Los populares solicitan un pleno extraordinario para instar a la alcaldesa a que pode

  • Consideran que el cambio de la ruta escolar “pone en peligro a los alumnos”

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal han solicitado la celebración de un pleno extraordinario con el fin de instar a la alcaldesa, Isabel Fernández (PSOE), a que “cumpla la normativa vigente y pode los árboles de su propiedad que han obligado a variar la ruta que realizaba el autobús escolar en Periedo para recoger a los alumnos del colegio Ramón Laza”.

Los propietarios de la empresa Autobuses Palomera decidieron hace unas semanas recoger a los estudiantes en una “parada alternativa”, situada en la carretera nacional N634, ya que el conductor del autobús se veía obligado a ocupar el carril contrario para esquivar las quimas de los árboles de la alcaldesa al recoger a los alumnos en la parada de Periedo.

Esta semana las cosas han vuelto a la normalidad y la ruta normal se ha reestablecido por orden de la Consejería de Educación, “ante las condiciones climatológicas adversas”, pero desde la empresa de autocares han advertido de que el próximo lunes, “si la alcaldesa sigue sin querer podar sus árboles, volveremos a recoger a los alumnos en la parada de la carretera nacional”, lo que a su vez ha provocado las quejas de los padres porque consideran que esta ruta alternativa “es más peligrosa que la anterior”.

La portavoz del PP, Esther Merino se mostró de acuerdo con la actitud de los padre sy afirmó que el cambio de parada “pone en peligro la seguridad de los alumnos”. Merino explicó que “se ha dado un margen de tiempo más que considerable para que se facilitara una solución a la suspensión de la ruta de transporte escolar que recoge a los escolares de la citada localidad para su traslado al CEIP Ramón Lanza”. Una suspensión, dijo, “motivada por la peligrosidad que presenta que los autobuses deban invadir la calzada contraria a la altura del consultorio médico de Casar, debido a que existen árboles propiedad de la alcaldesa que invaden el espacio público y dificultan el paso de estos vehículos”.

Por ello, desde el PP han presentado la solicitud de un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción para que la alcaldesa “cumpla con la ordenanza urbanística municipal de regulación de cierre de parcelas, cierres vegetales y plantación de setos, árboles y árboles ornamentales, restableciéndose así la ruta habitual del transporte escolar”. Según Esther Merino, “la Alcaldía tiene la obligación de convocar el pleno en el plazo de 15 días hábiles desde la entrada de la solicitud en el registro, al haber sido solicitado por al menos cinco de los concejales que integran la Corporación, en este caso por los del Partido Popular”.

La portavoz del PP expresó su “confianza” en que la alcaldesa “deponga su actitud soberbia” y deje de anteponer “sus intereses particulares a los generales”. De lo contrario, el PP ha solicitado al resto de grupos municipales que apoyen la moción y “hagan prevalecer el cumplimiento de las leyes y ordenanzas, al igual que se les hace cumplir al resto de los vecinos”.

Esther Merino recalcó además que al PP “le consta que en reiteradas ocasiones, tanto la empresa de transporte, como la Consejería de Educación, la Junta Vecinal y los padres de los alumnos, han trasladado al Ayuntamiento y a la alcaldesa su malestar y la petición de que lleve a cabo la poda de los árboles”.

Merino consideró además que la actitud de la Consejería de Educación “deja mucho que desear”, puesto que “cambia la ruta de manera puntual”, pero “sin obligar a la alcaldesa a podar los árboles con lo cual el riesgo esgrimido por la empresa sigue vigente”.

Para Esther Merino, “el empecinamiento y el abuso de autoridad esgrimido y utilizado desde la Alcaldía, han primado por encima de lo que representa el peligro evidente para los escolares y el malestar de las familias, es decir, ha prevalecido el interés particular frente al general por parte de un cargo público”.

En este sentido, desde el PP entienden que “el incumplimiento a día de hoy de la ordenanza por parte de la alcaldesa es un hecho flagrante de abuso de autoridad, amparándose en el cargo que ostenta”, por lo que “podemos estar ante un posible delito con responsabilidad penal”.