Fin de ciclo

  • Una vicepresidencia y doce carteras. Hacemos repaso, ministerio por ministerio, a la legislatura del Gobierno de Rajoy

«He intentado diseñar un Gobierno competente», proclamó Mariano Rajoy cuando ya había decidido potenciar la todopoderosa figura de su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. Respetada y hasta temida en los círculos de poder, quien había sido la ‘niña de Rajoy’ en la oposición pasó a tener, por primera vez en la historia, el control del CNI, que antaño dependía de Defensa, y a copar los puestos de vicepresidenta, ministra de Presidencia, portavoz y hasta coordinadora de todo lo coordinable.

Ya en el Gobierno se puso manos a la obra con dos encargos, la ley de transparencia y la reforma de las administraciones públicas, con la que el Estado, según el balance oficial, ha conseguido ahorrarse más de 30.000 millones de euros. Por su departamento pasó también el paquete de regeneración democrática. Y a su cargo dejó el presidente la labor de concertar esfuerzos en crisis como las del ébola o los refugiados, aunque nunca ha conseguido evitar la imagen de descoordinación avivada por el sinfín de declaraciones contradictorias de los ministros en asuntos como la reforma de la Constitución, la llegada de solicitantes de asilo a Europa, o las disputas personales entre miembros del Gobierno como Cristóbal Montoro o José Manuel García-Margallo.

Este último es el reflejo de las dos almas que han convivido en la Moncloa, la de aquellos que respaldan a la vicepresidenta y la de los ministros cercanos a Rajoy que cuestionan el exceso de tecnocracia de Sáenz de de Santamaría. Reacia a los pronunciamientos políticos, se ha mantenido distante del PP, con cuya secretaria general, Dolores de Cospedal, no tiene buenas relaciones. Sus silencios han contribuido, además, a alimentar el mito de su influencia, aunque su ascendencia parece haber menguado en los últimos tiempos y ahora empieza a intensificar la presencia pública, especialmente en medios de comunicación. Fuentes de su entorno admiten que sus relaciones con Rajoy se han enfriado y cada vez cosecha más críticas en un Ejecutivo en el que corrió la leyenda de que tenía un confidente en cada ministerio.

«Si en algo mis palabras han podido ofender a alguien, pido públicamente disculpas y perdón». Con esta frase el ministro Cristóbal Montoro se despidió del Congreso en la última sesión de control al Gobierno previa al 20-D. Y es que el titular de Hacienda, erigido en estricto guardián del cumplimiento del déficit, ha tenido que adoptar el papel de ‘poli malo’ del Ejecutivo para mantener, a duras penas, la senda de estabilidad. Una disciplina fiscal que le ha costado enfrentamientos con la oposición, las comunidades autónomas e incluso con compañeros de partido y Gobierno.

Sin duda, la decisión con mayor calado la tomó en el primer Consejo de Ministros al anunciar una gran subida del IRPF para aumentar los ingresos. Después vendrían más incrementos impositivos en tributos especiales, IBI y sobre todo en el IVA. Un incremento negado hasta pocos días antes de producirse. El ministro pudo desquitarse, en parte, con la aprobación en 2014 de la reforma fiscal que «devuelve a los españoles» hasta 9.000 millones por la rebaja en IRPF y Sociedades.

Su departamento también aprobó una polémica amnistía fiscal que sólo recaudó la mitad de lo previsto. Sin embargo, esta legislatura también se ha caracterizado por los buenos datos en la lucha contra el fraude con más de 40.000 millones recaudados.

Montoro ha elaborado cinco presupuestos generales en cuatro años. Unas cuentas marcadas por los recortes, en especial, en la primera parte de la legislatura. Su departamento también puso en marcha el plan de pago a proveedores y el FLA con el que puso a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos más de 140.000 millones para pagar las facturas y servicios sociales. Sin embargo, deja como principal tema pendiente un nuevo sistema de financiación autonómico.

