Los magistrados, jueces y fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar el conocimiento «suficiente y adecuado» del catalán y el derecho propio; pero el Estatuto de autonomía que ahora se debate en el Congreso no considerará su manejo un «requisito» indispensable para acceder al cargo. La comisión constitucional acordó ayer dejarlo como un «mérito» que se valorará «específica y singularmente» en los concursos pertinentes.