Ganadería cree que la norma de purines afectará sólo al 1% de las fincas en 2018

Los productores cántabros no esconden su preocupación ante las nuevas restricciones para la aplicación de purines. /Celedonio Martínez
Los productores cántabros no esconden su preocupación ante las nuevas restricciones para la aplicación de purines. / Celedonio Martínez

El Gobierno confía en que las excepciones aplicadas sobre la regulación ministerial propicien una transición ordenada

JESÚS LASTRA SANTANDER.

En un sector como el primario, en el que las dificultades van arrinconando cada vez más estos trabajos productivos, los profesionales han comenzado 2018 con el miedo en el cuerpo después de la normativa impuesta desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) que obliga a inyectar los purines y a enterrar el estiércol sólido, una batería de medidas forzadas desde Bruselas para favorecer la guerra contra el cambio climático. El nuevo marco regulatorio ha levantado en armas a los productores, aunque finalmente las autonomías del norte, incluida Cantabria, han hecho valer su poder negociador para favorecer una transición progresiva. De hecho, la Consejería de Medio Rural estima que en 2018 solo un 1% de las explotaciones se verán afectadas por estas nuevas restricciones medioambientales.

Según detalla el director general de Ganadería y Desarrollo Rural, Miguel Ángel Cuevas, «la Consejería aborda la nueva normativa sobre purines, de aplicación a la condicionalidad de las ayudas PAC, con la misma cautela y prevención que las demás comunidades de la cornisa cantábrica, considerando que se trata de una norma impuesta por el Mapama para justificar la adopción de medidas contra el cambio climático que ha entrado en vigor a primeros de este año. La nueva norma del Ministerio impide aplicar purines mediante sistemas de aspersión, por cañón, plato o abanico, pudiendo las autonomías establecer excepciones en base a razones climáticas u orográficas».

Hay 4.000 ganaderos y agricultores afectados por la nueva normativa.

Cuevas precisa que «a diferencia de las comunidades que cuentan con un sector porcino desarrollado, que son las que realmente tienen un serio problema con este asunto, en Cantabria sólo generan purines las explotaciones del sector bovino intensivo, principalmente de vacuno lechero. Por este motivo, al igual que Asturias o Galicia, nos vamos a acoger a las mismas medidas excepcionales que, por razones orográficas y climáticas, permite aplicar el real decreto aprobado».

Los productores no ocultan el temor actual ante unas inversiones que no pueden abordar

Con este contexto, el director va más allá y sostiene que «si a ello le sumamos un cronograma de aplicación progresiva en función de la superficie realmente disponible, podemos asegurar que las explotaciones se podrán ir adaptando a la nueva normativa de manera gradual y no traumática. De acuerdo con el régimen de excepciones previsto, el primer año calculamos que menos del 1% de las explotaciones se podría ver afectada (las de mayor tamaño), para ir incrementándose este porcentaje en años sucesivos», dice.

Preocupación

Pese a todo, en el sector no se oculta la tribulación que ha sembrado en los particulares el nuevo escenario. Así lo detalla Pedro Gómez, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Cantabria. «Estamos a favor de hacer las cosas mejor, pero la crisis no da para gastos», arranca en relación a las inversiones que deberán acometer ganaderos y agricultores para adaptar sus equipos a la nueva regulación.

El enterramiento de estiércol sólido, también regulado

Más allá de la restricciones al uso de los purines marcadas por el Ministerio de Agricultura, la normativa igualmente establece la obligación del enterramiento de los estiércoles sólidos en el menor plazo de tiempo posible después de su aplicación.

No obstante, según explica el director general de Ganadería, Miguel Ángel Cuevas, en Cantabria se exceptúan de esta obligación los tipos de cultivo mediante la siembra directa o mínimo laboreo; los pastos; los cultivos permanentes; o los supuestos en que la aportación del estiercol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado. Con estos condicionantes la Administración abunda en la idea de una transición ordenada.

Gómez asegura que esta situación deja «4.000 afectados aproximadamente. Estamos preocupados porque al final tenemos que ingeniárnoslas nosotros. El parque de vehículos es muy viejo en la región, por lo que renovar las cubas y en muchos casos el tractor supone un gasto imposible para muchas explotaciones».

Por ello, no se esconde que «tenemos bastante inquietud, especialmente por la dificultad considerable que supone implantar lo que se pide», afirma.

Además, desde Asaja recuerdan que «casi todas las emisiones provienen del sector porcino, por lo que el negocio vacuno es responsable de un porcentaje mínimo».

Así las cosas, Cantabria tiene previsto aplicar diversas excepciones a la limitación impulsada por el Mapama. Por ejemplo, los recintos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas para la Política Agraria Comunitaria (Sigpac) con pendiente media superior al 10% en el año 2018, y al 12% en los años 2019 y siguientes; las fincas de tamaño inferior a 0,5 hectáreas este ejercicio y a 0,25 a partir de 2019; o la totalidad de la explotación cuando el resto de las parcelas agrícolas represente en conjunto una superficie inferior al 50% de la extensión total neta de la explotación o menos de dos hectáreas en 2018; el 35% en 2019; el 20% en 2020; y el 10% en 2021 y siguientes.

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