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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (ctro.) y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la reunión que mantuvieron el miércoles con los sindicatos y la patronal. EFE
A vueltas con la reforma laboral

A vueltas con la reforma laboral

Partidos políticos, sindicatos, empresarios y expertos opinan sobre qué puntos habría que retocar de la norma | La rectificación del PSOE de no derogarla satisface al PP y entristece a Podemos, mientras Ciudadanos presenta su propia ley

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Domingo, 17 de junio 2018, 02:26

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Más de seis años después de su entrada en vigor, la reforma laboral, aprobada por el Gobierno del PP en febrero de 2012, vuelve a estar de plena actualidad. En realidad, siempre ha estado en el ojo del huracán, por los muchos detractores que surgieron. Uno de sus grandes enemigos es -¿era?- el PSOE. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado aparcada su promesa electoral de derogarla cuando llegara al poder. Por «pragmatismo» político (es decir, por su debilidad parlamentaria), su discurso ahora se ha suavizado y su objetivo es ponerse a trabajar «de inmediato» para realizar «retoques» de esta norma, siempre y cuando se hagan desde el consenso, tanto político como social. Eso sí, con el horizonte de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores a partir de 2020, cuando aspiran a tener una mayoría en el Congreso de los Diputados.

¿Cuáles son esos puntos que se pueden cambiar? ¿Qué es lo más prioritario de modificar? ¿Ha tenido también la reforma efectos positivos para el mercado laboral? Los puntos de vista aquí son muy diversos e incluso es muy complicado calibrar el impacto de esta norma, porque no está claro qué es consecuencia de ella y qué de la propia evolución de la economía. A continuación se expone la valoración que hacen los principales partidos políticos, así como interlocutores sociales y algunos expertos en esta materia.

  1. PSOE

    Ahora quiere «retocar» diez puntos

Pese a que ése era su deseo hasta ahora, el nuevo Ejecutivo socialista no derogará la reforma laboral. Así lo reconoció esta semana la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Sin embargo, desde este departamento tiene claro cuáles son los puntos que primero quiere «retocar» de esta normativa. Valerio enumeró diez, concretamente. Entre ellos, su objetivo es devolver la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, algo que ha permitido que los salarios puedan rebajarse de manera casi unilateral por parte de la empresa. Además, la ministra dejó caer la necesidad de recuperar la ultraactividad de los convenios; antes un convenio estaba vigente hasta que se renovara, pero con la reforma si en un año no se actualiza el convenio decae. Éstos son precisamente dos de los puntos más controvertidos de la reforma laboral, los que critican con más dureza los sindicatos. Asimismo, el Gobierno aboga por modificar la legislación actual de las subcontratas para que se equiparen los salarios entre los trabajadores de la empresa contratante y la subcontratada. Otros objetivos que enumeró Valerio es luchar contra el abuso de la temporalidad y el fraude en los contratos a tiempo parcial, así como trabajar en la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros.

  1. PP

    «El PSOE sabe que funciona»

El Partido Popular se muestra «satisfecho» por que la reforma laboral «se quede». Así lo aseguró la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tras conocerse la «rectificación» del Gobierno de Pedro Sánchez, que no la derogará. «El pasado miércoles fue un día bueno para la recuperación social de España», afirmó. A juicio de los populares, gracias a la flexibilidad que plantea la reforma laboral, se ha conseguido crear 2,7 millones de empleos. «Eso es indiscutible», sostuvo la portavoz de Empleo del grupo, Carolina España. La diputada aplaudió el cambio de rumbo del PSOE y les criticó porque «han estado mucho tiempo sin decirle la verdad a los ciudadanos, cuando la realidad es que ellos son los primeros que saben que funciona». Contrarios a devolver la supremacía al convenio de empresa («sería no confiar en los representantes sindicales de la empresa») y a cambiar la ultraactividad, sí se muestran abiertos a «mejorar la norma y adaptarla a los nuevos tiempos», principalmente en todo lo que tiene que ver con el marco de las relaciones laborales.

