Sonkyo Energy incumple su convenio concursal y aguarda la liquidación

Lucio Valcarce, esta misma semana frente a la antigua sede de Sonkyo en Raos, ahora ocupada por otras empresas /Alberto Aja
Lucio Valcarce, esta misma semana frente a la antigua sede de Sonkyo en Raos, ahora ocupada por otras empresas / Alberto Aja

El propietario, Lucio Valcarce, sostiene que «yo no voy a ser el que cierre la empresa», que obtuvo cuatro millones de dinero público y para la que el Parlamento pidió ayuda

Jesús Lastra
JESÚS LASTRA

Más de dos años y medio han transcurrido desde que el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que PRC, el promotor de la iniciativa, PSOE y PP instaban al Gobierno autonómico a retomar las acciones emprendidas en su momento para potenciar el proyecto Windspot (aerogenerador de pequeño tamaño) de la firma Sonkyo Energy, la llave con la que la empresa Sonkyo, con sede en el polígono de Raos, había empezado a hacerse un hueco internacional llevando la energía minieólica a medio mundo. Era marzo de 2015 y el grupo cántabro se encontraba ya en situación de quiebra técnica después de un litigio judicial con su socio financiero Caixanova-Banco Gallego. Por el camino, cuatro millones de euros de dinero público comprometidos por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), pero los partidos con representación en la Cámara demandaron al Ejecutivo la adopción de las medidas «posibles y necesarias» para recuperar el proyecto, de modo que pudiera ser desarrollado en la comunidad. Para ello existía un plan de negocio que demandaba otros 3,5 millones.

En la actualidad, aquella propuesta parlamentaria sólo tuvo efecto como titular en los medios de comunicación, pues Sonkyo Energy ya ha incumplido el calendario de pagos establecido en su concurso de acreedores, por lo que debiera proceder a su liquidación. Sin embargo, el impulsor de la aventura, el empresario Lucio Valcarce, sostiene que «no voy a cerrar la empresa. No voy a liquidar, cuando un acreedor lo pida lo haré».

Valcarce lamenta la situación, más si cabe teniendo en cuenta el germen de la idea, que empezó a ubicar en el mapa planetario de generación de energía minieólica a Cantabria. Los clientes en 40 países, las patentes y las certificaciones contrastan con la imagen de hoy en día, con la que fuera la sede en Raos ocupada ya por otros negocios y los embargos llamando a la puerta de forma permanente.

Sodercán rechazó la solicitud de la Cámara de 2015 por motivos «jurídicos y financieros»

Pero, ¿qué pasó después de aquel mandato -no vinculante- del Parlamento? Para el propietario de Sonkyo, «Sodercán no tenía interés en relanzar este proyecto después de que fuera el Gobierno del PP el que lo apoyara económicamente». Valcarce asegura haberse reunido inicialmente con la Consejería de Industria (PRC), pero finalmente fue derivado a Sodercán, adscrita al departamento dirigido por la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE). «Nos pidieron cierta documentación y después no volvieron a responder. Era a finales de octubre de 2015. Hasta hoy», detalla.

«Sin viabilidad»

Sin embargo, la empresa pública tiene otra versión diferente. De hecho, enumera los argumentos jurídicos y financieros por los que se desestimó el SOS de Sonkyo Energy. Según relatan fuentes de Sodercán, cuando la compañía se dirigió al Gobierno ya se encontraba en fase de convenio de su concurso de acreedores, de manera que debían plegarse a la normativa europea que recalca que no puede destinarse dinero público a empresas en concurso, por lo que sería declarado como ayudas de Estado. «Bruselas reclama las cantidades a las compañías, por lo que hubiese sido más perjudicial para la empresa».

Las claves

3,5
millones se pedía en el plan de negocio presentado a Sodercán tras la proposición no de ley del Parlamento de marzo de 2015.
100 empleados
El Grupo Sonkyo llegó a tener 100 trabajadores en 2011, cuando incluso pudo absorber a parte de la plantilla de la caída en desgracia Nueva Papelera de Besaya. Actualmente, sus antiguas instalaciones del polígono de Raos están ocupadas por otras compañías.
4
millones destinó el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) al proyecto, un importante fallido para las arcas autonómicas. El empresario Lucio Valcarce defiende que esa línea de financiación contaba con la garantía de propiedades inmobiliarias en Madrid y en las propias instalaciones de Raos.

Pero hay más. «Se nos propuso invertir 3,5 millones sin que hubiera compromiso financiero por parte del socio privado», dicen. Valcarce explica que la garantía era la patente de la compañía. No obstante, había más problemas estructurales para conceder ese salvavidas financiero, según Sodercán. «Las proyecciones del plan de negocio presentado eran muy optimistas y no estaban sustentadas en realidad con ningún contrato ya suscrito. En definitiva, no vimos ni viabilidad financiera ni jurídica». Además, se tuvo en cuenta a la hora de poner pros y contras encima de la mesa «el importante fallido» que ya presentaba el ICAF.

El clavo principal en el ataúd del Grupo Sonkyo, con un pasivo que supera los 8,6 millones, fue la pérdida de un juicio con su socio financiero por el que la firma cántabra debía pagar 4,6 millones. Sin embargo, hasta el banco se ha desentendido de su participación en la compañía de fabricación y producción de aerogeneradores y transfirió su parte de nuevo a Valcarce a finales de 2016. «Fue sólo un euro. Lo pusieron ellos. Yo me negué», relata el empresario, que siempre ha defendido que fue «engañado» por su aliado en la aventura industrial, ligada inicialmente al Plan Eólico de Cantabria, donde Caixanova tenía gran interés en obtener una licencia. La anulación del citado plan dio comienzo a las desavenencias entre ambas partes.

El Grupo Regionalista, a través del exdiputado Rafael Pérez Tezanos, fue el promotor de la proposición no de ley en el Parlamento. Ahora, cuestionado por el escaso resultado de aquel trabajo, sostiene que «para nosotros cualquier proyecto industrial, con garantías, merece el apoyo del Gobierno. El proyecto Windspot era una actuación ideada y puesta en marcha en Cantabria, pero la realidad fue que luego no tuvo su plasmación ni normativa ni estratégica ni económica». En 2011 el plan cotizaba en máximos, con más de 100 empleados y absorbiendo parte de la plantilla de Nueva Papelera de Besaya.

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