Cualquier plan de pensiones con una antigüedad de 10 años podrá retirarse a partir de 2025

El ministro de Justicia Rafael Catalá (i) y el ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo./Efe
El ministro de Justicia Rafael Catalá (i) y el ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo. / Efe

El Gobierno aprueba el real decreto que elimina las trabas para hacer líquidos estos ahorros al tiempo que rebaja las comisiones de gestión

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Cualquier plan de pensiones con una antigüedad de al menos 10 años podrá ser rescatado a partir del 1 de enero de 2025. El Gobierno aprobó ayer un real decreto en el que la gran novedad es que elimina cualquier limitación a la hora de hacer líquidos estos fondos, siempre y cuando hayan transcurrido diez años desde su primera aportación. De esta forma, todas las aportaciones realizadas con anterioridad a 2015 se podrán retirar a partir de 2025 y las realizadas con posterioridad deberán dejar transcurrir los diez años correspondientes.

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Lo que pretende el Ejecutivo con esta medida es “estimular” el ahorro privado, tal y como explicó en rueda de prensa el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, algo a lo que también contribuirá el hecho de haberse aprobado también una rebaja “sustancial” de las comisiones que aplican las gestoras a estos productos. De esta manera, los partícipes ya no tendrán ningún miedo a la hora de suscribir un fondo puesto que si, por circunstancias de la vida, lo necesitaran antes de su jubilación, podrían acceder a ese ahorro, algo que ahora no es posible.

Actualmente solo se puede sacar este dinero a partir de la edad real de jubilación (establecida en 65,6 años) o bien en otros dos supuestos: sufrir una enfermedad grave o estar en situación de desempleo de larga duración.

Y es que en realidad los planes de pensiones privados en España son minoritarios, sobre todo si se compara con el nivel de ahorro en otros países avanzados, tal y como reconoció el propio presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, el pasado jueves. De hecho, en 2016 el ahorro acumulado por los 8 millones de españoles que usan estos fondos ascendía a 106.000 millones, lo que supone menos del 10% del PIB, frente al 60% que hay de media en los países de la OCDE.

Lo que el Ejecutivo quiere dejar claro es que esta nueva normativa es complementaria al sistema de pensiones público. “Que quede claro y que haya tranquilidad y seguridad”, subrayó Méndez de Vigo, en alusión al aluvión de críticas que recibe el Gobierno y que aseguran que lo que pretenden es desmantelar estas prestaciones. “La libertad de hacer un plan de pensiones es para cada uno, ya que el Gobierno garantiza que el plan de pensiones serio y sólido seguirá en pie”, reiteró el ministro portavoz, quien aseguró que “desde el primer momento el Gobierno se ha empeñado en garantizar las pensiones públicas”.

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