El rescate de la banca ha sido el elemento central de la labor de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía y Competitividad. Con el macropréstamo europeo para sanear el sistema financiero consiguió eludir el rescate de España que casi todos consideraban inevitable en 2012. Echó a Rodrigo Rato -su antiguo jefe en el Gobierno de Aznar- de la presidencia de Bankia, impuso fuertes provisiones a las entidades financieras -a través de lo que llamaron los ‘decretos Guindos’- y las obligó a hacer un estriptís con las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman para intentar recuperar la confianza de los mercados. Ahora la prima de riesgo española ronda los cien puntos básicos -llegó a estar por encima de 600 en los peores momentos- y el Tesoro español es capaz de colocar deuda pública con tipos negativos.

La vuelta a tasas de crecimiento superiores al 3% -lo que convierte al país en líder del crecimiento en la UE-, el superávit de la balanza exterior, el control de la inflación son los elementos positivos del escenario macroeconómico. En el lado negativo sigue la altísima deuda pública -casi del 100%- que ya ha despertado la preocupación en el FMI y la Comisión Europea. También la lentitud en la recuperación de la concesión de nuevos créditos, algo de lo que se quejan las pymes al considerar que dificulta su proceso de internacionalización. Y es que el impulso del sector exterior ha sido otro de los logros de su gestión. De hecho, las exportaciones fueron gran parte del sostén de la economía española durante los años de recesión. Queda pendiente el desarrollo eficaz de la desdibujada ley de unidad de mercado y no ha sido capaz de reformar los colegios profesionales. Sin embargo, la etapa de Guindos en el Ministerio se cierra con un fracaso personal: perder la elección a presidente del Eurogrupo. A pesar de contar con el apoyo de Alemania no pudo batir al holandés Jeroen Dijsselbloem y ver recompensado así lo que, a su juicio, era una deuda con España por los esfuerzos en la crisis.

La agenda reformista de Mariano Rajoy ha tenido en la cartera de Justicia uno de sus polos dinamizadores en esta legislatura. El catálogo de nuevas leyes y reformas parciales ha sido amplio y diverso, ha cambiado la cara de la administración judicial e introducido importantes novedades en textos de gran calado. Sin embargo, también ha generado multitud de conflictos entre los actores afectados por los cambios y un desgaste político evidente con dos nombres propios: las dimisiones del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y del fiscal general Eduardo Torres-Dulce.

No es baladí que el Gobierno y su mayoría absoluta parlamentaria comenzara su periplo con la ley de tasas judiciales y la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial (en contra de lo ofrecido en su programa electoral) y concluya el 7 de diciembre con la puesta en marcha de la remozada Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el proceso penal. Con esta modificación legal, por ejemplo, se ejemplifican muchas de las luces y sombras en Justicia. Fue Gallardón quien impulsó la reforma en 2012. Hubo un borrador de anteproyecto llamado ‘Código Penal Procesal’, que llegaba a dar a los fiscales la instrucción penal, una de las reivindicaciones de siempre. El texto se quedó por el camino entre reproches de colectivos judiciales. Gallardón dimitió en septiembre de 2014 por la no reforma de la ley del aborto. Tres meses después lo hizo Torres-Dulce por las promesas incumplidas. Y el proyecto final, aprobado ya con Rafael Catalá como ministro, quedó bastante esquilmado con respecto a la propuesta inicial y no ha contentado a nadie. Lo mismo ocurrió con la ley de tasas judiciales, derogada de forma parcial tras la presión de los abogados, la limitación de la justica universal, el endurecimiento del Código Penal, o la fallida privatización del Registro Civil, parado por orden de Rajoy.