  1. Ciudadanos

    Adaptarla a las nuevas realidades

El partido de Albert Rivera se muestra contrario «a mirar al pasado», por lo que no son partidarios ni de derogar la reforma laboral de 2010 ni la de 2012. «Lo que debemos hacer es adaptar la normativa a las nuevas realidades viendo lo que funciona y lo que no», defiende Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos de la comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso. Por eso apuesta por «mirar al futuro igualando en derechos a los trabajadores». Y para ello este próximo martes presentarán en el Congreso su Ley de Lucha contra la Precariedad, en la que proponen un contrato único, eliminando los temporales y de obra y servicio; una propuesta de mochila austríaca y un 'bonus' a las empresas que despidan menos.

  1. Podemos

    Peleará «hasta el final» por derogarla

«Nos entristece que ahora el PSOE esté reculando cuando lleva mucho tiempo en la oposición diciendo que quería derogarla», se lamenta Alberto Rodríguez, portavoz de Empleo de Podemos, que insiste en que ellos «pelearán hasta el final para derogarla», tanto la del PP de 2012 como la del PSOE de 2010, ya que han significado «un retroceso gigantesco en los derechos laborales y en las condiciones materiales de la vida de los trabajadores».

Sus críticas más feroces se dirigen hacia la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la ultraactividad, la posibilidad de descuelgue del convenio colectivo, «que permite a los empresarios tocar horarios y jornada»... A su vez, defiende «dar una absoluta vuelta» a la contratación, para terminar con los abusos de temporalidad y parcialidad, así como aboga por el control de la jornada, «en un país donde se hacen millones de horas extra que no se cobran».

  1. CEOE

    Pide más flexibilidad

Para la patronal la reforma laboral «ha funcionado y nos puede seguir sirviendo», aunque se muestra dispuesta a hablar de «cambios», sobre todo porque desde el punto de vista técnico hay elementos que son «imperfectos», tal y como explica Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de CEOE. Los empresarios abogan por introducir más flexibilidad a los contratos indefinidos, principalmente en lo que concierne a la jornada laboral, algo que piensan contribuiría a reducir la alta tasa de temporalidad. A su vez, abogan por potenciar el contrato a tiempo parcial.

  1. CC OO y UGT

    «Derogación por elevación»

El sindicato liderado por Unai Sordo pide la «derogación por elevación» de las dos últimas reformas laborales: la de 2010 y la de 2012, es decir, derogar no para volver a la norma que había en 2009, cuando existía un 33% de temporalidad, sino para «plantear un nuevo modelo de relaciones laborales», en palabras del propio Sordo. Más rotundo todavía se muestra UGT. «No encuentro nada positivo de la reforma de 2010 ni de la de 2012», defiende su líder, Pepe Álvarez, que aboga por la «necesidad» de derogar unas leyes «impuestas a golpe de decretazo».

Lo más urgente para los sindicatos es devolver la jerarquía a los convenios de empresa, algo que impediría que los salarios bajen unilateralmente y ayudaría a regular la subcontratación; eliminar la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, algo que es «una chapuza jurídica»; modificar las condiciones de trabajo y «regular mejor» los despidos. Abogan además por penalizar la contratación temporal y buscar fórmulas para que el despido sea la última opción.

  1. Garrigues

    La flexibilidad interna, el «gran éxito»

«La reforma laboral de 2012 debe valorarse de forma positiva», defiende Rafael Jiménez Arnau, socio del departamento de Derecho Laboral de Garrigues. Para este abogado, «uno de sus grandes éxitos» es haber desarrollado medidas de flexibilidad interna (adaptación de las condiciones laborales al entorno económico) frente a las de flexibilidad externa (despidos).

Sin embargo, sí piensa que podría «avanzarse y reformar» algunos aspectos, como reforzar el valor jurídico de los acuerdos en los despidos colectivos, dar solución a la excesiva utilización del contrato temporal y regular la economía colaborativa.

