El Constitucional catalán tumba la parte de los presupuestos destinada al referéndum

El dictamen del Consejo de Garantías llega un mes después de que Ciudadanos, PP y el PSC solicitaran al órgano de arbitraje que diera su opinión -no vinculante-. La oposición no soberanista entiende que la Consejería catalana de Economía se estaba extralimitando en sus atribuciones.

Horas después de conocerse el dictamen del Consejo de Garantías, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado en la asamblea de la Asociación de Municipios por la Independencia que convocará el referéndum" y que la partida presupuestaria para hacerlo "está perfectamente reservada".

Según el Consejo de Garantías, la ley de presupuestos "debe ajustarse a la orden de reparto constitucional y estatutario vigente". "La Generalitat no dispone de margen de actuación normativa o ejecutiva" más allá de la iniciativa de pedir al Estado que autorice un referéndum sobre cualquier temática que sea competencia de la Generalitat, afirma. "El poder legislativo presupuestario no es un poder libre, sino que debe responder al modelo de reparto de competencias que delimitan la Constitución y el Estatuto", concluye.

«No pueden prever de forma condicional»

En la medida en que el referéndum está fuera de las competencias de la Generalitat, "los presupuestos no pueden prever, aunque sea en forma condicional o potencial, disposiciones normativas en relación con competencias o facultades que no le son propias", señala el Consejo de Garantías.

En cambio, el Consejo de Garantías no ve problemas en la partida de 5,8 millones de euros incluida en las cuentas y destinada a "procesos electorales y consultas ciudadanas", la partida que la oposición entiende que Junqueras incluyó como oculta para el referéndum, pero asignándole otro nombre, que no fuera impugnable.

El Gobierno catalán, en cualquier caso, ha reafirmado su compromiso con el referéndum y ha señalado esta mañana que éste será "legal, legítimo y democrático". El dictamen del Consejo de Garantías lo que podría provocar es que se retrasara la aprobación de los presupuestos, que podían haberse validado la semana que viene.