A pesar del amplio abanico competencial con el que ha contado José Manuel Soria, no ha habido una cuestión tan trascendente en su herencia ministerial como la factura de la luz. Inició la batalla contra el déficit eléctrico con una batería de reformas que no gustaron ni a las compañías ni a los consumidores, además de la rápida autorización del cementerio nuclear en Cuenca. Las subidas del recibo eléctrico llegaron a tal extremo que, a finales de 2013, Soria cambió el sistema de subastas por el de formación diaria de precios; y sólo a cuatro meses de las elecciones rebajó el coste fijo energético un 2%, con el sistema en superávit. En su haber se encuentra el impulso al automóvil (ocho planes PIVE han beneficiado a 1,1 millones de conductores) y al turismo, en récord históricos. Los Papeles de Panamá aceleraron su salida del Gobierno en funciones.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha llevado a cabo dos de las reformas más importantes del Gobierno Rajoy: la reforma laboral y la reforma de las pensiones. La primera se aprobó en un tiempo récord, en febrero de 2012, e introdujo más flexibilidad y autonomía del empresario para decidir rebajas salariales y permitió que una previsión de pérdidas o disminución de ingresos pudiera ser causa económica para despidos colectivos, además de rebajar la indemnización por despido improcedente a 33 días por año. La reforma fue muy elogiada por organismos como la OCDE o la Comisión Europea, pero se ha topado con los jueces, que han parado decenas de despidos colectivos.

Báñez ha sido una ministra que ha hablado mucho de diálogo, pero ha firmado pocas cosas con los agentes sociales. La reforma de la formación, la colaboración público-privada en las políticas activas, la reforma laboral y muchas otras medidas las ha sacado adelante sin el consenso con empresarios o sindicatos. Como los recortes de las prestaciones por desempleo, que bajó a partir del séptimo mes de paro y se eliminó el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años dejándolo sólo a partir de los 55 años. Reducir el paro ha sido su objetivo prioritario y ha conseguido acabar la legislatura con un número menor de parados que el que se encontró al llegar. Pero también acaba con cien mil empleos menos y medio millón de activos perdidos. En cuanto a las pensiones, Báñez eliminó la actualización de las mismas con el IPC al introducir un nuevo Indice de Revalorización que tiene en cuenta el déficit del sistema. Desde su entrada en vigor en 2014, las pensiones sólo han subido un 0,25% cada año. La Garantía Juvenil, las tarifas planas y el apoyo al emprendedor son también parte de su legado.

Sin estridencias… pero sin éxitos rotundos, Ana Pastor llega al final de su mandato con un aprobado bajo. Ella misma se puso un listón que al final le quedó demasiado alto, aunque insiste en que las facturas que se encontró «en el cajón» de su antecesor -más de 3. 200 millones, de los cuales llevó 600 al Tribunal de Cuentas- han pesado como una losa.

Ha mantenido los plazos de apertura de líneas AVE, al tiempo que crecía la controversia sobre su coste. Y ha dado la vuelta a los resultados del gestor aeroportuario, aunque las privatización parcial de AENA (49%) se saldó con sabor agridulce porque pudo sacarse mucho más (4.360 millones obtenidos). Como asignaturas pendientes quedan la apertura del corredor ferroviario de Levante a un competidor de Renfe, el fiasco de las autopistas de peaje o los conflictos laborales en Renfe y ADIF.

Rajoy premió su fidelidad proponiéndola para presidir el Congreso de los Diputados de la legislatura que ahora se pone en marcha.

José Manuel García-Margallo, economista de formación, ha puesto a lo largo de los últimos cuatro años la diplomacia al servicio de la recuperación económica. Su gestión al frente de Exteriores ha estado regida por el pragmatismo y ha dejado a un lado la ideología. Así, Margallo no ha tenido inconveniente en viajar a Cuba o a Irán en cuanto se ha producido un ápice de deshielo entre estos países en el pasado incluidos en el ‘eje del mal’ y occidente. Otro de los objetivos del jefe de la diplomacia ha sido recomponer las relaciones con Estados Unidos, muy dañadas durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En el lado negativo, Margallo no ha podido reconducir los conflictos con Venezuela o Gibraltar. A nivel doméstico Margallo se ha caracterizado por ser un ministro sin pelos en la lengua, para lo bueno y para lo malo.

El principal legado de Jorge Fernández al frente de Interior puede ser efímero si el PP no vuelve a gobernar. La Ley de Seguridad Ciudadana -la ‘ley Mordaza’ que entró en vigor el 30 de junio- ya ha sido recurrida ante el Constitucional por casi toda la oposición, que ha prometido que si llega al poder derogará esta norma nacida al calor de las grandes marchas indignadas de 2011 y que prevé sanciones de hasta 600.000 euros para los promotores de protestas no autorizadas.

