causa se abrió a raíz de la querella criminal presentada por los técnicos concursales por los delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y delito societario, a la que se sumó después la Agencia Tributaria que añadió un supuesto delito fiscal. La instrucción está en fase embrionaria y «va para largo», según fuentes próximas al caso.

Los administradores concursales acusaron a los siete directivos del núcleo duro del grupo británico de pagar 6,3 millones de euros que salieron de la caja de la empresa cántabra a Axis Ventures, una sociedad a la que estaban vinculados, por unos servicios profesionales ficticios. El pago de esa factura se hizo en 2008 y cuatro años después, en 2012, la empresa entró en concurso de acreedores, sus 213 trabajadores fueron despedidos y, finalmente, fue liquidada y cerrada hasta que en octubre de 2013 la firma alemana Südkabel reabrió la planta tras pagar 4,5 millones por B3 Cable.

Los expertos que dirigieron todo el proceso concursal concluyeron que existe una responsabilidad clara de los socios y administradores británicos de B3 Cable España en la quiebra de la sociedad. A su juicio, «consintieron, ordenaron y autorizaron» el pago de esa factura de 6,3 millones de euros a la entidad Axis Ventura, de la que formaban parte, por unos servicios profesionales relacionados con la compra de la fábrica de Maliaño que no se prestaron, descapitalizando la empresa.

De la misma opinión era el Ministerio Fiscal, y por eso pidieron al Juzgado de lo Mercantil de Santander que declarara culpable el concurso, y que sus responsables y sus empresas devolvieran el dinero que desviaron hacia sus bolsillos. Lo pidieron hace casi tres años, cuando presentaron su informe sobre las causas del concurso al juez, y lo reiteraron durante el juicio, celebrado el pasado mes de marzo.

Pero la juez Cristina Rodiz no ha encontrado motivos para declarar culpable el concurso. Sin entrar a valorar si las decisiones adoptadas por los responsables fueron las adecuadas, concluye que «no pueden atribuirse todos los problemas de la sociedad a un servicio pagado cuatro años antes de la declaración del concurso», y que el precio abonado, los 6,3 millones de euros, pudo haber sido «inusualmente alto, pero no como para ser la verdadera causa del concurso».

Quebranto

Para la magistrada, la factura objeto de controversia «no fue emitida a sabiendas de su perjuicio porque a fecha de la compra no existía una infracapitalización y la empresa no se encontraba en pérdidas», un quebranto que la juez atribuye más bien «a cambios imprevistos en el mercado tanto del cobre como en la política de compra de uno de sus mayores clientes». Esto, sumado a la deuda total en el momento de la declaración del concurso, hace que «no puedan atribuirse todos los problemas de la sociedad a un servicio pagado cuatro años antes del concurso».

La magistrada considera probado que los servicios se prestaron y que Axis Venture actuó de mediadora para formalizar la compra de la factoría de Maliaño, tal como reconoció en el juicio el director financiero de la concursada y que estuvo en la negociaciones en París. Otra cosa es si el precio pagado fue o no excesivo, un asunto sobre el que apunta que no existe unanimidad.

Así, los administradores concursales valoraron el servicio prestado en un precio diez veces inferior y los peritos especializados la consideraron una cantidad elevada, pero «justificada por la ganancia obtenida», de manera que, a juicio de la magistrada, «no puede afirmarse de forma absoluta que el precio sea desorbitado». Otro de los peritos declaró en el juicio que el primer año hubo beneficios y, aunque siempre hubo tensión de tesorería, los directivos británicos intentaron que la sociedad saliera a flote, al tiempo que reconoció que el bajón de pedidos de British Telecom fue un «gran varapalo».

Los administradores concursales reprocharon también a los directivos británicos la presentación tardía de las cuentas anuales, pero la juez subraya que esos retrasos se debieron sobre todo a las razones administrativas. De este modo, los británicos Timothy Eve, Michael Walton, Paul Ruocco, Mark Willians, Stephen Ellis y Douglas Barrowman, el núcleo de control del grupo, y David Powell, director financiero, y Stephen Ellis, director gerente, han quedado eximidos de toda responsabilidad en el fiasco empresarial.