La dramática peripecia de Carmen Fernández, esa madre sevillana a la que el Ejecutivo andaluz deberá indemnizar con 1,45 millones de euros, llena muchas páginas. La mujer será compensada por la privación de sus dos hijos durante una década, por la pérdida casi definitiva de uno de ellos -está en situación de acogimiento familiar con carácter indefinido- y por las «graves secuelas físicas y psíquicas» que Carmen Fernández padece hoy. Su experiencia destapa otros procedimientos supuestamente irregulares en casos relacionados con menores tutelados por la Administración.



Carmen Espejo

SEVILLA

«Su único error fue ser pobre»

Hace mes y medio que recuperó a la pequeña. A la mayor la ve desde hace poco en un punto de encuentro familiar. El último fallo judicial que ha dado la razón a Carmen Espejo establece que el acercamiento entre madre e hija debe ser paulatino. «Es muy alta, se parece a mí», dice Carmen. La niña tiene que volver a acostumbrarse a una madre a la que no ha visto en los últimos cinco años. Un psiquiatra independiente cuyo diagnóstico fue clave para que la Justicia se pusiera de su lado ha determinado que la niña «continúa teniendo vinculación afectiva con su madre». La mujer tiene una minusvalía intelectual del 30%, «que no una incapacidad. Está preparada para ser y para hacer de madre», ha concluido el mismo especialista, muy al contrario de lo que sostenía el informe del equipo técnico que, en julio de 2000, arrancó a las dos hermanas de su familia biológica; venía a decir que Carmen no sólo tenía «una gran incapacidad mental», sino que no era capaz de cubrir todas las necesidades de sus hijas.

A Carmen Espejo le quitaron a las niñas cuando pidió el ingreso de las pequeñas en una guardería de la Junta andaluza. Necesitaba tiempo para buscar trabajo. Los abuelos se ocuparían de su manutención. Al cabo de unos meses, los Servicios Sociales le instaban a entregar a sus hijas. El colegio había informado de que Carmen las maltrataba. Que las niñas eran retraídas para su edad, tenían un bajo desarrollo y estaban descuidadas. Hoy se sabe que la mayor tiene una minusvalía intelectual y la menor padece el denominado 'síndrome de Cornelia de l'Ange' -de base genética-, algunos de cuyos síntomas son inhibición, problemas digestivos y autolesiones. «Eran indicios suficientes», advierte su abogado, Enrique Carrasquilla.

«Pero es que aún hay más: a las hermanas las separaron, una medida ilegal», continúa. La pequeña fue ingresada en un centro de menores. La mayor acabó con unos padres preadoptivos. El letrado reclamará en los próximos días una indemnización «muy fuerte», a la Junta por los sucesivos errores cometidos en nombre de Carmen Espejo, sus dos hijas y la abuela. «Una reclamación dividida en cuatro partes, con cantidades dispares -explica-. No vamos por el dinero, pretendemos que las instituciones paguen por el perjuicio cometido».

Carmen ha ratificado en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla una querella por prevaricación, desobediencia, quebrantamiento del deber de custodia y usurpación de las funciones judiciales contra la actual delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta y su antecesor en el cargo. «Queremos que se cumpla el auto dictado el pasado 19 de enero por la Audiencia, en el que se reconoce que no es una mujer incapaz, ni sus hijas habían sufrido desamparo. Su único error fue ser pobre», enfatiza el letrado.

María Rosa González

OVIEDO

«De nada ha servido la sentencia firme»

Enero de 2002. La Audiencia de Oviedo dicta un auto por el que se otorga el acogimiento permanente de la menor a los abuelos. Pero diversos recursos van retrasando esa entrega... Hasta hoy. La niña nació el 15 de diciembre de hace nueve años. Lleva más de la mitad de su vida con sus 'padres' preadoptivos, de Sevilla. Su madre falleció a los 24 años en un accidente de tren. Su padre, toxicómano, murió meses después al volante de su coche. La menor nació con el síndrome de abstinencia y desde su alumbramiento quedó a merced de los Servicios Sociales del Principado de Asturias. Pero, a la muerte de su padre, los abuelos piden acogerla.

«Se llegó a asegurar que lo que los abuelos querían de su nieta era su dinero, ya que le correspondían varios millones de pesetas tras el fallecimiento del padre en accidente», ilustra su abogado, Andrés Martínez. «Nada más lejos de la realidad. Los abuelos presentaron un escrito firmado en el Principado en el que renunciaban a administrar los bienes de la pequeña y a cualquier cantidad que les pudiera corresponder». La Fiscalía de Menores ha mostrado su apoyo a que la menor regrese con sus abuelos maternos. Pero el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia siempre ha apelado al «bienestar de la menor» para interponer diversos recursos en contra de la entrega. «Los abuelos son demasiado mayores para cuidarla», determinó en su día. De nada parece haber servido la existencia de un fallo firme que obliga a devolver a la pequeña.