La otra gran vertiente de Fernández al mando de las fuerzas de seguridad ha sido la lucha antiterrorista. Con él al frente del departamento, ETA, aun sin haberse disuelto, sigue agonizando. En cuatro años han caido 161 etarras, entre ellos varios cabecillas. Fernández ha mantenido la firmeza en el frente penitenciario, en el que no ha habido un solo acercamiento. La lucha antiyihadista se ha saldado con 118 arrestados y cero atentados.

‘Un técnico para el Ministerio de Defensa’. Así se presentaba a Pedro Morenés cuando fue nombrado responsable de uno de los departamentos con mayor peso presupuestario. Y en estos cuatro años ha hecho honor a esta catalogación. Atado de pies y manos por la colosal deuda de los programas de armamento firmados por sus antecesores, 30.000 millones de euros, ha sabido gestionar su refinanciación y quebrar el recorte de un tercio del dinero destinado al ministerio en estos cuatro años, que ha dejado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas muy tocada. En este escenario económico se ha movido Morenés, uno de los ministros-comerciales más viajeros. Entre las luces está la transparencia de las misiones internacionales y las leyes que han permitido una mayor democratización de la vida militar, aunque su resultado esté por ver.

Ha sido la legislatura de las buenas intenciones, pero el alcance de las medidas -reforma de la PAC incluida- deja insatisfecho a más de la mitad del sector agrario. Lo peor, que siguen pendientes la reconversión de la flota pesquera y el gran pacto nacional por el agua. Lo mejor, que por fin hay una ley sobre la cadena alimentaria, aunque en la práctica se queda más en buenas intenciones que en mejoras de gran peso.

Miguel Arias Cañete, autor de la polémica reforma de la Ley de Costas que amnistió buena parte de las irregularidades, puso las primeras bases. Aunque fue su sustituta, Isabel García Tejerina, la que terminó remangándose en uno de los grandes retos del área: el conflicto del precio de la leche. El pacto de buenas intenciones suscrito con todos los actores puede ser un cierre en falso.

Real decreto 16/2012. Ese texto legislativo, junto a los ajustes realizados en la aplicación de los servicios de dependencia, resume estos cuatro años en los que surgieron las diferentes mareas para protestar por las decisiones del Gobierno. El departamento que dirigía por entonces Ana Mato introdujo el copago farmacéutico y decidió frenar el turismo sanitario -aquellos europeos que eran atendidos gratis en España- para ahorrar cerca de 1.000 millones. Dentro de esta medida, el Ejecutivo retiró la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes ilegales -salvo embarazadas, menores y enfermos crónicos-. Tres años después, el ahorro de esta medida no está cuantificado; Alfonso Alonso, sustituto desde hace casi un año de Mato, prometió un remiendo para los ‘sin papeles’ y un plan para los enfermos de hepatitis C.

La cartera de Sanidad también se quedó sin titular al ser designado como cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones vascas.

Sociólogo eminente, tertuliano y columnista. José Ignacio Wert dirigió Educación, Cultura y Deportes durante cuatro quintas partes de la legislatura y logró el título del ministro con peor valoración de la democracia según el CIS. En ese periodo implantó grandes reformas y apenas logró acuerdos. Gestó y parió su ley estrella, la Lomce, sin ningún apoyo. Ni de otros partidos, ni de la comunidad educativa. Frente a ella nacieron las mareas verdes. También llegaron huérfanas de socios la reforma de las universidades -el ’3+2′ y el aumento de las tasas- y el polémico IVA cultural. Tras las elecciones, cuando las comunidades contrarias pasaron de cinco a doce, se fue a representar a España ante la OCDE. Su reemplazo, Íñigo Méndez de Vigo, lidia con ellas y las apacigua como puede; sobre todo, con mejor talante. Mariano Rajoy, en la sesión de investidura, ya avanzó su propósito de dejar sin efecto las pruebas de reválida.