El Gobierno regional respiró ayer tranquilo después de conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado que corresponde a la comunidad autónoma de Cantabria y no a la de Madrid la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por las herencias de Emilio Botín Sanz de Sautuola y su esposa Ana María García de los Ríos y Caller. Esta decisión judicial, ya firme, supone que la Administración regional no tendrá que devolver los 63 millones de euros (10.500 millones de pesetas) que ingresó, y ya gastó, procedentes de este impuesto.