El Congreso aprueba cerrar un pacto nacional contra la violencia de género en seis meses

Rafael Hernando.
Rafael Hernando. / Emilio Naranjo (Efe)
  • Todos los partidos acuerdan la creación de una comisión permanente, como la del Pacto de Toledo, para fiscalizar su aplicación

El Congreso de los Diputados acordó por unanimidad que el Gobierno, los partidos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los agentes sociales y las organizaciones civiles cierren en un plazo máximo de seis meses un pacto de Estado para la lucha y erradicación de la violencia de género. Se trata de un acuerdo con vocación y estructuras estables, como el antiterrorista, y que, tras su firma, contará en el Congreso con una comisión permanente de seguimiento, como el de las pensiones, que se reunirá siempre que lo exijan las circunstancias -al menos una vez al año- para fiscalizar la situación y la correcta aplicación de los políticas y medias y, en su caso, para acordar nuevas iniciativas.

Será sin duda el primer pacto de Estado de esta legislatura y es fruto de una propuesta conjunta de PP y PSOE, que pretenden recuperar tras años de peleas políticas el consenso que alumbró en 2004 la primera ley socialista contra esta lacra, y a la que esta tarde tenían previsto sumarse buena parte del resto de partidos de la Cámara baja.

El pacto se completará en varias fases. En primer lugar, y antes de fin de año, se creará una subcomisión que en cuatro meses elaborará un informe sobre las actuales deficiencias y carencias en la lucha contra la violencia de género y las medidas necesarias para corregirlas. El Gobierno tendrá otros dos meses para, con la base del informe, cerrar un pacto nacional con los partidos, instituciones y organizaciones sociales. Una vez rubricado el acuerdo, el Ejecutivo tendrá otro plazo de seis meses para enviar al Parlamento las reformas legales y medidas cuya aprobación se haya acordado.

La proposición aprobada, no obstante, ya adelanta alguna de las mejoras en la ley y en las medidas contra la violencia de género que deberá incluir como mínimo el pacto. Tendrá un «compromiso político» de no conceder indultos a ningún maltrador o condenado por este tipo de delitos; se comprometerá a «dotar suficientemente» los presupuestos autonómicos y municipales para la prevención de esta lacra y para la asistencia social a las víctimas de esta violencia y a sus hijos; se reforzarán las unidades de coordinación regionales para mejorar la protección y el seguimiento personalizado de las víctimas; y se estudiará la viabilidad de protocolos de atención integral a las mujeres que han retirado denuncias contras sus agresores.