La sanción impuesta al jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército por el ministro de Defensa recibió ayer el aplauso del conjunto de las fuerzas políticas, con una sola excepción: la del PP. Su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga responsabilizó de la actuación del mando militar al propio José Bono y afirmó que deberá rendir cuentas en el Congreso porque de él depende el buen gobierno de las Fuerzas Armadas y él avaló el cargo a José Mena Aguado. Esta interpretación recibió las críticas de buena parte del arco parlamentario y especialmente del PSOE, que acusó al dirigente popular de haber tratado en un primer momento de justificar las palabras del general.

El viernes, tras conocer lo ocurrido, Elorriaga arguyó que la intervención de Mena reflejaba la «situación que estamos viviendo» como consecuencia del debate del Estatuto catalán; una situación creada, dijo, por Rodríguez Zapatero. A pesar de que hoy reprobó la actuación de Mena, el secretario del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido, le advirtió de que su primera reacción «pasará a la historia por desafortunada» y defendió que la decisión de sancionar a Mena demuestra el «compromiso» del Ejecutivo con la Constitución.

El presidente catalán, Pasqual Maragall, no quiso valorar el asunto, pero respondió a la alarma lanzada por Mena con un mensaje tranquilizador al asegurar que la constitucionalidad del nuevo estatuto de Cataluña está «garantizada» por el la lealtad de todo el «catalanismo» a la Carta Magna.

División militar

Las dos asociaciones profesionales mayoritarias en las Fuerzas Armadas se mostraron ayer divididas tras conocer la decisión de destituir a Mena.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) criticó las palabras del jefe de la Fuerza Terrestre y recordó «que todos los miembros de las Fuerzas Armadas son conscientes de que no pueden emitir opiniones políticas públicamente». Por su parte, la Asociación de Militares Españoles (AME) acusó a Bono de sancionar a Mena simplemente por «defender la Constitución».