El Gobierno no quiere modificar la ley de partidos políticos, aunque José Luis Rodríguez Zapatero considere que se trata de una norma «muy restrictiva» que dificulta el derecho de reunión y manifestación de los miembros de organizaciones ilegales. Una semana antes de que Batasuna celebre su asamblea nacional y con la incógnita pendiente de si será prohibida o consentida, la portavoz gubernamental, María Teresa Fernández de la Vega, confió ayer en poder iniciar «cuanto antes» un proceso de paz con ETA.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia aclaró que las críticas del presidente del Gobierno a la ley de partidos no anticipan ninguna modificación de la norma que impulsó el gabinete de José María Aznar y que en julio del 2002 aprobó el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP y también del PSOE. Ese instrumento, un año después, permitió a la Justicia ilegalizar a Batasuna por considerar que es parte integrante de la banda terrorista ETA.

Fernández de la Vega explicó que, aunque la formación política que lidera Arnaldo Otegi ya «no existe como tal», su ilegalización no comporta «la suspensión, limitación o desaparición» del derecho de reunión y manifestación que tienen sus componentes, de acuerdo a la Constitución.

Fuentes gubernamentales aseguraron que Rodríguez Zapatero considera que la ley de partidos colisiona con el derecho fundamental de reunión en la convocatoria de la asamblea nacional de Batasuna del 21 de enero en Baracaldo. No obstante, el Ejecutivo ha dejado en manos de la Justicia la resolución de esta «controversia jurídica» y respetará su decisión.

Preguntada sobre la solicitud de prohibir el acto de Batasuna formulada por el alto comisionado del Gobierno para el apoyo a las víctimas del terrorismo, Fernández de la Vega considera que se trata de una petición «entendible y respetable», pero puntualizó que ni Gregorio Peces-Barba ni ningún otro miembro del Ejecutivo ha puesto en duda que el gabinete está cumpliendo sus funciones.

Recalcó además que su objetivo no es solo cumplir las normas, sino «hacer cumplirlas, especialmente en el ámbito del terrorismo» en el que, defendió, «hemos utilizado todo el peso de la ley».