Mientras lee este reportaje, millones de personas conectadas a Internet en todo el planeta están 'bajando' ilícitamente archivos de música y vídeo. El volumen es tan brutal que no existe un sólo minuto al día en que dejen de producirse miles y miles de copias clandestinas. En nuestro país, también. España está -por segundo año consecutivo- entre las diez naciones del mundo donde la piratería hace mayores «estragos», según el informe correspondiente a 2005 de la Federación Internacional de Productores Discográficos (IFPI). De hecho, es el único país de Europa que figura en esta lista y ocupa la décima posición, detrás de Paraguay, China, Indonesia, Ucrania, Rusia, México, Pakistán, India y Brasil.

Hay más. Las autoridades estiman que, sólo durante 2003, en nuestro país se produjeron 90 millones de descargas de archivos protegidos por los derechos de autor. Una cifra que palidece ante la que se registró al año siguiente: 270 millones. Es decir, el fenómeno se triplicó en cuestión de meses, descartando cualquier «esperanza» de que remita o, ni siquiera, se estabilice. «Todavía no tenemos los balances del 2005, pero suponemos que se habrán elevado», lamenta Manuel de Benito, el jefe de la Oficina Antipiratería de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Al aumento de personas que obtienen música o filmes 'bajándolos' de Internet se añade otro problema: quienes difunden esos archivos por primera vez. «Hemos constatado que existen más de cuarenta grupos de piratas españoles muy activos», afirma Stéphane Michenaud, director general de CoPeerRight Agency, una empresa multinacional dedicada a la protección de datos en Internet que acaba de instalar su nueva filial en España.

Protección

«Estos individuos son los responsables de la difusión inicial de los ficheros pirateados, crean 'cracks' y eluden la protección de los soportes. Desmaterializan los cedés o DVD y los divulgan en las redes», describe Michenaud, cuya firma investiga este tipo de delincuencia organizada a nivel internacional y pone sus conclusiones a disposición de la Justicia de cada país donde trabaja.

Los datos que aportan las empresas privadas se complementan con los que desvela la propia Administración: durante el 2005, las fuerzas de seguridad desarticularon más de 70 redes de piratas, lo que se traduce en 13.000 actuaciones policiales y casi 3.000 personas detenidas en todo el territorio español. Los Productores de Música de España (Promusicae), a través de su departamento de Investigación y Prevención del Fraude, estiman que el valor de los soportes incautados roza los 70 millones de euros.

Quizá la piratería más visible sea la que desemboca en las ventas ambulantes ilegales -o 'top manta', como también se las denomina-. Sin embargo, está claro que no es la única, porque la 'piratería digital' también existe. Básicamente, consiste en distribuir y obtener, a través de Internet, archivos audiovisuales protegidos por los derechos de autor. En consecuencia, «se trata de un ilícito», apuntan los juristas.

Esta práctica es más novedosa, pues va íntimamente ligada al desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo resulta «devastadora», tanto para la economía como para los propios artistas. El mercado legal español de productos audiovisuales se ha reducido un 40% en el último lustro y los creadores sufren una «seria disminución» en sus ingresos. En consecuencia, «dejan de crear».

«Piénsenlo así -reflexiona un portavoz del Ministerio de Cultura-: Por muy bueno que sea un artista, si no come de su trabajo, acabará dedicándose a otra cosa. La piratería representa un gravísimo perjuicio cultural». Las últimas campañas publicitarias lanzadas desde este gabinete apuntan a «concienciar» a la población para «defender» ese acervo cultural. Pero, como reconocen sus propios gestores, «esta vía por sí sola no alcanza».

La piratería digital encierra varios problemas. Entre ellos, el anonimato de los usuarios, la facilidad de acceso al material y los vacíos legales. Un ejemplo de esto último es que los programas necesarios para intercambiar archivos protegidos son totalmente lícitos. Para ilustrarlo de algún modo, se asemejan a las publicaciones que advierten: «Los contenidos y opiniones aquí expuestas no son responsabilidad de la empresa». Es decir, el proveedor del servicio se desentiende de lo que hagan los clientes con él, critican los productores.

Vía legal

Si no hay vía legal para 'limitar' estos programas, el camino lógico es 'perseguir' a los usuarios que infringen las normas. Pero no es tan sencillo. En este preciso instante hay casi un millón de cibernautas utilizando el 'Edonkey', una de las tres aplicaciones informáticas más conocidas para transferir archivos. Las cifras de clientes, descargas y bites se cuentan con varios ceros a la derecha. El escenario es virtual y abarca todo el mundo.

Los programas 'P2P' que se utilizan para transferir estos documentos registran un tráfico de datos tan fluido, veloz y escurridizo que todos los sectores encargados de la prevención del delito, la defensa de los derechos de autor, la preservación de la industria audiovisual e, incluso, la propia Administración pública han encendido las voces de alerta y se han puesto manos a la obra para frenar un fenómeno que, «desgraciadamente», va en aumento.

Diferentes portavoces de la SGAE, el Ministerio de Cultura, la Guardia Civil y la Policía Nacional coinciden en que «el anonimato» es el problema «más grave» de la piratería digital. No sólo porque dificulta dar con las personas físicas, sino porque, en éstas, «ni siquiera existe la sensación de estar cometiendo un acto ilícito».

«Quien no tenga conocimientos de la propiedad intelectual 'baja' música en su casa y cree que eso está bien», describe Manuel de Benito. «El problema es que todo el mundo está dispuesto a comprar el mejor ordenador y a pagar la mejor conexión a Internet, pero evita gastar en el producto audiovisual. Es igual que pagar la gasolina y los peajes de un coche robado».

La reflexión de los agentes de la UCO, en la Guardia Civil, es similar: «La anomia y el anonimato en Internet tienen consecuencias negativas. Las personas que normalmente no cometerían un delito, lo hacen porque el anonimato les ampara. Por otro lado, si alguien se sentía un 'bicho raro' por tener determinadas tendencias, entra a Internet y descubre que hay millones de personas como él. Eso, sin duda, potencia las conductas delictivas».

En cambio, un factor que potencia la respuesta policial, además del lógico «sentido del deber», es el reconocimiento de los afectados. El miércoles pasado, los productores de música galardonaron a los Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor contra la piratería. El premio, destinado al Cuerpo Nacional de Policía, al departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y a la UCO, fue, «por supuesto», un disco de oro: «Un gesto de agradecimiento por las 13.224 actuaciones realizadas en 2005», según Promusicae.

'Ciberleyes'

La Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil se creó en 1997 y es la «más antigua de España» 'patrullando' ordenadores. Las 'ciberleyes' son, quizá, un poco más tardías. Y ahora se quiere profundizar en el aspecto social. El Ministerio de Cultura admite que «jamás hemos hecho un seguimiento de la piratería digital», pero este año se pondrá las pilas al incluir la incidencia de esta práctica en su «encuesta de hábitos culturales». Su propósito es interpelar directamente al ciudadano con el fin de conocer el calado social y numérico del problema.