  1. FEDEA

    Mejorar las políticas de empleo

Marcel Jansen, investigador de Fedea, ve con buenos ojos la reforma laboral, aunque admite que es «una reforma de crisis, que pretendía provocar un ajuste salarial», algo en lo que puede haber llegado «demasiado lejos».

También reconoce que puede haber desequilibrado el poder de los empresarios y los sindicatos. Sin embargo, él mantendría incluso los puntos más polémicos de la reforma, aunque muestra sus dudas y reservas con el artículo 42, que permite cambios unilaterales por parte de la empresa de las condiciones salariales de sus trabajadores cuando sus resultados sufren un ligero deterioro, algo que «vacía de contenido los contratos laborales» y ha permitido reducciones de salarios superiores incluso al 20%.

Pero lo que realmente le preocupa a este economista es que solo se habla de «pasos atrás en el tiempo y nadie habla de avances». Además, critica que «solo se centran en mejorar las condiciones de los que tienen trabajo». «¿Dónde quedan los millones de parados que aún hay?», se pregunta. Y es que Jansen cree urgente reformar las políticas activas de empleo, así como modernizar los servicios públicos de empleo.

El pacto salarial sí introducirá una cláusula vinculada a la inflación

El pacto salarial para 2018 está a la vuelta de la esquina. Sindicatos, empresarios e incluso el propio Gobierno se han mostrado optimistas en lograr un acuerdo que el año pasado se resistió. Todo indica que puede cerrarse incluso «antes de fin de mes». Así lo manifestó este viernes el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, que apuntó que está listo a «falta de muy poquitos temas». Por si acaso, UGT ya ha puesto a trabajar su maquinaria y ha iniciado los mecanismos para someter el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) a sus delegados, que tendrán que aprobarlo.

El texto del nuevo pacto salarial recogerá finalmente lo que fue el gran escollo para no firmarse en 2017: la cláusula de revisión salarial, que se activaría en caso de que la inflación supere el incremento pactado, para que en ningún caso los empleados pierdan poder adquisitivo, según informaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. Ésa era la línea roja de los empresarios, no volver a incluirla, puesto que estiman que cuando se eliminó ya se compensó por esto a los trabajadores. Sin embargo, como en toda negociación, han cedido unos y otros: la patronal accediendo a introducir en el texto que ambas partes acuerdan a instar a los negociadores de los convenios colectivos a introducir cláusulas de revisión, mientras los sindicatos se conforman con esta simple mención y no exigen una fórmula.

Con esto queda por cerrado el acuerdo en lo concerniente a salarios. Subirán en torno a un 2% con carácter general y otro punto adicional que dependerá de elementos como la productividad, el PIB o el empleo. Además, la gran victoria para los sindicatos es haber pactado un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas, aunque el plazo para lograrlo es de tres años, el periodo de vigencia que tendrá este AENC, hasta 2020.

Ahora los flecos que faltan se centran en otros aspectos del mercado laboral. Hay tres puntos que están trabajando para introducirse en la negociación colectiva a modo de petición al Gobierno. El primero sería establecer un sistema al estilo alemán, para que en tiempos de crisis las empresas acudan al despido como última opción. Para ello, quieren buscar otras fórmulas como la reducción de jornada, pero de manera que vaya acompañada de una prestación que abone la Seguridad Social a cambio de recibir formación, de forma que los trabajadores no pierdan sueldo y, a su vez, se preparen para los nuevos tiempos, algo que ya se hace en Alemania.

Impulsar el contrato relevo

Otro asunto en el que trabajan es en solucionar el tema de la subcontratación, estableciendo unas normas para que estas empresas también se rijan por el convenio de empresa o del sector de referencia y no puedan rebajar los salarios a su antojo, algo que provoca situaciones de 'dumping'.

Asimismo, otro elemento que incluirán es fomentar el contrato relevo, un contrato que ahora apenas se usa por la legislación tan restrictiva que hay tras la reforma de 2012.

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