«Ni a la familia que tiene a la menor en preadopción, ni a la Consejería de Bienestar Social del Principado les han importado nunca los intereses de la niña. Pudieron cumplir en su día el fallo de la Audiencia, pero optaron por una huida hacia adelante, con lo que se está causando un daño irreparable a la menor», aprecia el letrado.

Y precisamente en el tiempo transcurrido se apoya la magistrada Begoña Fernández, que mantiene el caso paralizado. «Las conclusiones de los informes de los servicios de adopción y acogimiento tanto de Andalucía como del Principado desaconsejan de plano una inminente salida de la menor del entorno familiar en el que se encuentra. La desestabilización de la niña sería, si cabe, mayor», justifica. «Nadie sabe lo que estamos sufriendo», lamenta María Rosa González, la abuela de la pequeña. ¿La salida? Los abuelos han presentado una querella contra la Consejería de Bienestar Social, a la que acusan de no cumplir la sentencia dictada hace cuatro años. «Entre todos pagaremos lo que la Administración ha hecho mal», opina Andrés Martínez.

Sorina Branzei

TUDELA

«Es como una muerte en vida»

A Sorina Branzei es difícil arrancarle una sonrisa para tomarle la foto. Con los ojos llorosos, mira la cuna de su hijo Adrián. Vacía. Casi un año sin usar. «Es como una muerte en vida», se duele. La mujer estudió tres años de Ingeniería de Medio Ambiente en su país natal, Rumanía, pero trabaja como empleada de hogar con contrato fijo en Tudela, y cuida a una niña. «Nunca hemos podido demostrar ninguna acción que no sea su buen hacer en el trabajo encomendado, tanto en la asistencia y educación diarios de la niña, como en sus tareas del hogar. Es más, no sólo la niña se siente a gusto con ella, sino que además la educa en los mismos valores que nosotros intentamos educarla», dicen de ella sus empleadores. También hay buenas palabras para Florín Calín, el marido de Sorina, en la empresa de construcción donde se gana el salario: «Trabajador ejemplar, con una gran discreción y respeto...».

«Nuestro único error fue quizá no conocer el idioma», trata de justificarse la mujer. Adrián nació sano, pero prematuro. Su aparato respiratorio estaba inmaduro y durante los primeros meses de vida pasó entre médicos más tiempo que en casa. Ninguno de los especialistas vio jamás nada extraño en el cuerpo del bebé que no fueran las secuelas de su condición de prematuro. Aquel día, Adrián se atragantó al tomar el biberón. Su padre le hizo un masaje y el boca a boca y el pequeño reaccionó. Pero, aún angustiados, acudieron al Hospital Reina Sofía de Tudela. Una enfermera se llevó al bebé y no han vuelto a verle.

«Tuvimos que rellenar unos tests psicológicos. No entendíamos las preguntas. Estaban en castellano, nadie nos dio ninguna explicación. Hicimos lo que pudimos», recuerda Sorina. Aquella noche volvieron a casa sin Adrián. «Dijeron que éramos unos maltratadores. Que el niño tenía fracturas por el cuerpo». La tutela pasó de inmediato a manos de la Administración.

La trabajadora social y el psicólogo clínico del Centro de Salud Mental de Tudela que han evaluado a la pareja han determinado que la medida de desamparo dictada sobre el menor «es desproporcionada en relación a los indicios existentes». Vicente Ilzarbe, párroco que conoció a Sorina y Florín a su llegada a Tudela, ha escrito de su puño y letra una carta a la juez que determinó la retirada del bebé. Dice: «En mis años de sacerdote, me ha tocado vivir de todo y la vida me ha enseñado a discernir entre unas personas y otras. Quisiera manifestar, con el corazón en la mano, que mis feligreses y, sobre todo, amigos, Sorina y Florín, son unas excelentes personas en todos los sentidos y que yo pongo la mano en el fuego por ellos».

«En abril salió el fallo del desamparo. En el juicio se mencionó la existencia de nuevas fracturas. ¿Cómo es posible?», se preguntan los padres. Llaman cada día al centro de menores de Pamplona donde está acogido el niño. «Nos hemos perdido sus primeros pasos y, quizá, sus primeras palabras», llora la madre.