La liberalización del AVE, en vía muerta

La diferencia es que mientras el primero corre serio riesgo de verse aparcado sine die como muy pronto, y si se reactivan todos los tramites en septiembre, hasta abril de 2017 no habría un operador privado, el segundo es solo cuestión de tiempo porque el nuevo Ejecutivo tendrá que dar luz verde a la compra de nuevo material rodante para Renfe, aunque cabría introducir alguna modificación de última hora en la ejecución del plan. De hecho, ninguno de los cuatro grandes partidos ha planteado en las últimas semanas grandes objeciones a ese respecto.

Donde sí hay grandes diferencias políticas es sobre la necesidad de que un operador privado puede hacer sombra al monopolio del público antes de tiempo, es decir, con antelación al plazo que ha dado la Comisión Europea para la apertura del tráfico ferroviario de pasajeros: primavera de 2020. Fue la actual titular de Fomento en funciones, Ana Pastor, la que a principios de 2012 puso esa idea sobre la mesa y luego la fue madurando hasta planificar cómo iba a ser la entrada de un competidor en el cada vez más extenso tablero nacional del AVE.

Tras debatir hasta qué punto llegaría esa apertura gradual, se optó por limitarla a uno de los corredores existentes y, en concreto, el más reciente: el que une Madrid con las tres grandes capitales levantinas (Castellón, Valencia y Alicante) y también Murcia, además de varias ciudades castellanomanchegas, con 1,8 millones de pasajeros transportados en 2015 aunque se le concede un potencial de hasta tres millones. Ese es uno de los principales puntos de fricción con PSOE y Ciudadanos que, además de ver prematura la llegada de un competidor, no entienden qué motivos llevaron a desechar otros trazados más rentables y de eficacia probada (Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona) donde, además, el usuario podría notar mayores ventajas.

Rebaja de cánones

Su reivindicación coincide con la de varias de las empresas aspirantes al proyecto que, amén de pedir que se abrieran varios corredores, consideraban que había otros más interesantes. La otra gran pega que ponían eran los elevados costes a asumir, puesto que calculaban que casi dos tercios de sus ingresos (el 62% de media) debían ser destinados a cubrir los cánones que les exigiría Adif, el ente publico que administra las vías y estaciones, a cambio de poder usar su red de infraestructuras.

Lo segundo fue solventado en buena medida a finales del año pasado. De un lado, eliminando el canon de acceso para los operadores (Renfe incluida), introduciendo bonificaciones por la puntualidad (cuya letra pequeña estaba por definir) e introduciendo una rebaja del 35% en las tasas por uso de la red, lo que obligaría a Adif a elevar sus ingresos por otra vía.

Sin embargo, desde otoño y según se acercaba el final de la legislatura, el reloj del proyecto ha ido parando sus manecillas. Y no precisamente por la parte privada: hasta 21 empresas han conseguido ya la autorización preceptiva para transportar pasajeros por tren en España, aunque solo una decena tienen también el certificado de seguridad correspondiente para la licencia de uso definitiva. Entre estos últimos destacan varias filiales de grupos de construcción y servicios (ACS, Acciona, Ferrovial), empresas de transporte (Globalia, Alsa, Air Nostrum) e incluso una constructora de trenes como CAF.

La entrada en liza de la compañía vasca tiene una clara derivada: el megacontrato de Renfe para adquirir al menos 15 nuevos trenes AVE (ampliables hasta 30), con su mantenimiento posterior por un plazo de entre 30 y 40 años. En total, habría en juego una inversión de hasta 2.642 millones de euros y en CAF consideran que participar en un consorcio operador garantizaría varias décadas su negocio como fabricante. Sería, además, el escaparate perfecto para promocionar a nivel internacional sus nuevos trenes Oaris.

En CAF aspiran a colocar su material a Renfe y, llegado el caso, a sus competidores. Y no son los únicos: otros cinco fabricantes persiguen lo mismo: Talgo, Siemens, Alstom, Bombardier e Hitachi. El próximo 16 de mayo finaliza el plazo para presentar ofertas, aunque es probable que hasta septiembre no se resuelva el ganador o ganadores si se opta por repartir el contrato.