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Cartel pegado en la puerta del centro de formación de UGT.
El Instituto de Formación de UGT en Cantabria cierra sus puertas tras 30 años de actividad

El Instituto de Formación de UGT en Cantabria cierra sus puertas tras 30 años de actividad

Renunciar a 2,3 millones de euros de subvención para programas de formación ocupacional y para desempleados forzada por la nueva normativa

Isabel Arozamena

Martes, 19 de enero 2016, 13:30

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Siguiendo la estela de CC OO que tuvo que cerrar las instalaciones de formación Forem en Cantabria, la Fundación IFES de UGT ha clausurado, desde el 31 de diciembre pasado, sus ocho centros en la comunidad autónoma, incluido el de Santander en la antigua sede de la calle Magallanes, tras 30 años de actividad. La organización sin ánimo de lucro, que dirigía el exdiputado regional del PSOE Juan Guimerans, se ha visto obligada a renunciar a 2,3 millones de euros de subvención para programas de formación ocupacional y para desempleados, debido a los problemas derivados de los cambios en la normativa introducidos por el Ministerio de Empleo.

IFES concurrió a la orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria del 30 de septiembre con el convencimiento de que esa norma se cambiaría por el nuevo Ejecutivo que entrara tras las generales, una posibilidad que ahora se contempla lejana.

Guimerans explicó que el cierre de la fundación, en la que trabajaban directamente siete personas y con la que colaboraban más de una treintena de profesores, viene motivado por la normativa que reduce del 20% al 10% el porcentaje subvencionable de gastos asociados a la formación y establece que el 40% de la financiación se otorgue cuando se justifique la realización del curso, en el plazo de tres meses, lo que hace necesario «adelantar» ese 40%. El Gobierno de Cantabria aprobó dos millones de euros de subvención para IFES para desempleados y 350.000 euros más para programas dirigidos a trabajadores en activo.

Pero el centro no podía hacer frente a todos los gastos de funcionamiento con 200.000 euros y tampoco podía adelantar 800.000 euros más los intereses, lo que obligó al cierre, dejando un único empleado para finiquitar los asuntos con la Administración.

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