El transporte cántabro interpone más de 250 demandas contra el cártel de los camiones

El cártel de los camiones ha perjudicado a cientos de transportistas de Cantabria. /Antonio 'Sane'
El cártel de los camiones ha perjudicado a cientos de transportistas de Cantabria. / Antonio 'Sane'
Cantabria

Los afectados por el fraude destapado desde Bruselas por el pacto de seis fabricantes para acordar sobreprecios confían en los tribunales

Jesús Lastra
JESÚS LASTRASantander

En julio de 2016 la Comisión Europea convulsionó el sector del transporte por carretera. Bruselas anunciaba una multa de 2.930 millones de euros a cinco fabricantes de camiones -MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF- a los que acusaba de haber pactado los precios de venta de sus vehículos y haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes. La sanción suponía un nuevo récord después del castigo de 1.470 millones impuesto en 2012 contra el pacto entre siete productores de televisores para bajar precios. El seísmo tuvo una nueva réplica en septiembre al sumar a las compañías señaladas la empresa sueca Scania, perteneciente al Grupo Volkswagen, a la que la Unión Europea reclama 880 millones. Ahora, con toda la información sobre la mesa, los afectados se han puesto manos a la obra. En Cantabria, más de 250 demandas exigen responsabilidades e indemnizaciones por estas prácticas fraudulentas.

Los damnificados, obviamente, son los transportistas de la Comunidad, aquellos que adquirieron para desarrollar su actividad vehículos de estas marcas entre los años 1997 y 2011, periodo durante el cual se extendieron estas prácticas ilícitas, según reconocieron miembros del cártel ante la propia Comisión. Desde la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasam), que agrupa a los pequeños profesionales del negocio de la carretera, aseguran que han tramitado más de 200 demandas. Su presidente, José Vicente González, explica que «llevamos casi un año con ello y estamos canalizando todo a través de un despacho de abogados de Madrid».

No solo eso. González, que igualmente está afectado por las irregularidades del cártel en cuatro de sus transportes, detalla que «se ha producido un sobrecoste en los vehículos de entre un diez y un 15 por ciento, además de no tener la tecnología que debían», recuerda en relación a la adaptación ecológica que debían aplicar los fabricantes a los nuevos camiones.

El portavoz de Asemtrasam va más allá y, cuestionado por los plazos, matiza que «es un proceso lento. Hay que recordar que cada demanda requiere de un informe pericial e individual para definir las solicitudes de indemnización», manifiesta.

Desde la Asociación de empresas de Transporte en Cantabria (Aetrac), que agrupa a las grandes compañías del sector autonómico, informan de que ya se han tramitado 57 demandas. Su secretario, Gerardo Pontón, subraya que «llevamos desde el otoño con ello y puede que haya alguna más». ¿Confían en que las acciones judiciales lleguen a buen puerto? «Sí, por supuesto. Estamos convencidos de que si se ha sancionado a un cártel deben depurarse responsabilidades y resarcir a los compradores».

Impacto global

El problema, al ser de índole comunitaria, tiene un impacto global por toda la geografía nacional. Como muestra, en Asturias ya se han formalizado cerca de 1.300 denuncias. Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) anunciaron el pasado verano que, según sus cálculos, son más de 150.000 los camioneros españoles que compraron vehículos a un precio excesivo y que podrían presentar sus demandas contra los fabricantes.

En cifras, CETM estimaba que las reclamaciones nacionales podrían superar los 2.500 millones solo por el sobreprecio, sin sumar los intereses de demora derivados.

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