Borrar
El Palacio de Chiloches con el ala oeste, que es el edificio de su misma altura y de color blanco. ::
Un Palacio de Chiloeches con o sin ala oeste

Un Palacio de Chiloeches con o sin ala oeste

El histórico edificio aguarda a ser rescatado de las ruinas, al tiempo que se resuelve la polémica abierta por el posible derribo de su anexo para construir pisos

Ana Cobo

Domingo, 9 de abril 2017, 07:58

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La resolución conocida esta semana de que la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha rechazado incluir el ala oeste del Palacio de Chiloeches, Antiguo Hospital Militar, bajo el paraguas de la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), que sí ampara al resto del inmueble, no supone, ni mucho menos, el capítulo final de un asunto que empezó a acaparar titulares en el verano de 2015 y que acabará, según parece, en los tribunales, que tendrán la última palabra.

El edificio, de propiedad privada, cuenta con un gran valor histórico y arquitectónico, siendo uno de los inmuebles señoriales más antiguos de Santoña. La familia Maeda encargó su construcción en el siglo XVIII para ser su residencia y con el tiempo pasó a manos del Marqués de Chiloeches, convirtiéndose en Hospital Militar durante la época napoleónica, posteriormente fue cárcel de los dos bandos durante la Guerra Civil e, incluso, albergó una escuela. En el año 1972 fue declarado Monumento Histórico Artístico, es decir BIC.

Negociación con los dueños para que sea de titularidad pública

  • el futuro

  • El alcalde de Santoña, Sergio Abascal, crítica que esta «falsa» polémica y los recursos que se planteen «lo único que hacen es retrasar la restauración del palacio, que ha sido mi empeño desde el principio». Aunque el socialista no estaba de acuerdo con el convenio que firmó en su día Rozadilla con la propiedad «por ser lesivo para los intereses de los santoñeses», asegura que se ha limitado a «cumplir escrupulosamente la ley».

  • El hecho de que la Crotu, con el fin de enmendar los errores del convenio, exigiera al Ayuntamiento publicar la modificación definitiva del Plan y fijar unas previsiones de monetización por aprovechamientos de suelo público que no se contemplaban «nos abre la puerta a negociar con la propiedad».

  • Esta monetización implica una cantidad económica que los propietario tienen que pagar al Ayuntamiento. «Una vez que se valoren esas previsiones, se podrá negociar la permuta o compra del edificio».

  • El regidor se muestra seguro de que será posible llegar a un acuerdo con los dueños para que el palacio pase a ser de titularidad pública con el menor coste posible para las arcas municipales y poder rehabilitarlo.

Actualmente, suma décadas en estado ruinoso tras caer en un largo olvido y los vecinos no logran hacer memoria de cuándo fue la última vez que lo vieron sin la protección de los andamiajes. En agosto de 2015, una plataforma vecinal alzó la voz para denunciar que el Ayuntamiento de Santoña pretendía llevar a cabo un «pelotazo urbanístico» con este palacio. Aseguraban que se iba a demoler el ala oeste que, según su versión, «forma parte de la catalogación de BIC que protege a todo el edificio». Desde el primer momento, el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, negó tal acusación y se ha mantenido firme defendiendo que este anexo, según consta en todos expedientes y documentos, está fuera de tal catalogación y, por tanto, «nunca se ha pretendido tirar un BIC. Sólo está protegida la casona solariega».

Se escribía así el prólogo de una polémica que tiene su origen en un convenio urbanístico firmado en enero de 2014 por el PP, encabezado por Milagros Rozadilla, y la propiedad del edificio para impulsar su restauración. Este acuerdo recoge que el Consistorio cede a sus dueños el uso residencial del Palacio Chiloeches a cambio de que lo rehabilitarán y les permite también el aprovechamiento urbanístico del resto de la parcela con el derecho de construir un bloque de pisos que implica la demolición del polémico ala oeste.

Para poder firmar este acuerdo se aprobó en Pleno una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Santoña que sólo el PSOE votó en contra. Esta modificación se lleva a cabo porque el Plan General de 1987 cataloga - dentro del ámbito municipal - como de protección integral tanto el Palacio de Chiloeches como el ala oeste y define a toda la parcela como jardín local de futura titularidad pública. Dar cumplimiento a la totalidad del Plan, según un comunicado del PP entonces, «le supondría al Ayuntamiento un gasto por la compra del edificio por expropiación de más de 3,5 millones de euros y posteriormente otros tres millones aproximadamente para su rehabilitación y puesta en funcionamiento. Es decir, que el Consistorio destinaría más de la mitad de su presupuesto anual a un edificio sin saber qué utilidad darle».

Bajo esta postura, en sesión plenaria de enero de 2015 se dio luz verde de forma definitiva a la modificación puntual, que se envió a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para que diera su visto bueno y, de igual manera, se rubricó el acuerdo con los dueños.

Conservación íntegra

Meses después, en verano de 2015, empezaron a oírse las primeras voces denunciando un «pelotazo urbanístico» con este convenio. El concejal de Santoñeses, Jesús Gullart, se erigió defensor de esta causa junto a plataformas vecinales, asociaciones en defensa del patrimonio Nacional como 'Hispania Nostra' o el Grupo Alceda, defensor del patrimonio de Cantabria, entre otros. En los últimos meses se han sumado a ellos Podemos y Ciudadanos, llegando el asunto a ser debate en el Parlamento de Cantabria. Todos estos colectivos y grupos políticos reclaman que «se conserve el edificio íntegro incluido el ala oeste destacando que forma parte de un conjunto de gran valor histórico que quieren mutilar parcialmente para construir pisos».

Piden al alcalde que «desista de sus planes de derribar el anexo para edificar y no engañe a los ciudadanos inflando el posible coste de asumir la propiedad pública del edificio íntegro, ya que hay alternativas para hacer viable la operación y no hay porque derribar un trozo de nuestra historia». El tema lo ha llevado el concejal de Santoñeses, Jesús Gullart, hasta la Fiscalía donde ha denunciado la modificación puntual del Plan General por «prevaricación y malversación de caudales públicos» así como la falta de acción de la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento para reparar la parte del tejado que se hundió en mayo de 2016, en plena polémica. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar las presuntas irregularidades y se está a la espera de su pronunciamiento.

Otro de los pasos dados por Santoñeses ha sido solicitar a la Consejería de Cultura que incluya el ala oeste dentro de la protección de BIC (al principio defendían que lo era, sin embargo, ahora piden que se catalogue como tal). La reclamación ha sido rechazada esta semana por Cultura «ya que desde la declaración de BIC del edificio principal en 1972, en la que no estaba incluida el ala oeste, no han surgido nuevos criterios a los tenidos en cuenta entonces, dado que el anejo no reúne méritos suficientes para ser considerado BIC según la ley de Patrimonio de Cantabria de 1998».

Santoñeses ha anunciado que recurrirá la resolución a Cultura igual que han anunciado que interpondrán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General por la Crotu el pasado marzo.

Y es que la Crotu dio el visto bueno a la modificación del Plan ya en abril de 2015, exigiendo para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria que el Ayuntamiento aprobara unas previsiones de monetización por no prever el convenio los necesarios espacios libres que corresponden al Consistorio debiendo valorarse económicamente y monetizarse para compensar esa pérdida. Dichas previsiones se aprobaron en Pleno a principios de año y la Crotu este mes de marzo publicó la modificación del plan dando vía libre al derribo del ala oeste. Aunque el anuncio de Santoñeses de recurrirlo, obligará a esperar a que hablen los tribunales.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios