Hay que ver la rapidez y coordinación con que han actuado el PSOE y las fuerzas nacionalistas para aprovechar la cortina de humo en que se han convertido las declaraciones del general Mena. Los más oportunistas, como el ministro Bono, adoptando 'enérgicas' medidas de cara a la galería; otros, como el senador Jaime Blanco, pariendo artículos de opinión en los que manipula directamente los hechos al decir que retrotraen a «tiempos afortunadamente superados»; como si esto no fuera algo que los españoles, a estas alturas, no tuviéramos absolutamente claro.

Al final, toda esta campaña urdida por los partidos que secretamente negocian el Estatuto de Cataluña sin luz y taquígrafos confluye en un punto: la gravedad no está en el fondo del asunto (el callejón por el que transita Zapatero), sino en las declaraciones inconvenientes de un destacado militar, y por supuesto (¿faltaría más!) en la actitud del Partido Popular, al que, en el colmo del acoso, se pretende identificar con ruidos de sables que solo se escuchan en las calenturientas mentes de los corifeos socialistas.

Lo que se pretende es llevar el debate a lo inconveniente (haciéndolo pasar por hecho gravísimo) y demonizar a quien pone el dedo en la llaga al recordar que el consenso constitucional no está en peligro por el inexistente 'problema militar', sino por la actitud de un Gobierno y unos partidos (socialistas y nacionalistas) que están negociando un nuevo Estatuto para Cataluña que, como ha dicho el propio diputado del PSOE Joaquín Leguina: «ni cabe en la Constitución, ni cabe en cabeza humana». Por cierto, otro destacado socialista -y ya son legión- que se desmarca de la política de ese presidente Zapatero al que en su día otro socialista, vilmente asesinado por ETA, Ernest Lluch, denominó como: «un cero a la izquierda y la nada más absoluta».

El senador Blanco, en lo que sólo se entiende como una interpretación delirante, concluye su desafortunado artículo de opinión con el siguiente dislate: «en el año 36 las derechas españolas (CEDA) justificaron el golpe por el ambiente político que existía en la época». Con estas palabras, Jaime Blanco no sólo incurre en una inadmisible conclusión, sino que demuestra que los socialistas están empeñados, bajo la batuta del presidente Zapatero, en desarrollar una política de enfrentamiento entre los españoles, empleando para ello el recuerdo de una atroz guerra civil que nadie tiene derecho a utilizar porque hablamos de unos hechos que tan sólo pueden ser objeto de oportuno análisis por los historiadores. En aquella contienda brutal hubo demasiado dolor como para que alguien venga ahora a poner sus interesadas manos políticas sobre algo que merece mucho más respeto. Por eso, señor Blanco, su argumento es tan grosero como desafortunado.

Vaya por delante mi desacuerdo con las manifestaciones del general Mena. Me parecen inconvenientes. Un militar en activo no puede expresar opiniones políticas. Si quiere hacerlo tendrá que dejar el servicio activo y, entonces, opinar como un ciudadano más, pero nunca, y que se lea bien, nunca con el uniforme.

Pero dicho esto, las cosas deben ponerse en sus justos términos. Que las declaraciones del general Mena son inconvenientes es evidente. Tanto que han servido al ministro Bono para retomar el protagonismo mediático que estaba perdiendo. Gracias a este incidente ha conseguido ser el ministro público de antes. El ministro que se autocondecora para luego quitarse la medalla. El ministro que detiene ilegalmente a quienes le increpan; que busca el linchamiento público de su antecesor mientras esconde los muertos de sus acciones militares, o las acciones bélicas de fragatas que creíamos retiradas del conflicto de Irak (porque así se vendió a la opinión pública española). De alguien así se puede esperar cualquier cosa.

Frente a estas actitudes, el Partido Popular tiene una posición absolutamente clara. Tanto el secretario ejecutivo de Comunicación, Gabriel Elorriaga, como Mariano Rajoy, han insistido en que las declaraciones son improcedentes y las han censurado. Pero han insistido también en el hecho de que tales declaraciones no son gratuitas, sino que dejan entrever que en muchos españoles, empezando por el propio Rey, existe un clima de preocupación por la ruptura del consenso constitucional. El presidente del Gobierno hace oídos sordos a los llamamientos desde todas las instancias para recuperar, en los grandes temas de Estado, el acuerdo entre las dos formaciones políticas que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero Zapatero es un sordo al que le han puesto orejeras. Es víctima de sus propias palabras irresponsables («aprobaremos lo que venga de Cataluña»), y de sus pactos con los separatistas. El Pacto del Tinell le impide de hecho cualquier acuerdo con el Partido Popular.

No tiene más salida que la estrategia de hacer creer (cada vez con menos éxito) que es el Partido Popular el que está en posiciones radicales, cuando la realidad es que, a pesar de lo que le pide buena parte de su electorado y la práctica totalidad de la sociedad española, son Zapatero y su gobierno los que tienen prohibida la vía del acuerdo con nuestro partido, ya que de lo contrario los independentistas de ERC le quitarán los votos que le sentaron en La Moncloa. Por eso, en vez de gobernar con y para la inmensa mayoría, gobierna con y para una pequeña minoría, cuyos objetivos van en contra del interés general.

Los riesgos para la normalidad democrática y constitucional de España no se encuentran en las declaraciones de un militar, sino en la irresponsabilidad política del presidente Zapatero y en la posición de fuerza desproporcionada que ejercen sobre él sus socios independentistas. Por mucho que desde las filas socialistas y nacionalistas se pretenda hacer recaer la atención sobre una infracción del reglamento militar, desde el Partido Popular no vamos a dejar de denunciar que el verdadero problema es la vulneración de la Constitución que anida en el Estatuto soberanista catalán, o en el sistemático incumplimiento de las sentencias del Supremo en el País Vasco. ¿O acaso son más graves las declaraciones del general Mena que la pasividad gubernamental ante la celebración del congreso nacional de una formación ilegal como es Batasuna?

Señor Blanco, no nos venga con zarandajas ni evocaciones de fantasmas de tiempos remotos. No busque usted ni sus compañeros de partido desviar la atención. Sus palabras ofenden a la inteligencia y, sobre todo, insultan a un partido que representa a casi diez millones de españoles. Más respeto democrático a sus adversarios políticos y a la historia. Aquí y ahora quien insiste en defender el marco constitucional y recuperar el consenso nacional es el Partido Popular, y el problema para la normalidad democrática y la integridad territorial no se llama Mena, se llama Rodríguez Zapatero.