El Gobierno, cerca de lograr el apoyo político necesario para el decreto que liberaliza la estiba

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Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. / Mariscal (Efe) I Atlas

  • Este jueves se vota en el Pleno del Congreso con las fuerzas muy igualadas entre partidarios y detractores, mientras el Ministerio de Fomento presenta en la víspera a patronal y sindicatos un plan de prejubilaciones y subrogación de empleos

En apenas 24 horas el Gobierno logró más avances para conseguir apoyos al polémico decreto que liberaliza la actividad de la estiba en los puertos que en las dos semanas posteriores a su aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 24 de febrero. Para ello escenificó este miércoles la entrega a los agentes sociales del sector de un documento, bautizado como «Acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad», donde incluye por escrito las propuestas que ya manejaba.

El resultado fue que Ciudadanos, hasta ahora contrario a respaldar el decreto hasta que hubiera un acuerdo previo entre patronal y sindicatos, cambió de criterio y se sumó al sí junto al PP solo por la variación en la posición del Ejecutivo, que hasta hace apenas un día se negaba a sentarse en la mesa de negociación. El PNV, a su vez, también se mostró dispuesto a dar su voto afirmativo, pese a estar en contra de que las autoridades portuarias costeen las indemnizaciones a los estibadores, como prevé el Ministerio de Fomento.

A ellos se unirán los diputados de UPN y Foro Asturias, con lo que el decreto obtendría 174 pronunciamientos a favor, a solo dos de la mayoría absoluta. A priori, el resto de grupos parlamentarios votará este jueves en contra, encabezados por Podemos –el más firme defensor del no– y PSOE, que sí se mantiene en su idea de no dar un voto afirmativo hasta el citado acuerdo sectorial que, de momento, no se ha producido. Así las cosas, el bloque de quienes se oponen al texto sumaría 166 votos –tres diputadas de Podemos, Compromís y ERC han tenido que adelantar su regreso de Nueva York, donde participaban en un encuentro de la ONU, para estar en el Pleno–, de manera que bastaría con una sola abstención para igualar las fuerzas y dos para su aprobación.

Lo que ocurra en esta votación influirá luego sobremanera en la decisión que puedan tomar los sindicatos respecto a las cuatro jornadas de huelga que aún tiene convocadas en las labores de carga y descarga de buques en los puertos. La primera, tras haber anulado días atrás casi la mitad de los paros anunciadas desde un principio, está previsto para este mismo viernes.

Propuesta «insuficiente»

Asimismo, tanto la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Asneco) como las centrales sindicales dedicarán las próximas horas a estudiar la propuesta presentada ‘in extremis’ por el propio titular de Fomento, Iñigo de la Serna. El ministro se presentó este miércoles, de forma sorpresiva y junto a su ‘número dos’, en la reunión «técnica» que iban a mantener ambas partes y que ya había anunciada como tal en la víspera, esto es, no iba a estar presente ninguno de los responsables de las partes involucradas.

Por eso fue a los abogados de unos y otros, sin capacidad decisoria, a quienes entregó un documento que, según el Gobierno, «garantiza el mantenimiento del 100% del empleo» en el sector, pese a que la patronal no lo ve claro aún y los sindicatos lo niegan. A juicio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), mayoritaria en el sector, dicho texto «no cumple en modo alguno la garantía del empleo» pues, básicamente, emplaza a las dos partes a que «negocien sobre la subrogación» de plantillas.

Lo que sí ven positivo es la ayuda para las prejubilaciones en el sector, ya sugerida días antes:_el 70% del salario para los estibadores que les queden cinco años o menos para retirarse (en el sector suele hacerse a los 55 años). Esa medida, sin embargo, sería «insuficiente» para ellos como solución a una reforma que en un plazo de tres años va a modificar de forma sustancial parte de sus condiciones laborales.

No obstante, el decreto ya prevé que las autoridades portuarias costeen los despidos de quienes no puedan acogerse a la esperada subrogación entre concesionarias de los servicios de estiba. Entre ambas medidas supondrían hasta 575 millones de euros para las arcas públicas, aunque son cálculos oficiosos porque todavía no se sabe cuántos estibadores podrían terminar acogiéndose a ellas aunque en cualquier caso estarían muy por encima de la única multa impuesta hasta ahora por la UE por el retraso en la liberalización de la estiba, y que asciende hasta hoy a 22,65 millones (27.522 euros diarios a contar desde la sentencia europea).

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