El juez decreta prisión incondicional para Ignacio González por el saqueo del Canal

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González, antes de ser trasladado a la Audiencia Nacional. / Efe | Vídeo: Atlas

  • El expresidente de la Comunidad de Madrid niega los hechos y defiende la «legalidad» de todas sus operaciones

Ignacio González pasó su primera noche en la cárcel de Soto del Real (Madrid). La caída del presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015 se consumó este viernes pasadas las 23:00 horas, cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó su ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza tras su detención el pasado miércoles en la 'operación Lezo', las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II, que presidió entre 2002 y 2013. Por estos hechos le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

El político que creció a la sombra de Esperanza Aguirre, después de que le nombrara portavoz y vicepresidente de la Comunidad de Madrid en 2003, cambió su chalet de 450 metros cuadrados en Aravaca por su nuevo 'piso' en el centro penitenciario de la sierra norte de Madrid, una celda de diez metros cuadrados con ducha y váter incorporado.

De 56 años, González respondió durante dos horas y 45 minutos a las preguntas del juez y los fiscales después de acogerse a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. De poco sirvieron sus explicaciones sobre el presunto desfalco de 60 millones de euros en el Canal de Isabel II, ya que el investigado acabó en prisión incondicional a petición del Ministerio Público. En cualquier caso, su destino estaba escrito después de que, horas antes, el enlace de la empresa pública en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de la empresa editora de 'La Razón', acabara también en prisión incondicional.

Según fuentes jurídicas, González mantuvo una actitud de negación «constante y contumaz» frente a los indicios aportados por los fiscales, Carlos Yáñez y Carmen García, quienes le pusieron unos audios aportados a la investigación que no supo rebatir. «Ha tratado de justificar en un marco de aparente legalidad todas las operaciones sospechosas, pero al bajar a lo concreto no ha dado explicaciones convincentes», señalaron las mismas fuentes presentes en su declaración.

     En el caso de Edmundo Rodríguez, fue cesado por el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes tras aparecer su nombre en los 'papeles de Panamá'. También se sospecha que ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, de «origen desconocido», que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal. También existen indicios de que una hija, imputada en el caso, controla el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero. Según los autos de prisión, alrededor de Ignacio González, Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond, exdirectiva del Canal, y Pablo González, hermano del expresidente autonómico, giraban las presuntas actividades ilícitas de la sociedad pública del agua. Entre los indicios está el depósito común abierto en paraísos fiscales con 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) sustraídos, según la Guardia Civil, de una operación del Canal en Brasil: la compra de la sociedad Emissao en 2013. Por esta circunstancia, tanto María Fernanda Richmond como Pablo González entraron en prisión que podrán eludir si abonan cuatro millones de euros.

Asimismo, Pablo González y su cuñado José Juan Caballero, a quien el juez le impuso prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, se acogieron a su derecho a no declarar, según señalaron sus defensas. A ambos les investigan por la adjudicación a la empresa Tecnoconcret, de la que eran propietarios, la explotación de un campo de golf en terrenos del Canal en 2007, cuando Ignacio González era presidente de la empresa públicade aguas. Una década después la Justicia ha declarado ilegal esta explotación.

Pago de comisiones

El 'hermanísimo' aparece además vinculado en otra operación desarrollada el miércoles por otro juzgado central de la Audiencia Nacional. Se trata de las actuaciones contra la empresa semipública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento), una pieza separada del 'caso Defex'. Pablo González era director de estrategia y operaciones de Mercasa tras su paso por Bankia y fue cesado el miércoles tras su detención. En esta pieza instruida por el juez De la Mata se investiga a una serie de personas que firmaron un contrato por unos 500 millones de dólares con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista en su capital, Luanda.

Los dos últimos detenidos el jueves en la 'operación Lezo', el consejero de OHL Javier López Madrid y el que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fueron los últimos en pasar ante el juez. López Madrid, yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, fue arrestado en el aeropuerto de Barajas tras viajer desde Londres ante los indicios recabados por los investigadores sobre el supuesto pago a Ignacio González de una comisión de 1,4 millones, que se llevó a cabo a través de un banco en Suiza. El pago estaría vinculado con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. Ambos quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros que tendrán que abonar antes del 28 de abril.

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