Dos Porsche, relojes, un viaje y palco en el Bernabéu, los regalos al comisario de Barajas

Carlos Salamanca. /
Carlos Salamanca.

Anticorrupción detalla las dádivas que recibió Carlos Salamanca del presunto testaferro en España del clan del petróleo ecuatoguineano

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El comisario de Policía Carlos Salamanca, exjefe del puesto fronterizo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas durante nueve años (2006-2015), se encuentra en libertad provisional desde marzo pasado tras pasar cuatro meses en prisión incondicional por su implicación en la 'operación Tándem'. Salamanca fue detenido el 3 de noviembre junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que sigue en la cárcel de forma preventiva, y otras cuatro personas en una causa que investiga delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento acordó en marzo abrir una pieza separada y levantar el secreto de las actuaciones solo para la parte que afecta a Salamanca. Este apartado, al que ha tenido acceso este periódico, detalla las dádivas y entregas en efectivo recibidas por este comisario cuando era jefe de Barajas a cambio de facilitar la entrada ilegal de personas ecuatoguineanas relacionadas, entre otras, con la compañía nacional del petróleo.

Un informe de la Fiscalía Anticorrupción remitido al juzgado el 28 de febrero relata que la persona responsable de agasajar a Salamanca -jefe de la unidad contra las redes de inmigración ilegal cuando fue detenido- era el también investigado Francisco Menéndez Rubio. Se trata de un empresario que, según los fiscales, era el «cortafuegos» en España para enmascarar el origen del dinero procedente de sus socios ecuatoguineanos. Unos servicios por los que habría recibido, a través de la mercantil Frame Consultores y Asesores SL, 17,1 millones en 2011 y 4,1 millones en 2012 escondidos en servicios facturados «irreales».

En ese paquete también se gestionaba la intermediación del comisario de Barajas. La persona que puso en contacto a Menéndez y a Salamanca fue el empresario Fernando Luengo, que tenía negocios en Guinea Ecuatorial y que también venía aprovechándose del cargo que ostentaba el segundo «a cambio de dádivas de carácter suntuario».

«Tratamiento VIP»

Entre 2012 y 2015, Menéndez le dio a Salamanca regalos de lujo, en dinero y en especie, para sí y sus familiares, su mujer María Dolores Mones y su hijo Carlos, a cambio de permitir la entrada ilegal de responsables de Gepetrol y de la suegra del primero, Sara Blanca Donoso. Este servicio incluía un «tratamiento VIP» consistente en recogerles a su llegada a Madrid por la escalerilla del avión y trasladarles en vehículos oficiales hasta la salida para sustraerse de la vigilancia y los controles de aduanas.

La lista incluyó el acceso a la propiedad y disfrute de dos Porsche, uno modelo Cayenne y otro Panamera. Este último fue adquirido en septiembre de 2010 por el ciudadano ecuatoguineano Crispín Edú Tomo Maye por 116.000 euros. Salamanca fue el tomador del seguro entre julio de 2012 y julio de 2013 y pagó 1.845 euros, pero nunca lo registró en la DGT «para evitar ostentación». El vehículo pasó en agosto de 2013 a uno de sus clientes, el ciudadano chino Yongping Wu Liu, investigado en el 'caso Emperador'. Para ello intermedió en la venta por 43.560 euros el citado Menéndez.

Salamanca también recibió tres relojes de lujo valorados en 80.000 euros comprados por la mercantil Framen Consultores; un viaje a Londres en el puente de mayo de 2012 por 15.997 euros solo en traslados y alojamientos; la cesión del palco 2.043 del Santiago Bernabéu, que la citada mercantil alquilaba al Real Madrid por 328.772 euros (2012) y 331.039 euros (2013); y entregas en efectivo de unos 85.000 euros a partir de 2012.

En el registro realizado en su casa fueron incautados, además, 61 relojes, de los que 14 eran originales. Habrían sido entregados en contraprestación por los servicios policiales prestados o en consideración a su función, y estaban valorados en unos 45.000 euros, según Anticorrupción.

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