Se trata de la primera vez en la actual legislatura en la que la oposición acompaña una enmienda a la totalidad de un texto alternativo, algo que se debe, entre otras cosas, a que el PP asegura estar "comprometido con la solución real" del problema de las listas de espera y tener un modelo "mucho más ambicioso y claro" que el del Ejecutivo autonómico.
La diputada regional y secretaria general del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, expuso hoy los principales contenidos del texto planteado por su grupo, que contrapuso con un proyecto de ley que "no es más que una declaración de intenciones con la que se pretende ir ganando tiempo y seguir demorando injustificadamente el abordaje" del problema.
Una de las principales diferencias entre el proyecto de ley y el texto alternativo de los 'populares' son los plazos máximos de respuesta establecidos. El PP propone que el tiempo de espera para una intervención quirúrgica no exceda de 45 días (180 en el texto del Gobierno), para el de consultas de especialistas establece un máximo de 10 días (60 en el proyecto de ley) y para las pruebas diagnósticas fija un máximo de 7 días de espera (30 en las previsiones del Ejecutivo).
En definitiva, se trata de cumplir los plazos "comprometidos" tanto por el PSOE como por el PP en sus respectivos programas electorales, en lugar de fijar unos plazos "inadmisibles" como hace el proyecto de ley, el cual establece, a juicio de la diputada, unos tiempos que "superan en algunos casos" los actuales y constituyen "los peores plazos" que ha habido en la historia de la sanidad cántabra.
Además, la propuesta del PP compromete esos plazos para todos los procesos, frente al proyecto de ley que, según denunció Sáenz de Buruaga, "se limita a determinados" procedimientos quirúrgicos, consultas y pruebas, de forma que "excluye", por ejemplo, la cirugía maxilofacial o las consultas y pruebas de control y seguimiento.
PLAN DE REDUCCIÓN DE LISTAS
Del mismo modo, el proyecto redactado por los 'populares' "obliga" al Gobierno a presentar en el plazo de un mes un plan integral de reducción de listas de espera, porque el PP "no se conforma" con comprometer "una supuesta garantía", sino que apuesta por poner una mejor gestión, recursos y presupuesto al servicio de los profesionales.
En este sentido, Sáenz de Buruaga explicó que el plan de reducción de listas deberá incluir "medidas globales, integradas y consensuadas con los profesionales", acompañado todo ello de presupuesto. Según las estimaciones del PP, la financiación necesaria estaría en torno a seis millones de euros anuales.
LIBRE ELECCIÓN Y GARANTA DE OFICIO
El texto de los 'populares' también quiere consagrar la libre elección de los pacientes, para que puedan decidir, una vez rebasados los tiempos máximos de espera, en qué centro quieren ser operados, ya sea público o privado, de la región o de fuera de ella.
Según lamentó Sáenz de Buruaga, con el proyecto de ley del Gobierno la única garantía que se ofrece es la "derivación" al ámbito privado, algo que, en la práctica, implicará enviar a los usuarios fuera de la región, ya que se señala una incompatibilidad que impide a los profesionales de la sanidad pública atender a esos pacientes en el ámbito privado y la mayor parte de los profesionales que trabajan en la sanidad privada son también de la pública.
Por otro lado, el PP se propone terminar con la "burocratización" de las listas de espera que se deriva del proyecto de ley del Gobierno y aboga por que sea la propia administración la que actúe "de oficio" y se ocupe de incluir al paciente en el registro de lista de espera automáticamente.
La propuesta 'popular' replantea asimismo el derecho a la información recogido en el proyecto de ley, porque, a juicio de Sáenz de Buruaga, el Ejecutivo "parte de una concepción absolutamente raquítica" de dicho derecho y "consagra por ley el ocultismo y la falta de transparencia". Frente a ello, el PP propone un sistema de información "accesible a todos los ciudadanos" y "personalizado para cada usuario de forma personal y confidencial".
ELABORACIÓN
Este texto alternativo presentado por el Grupo Popular se ha elaborado teniendo en cuenta las experiencias de otras comunidades y, por ejemplo, en el caso del sistema de información se toma como referencia el de la Comunidad de Madrid; mientras que en cuanto a la libre elección, la inspiración se encuentra en la regulación de Castilla La Mancha.
Según destacó Sáenz de Buruaga, el texto es el "resultado de un debate plural y participativo" en el que se ha contado con los ciudadanos y los colectivos profesionales, algo que lo diferencia del proyecto de ley del Gobierno, que "nace al más puro estilo" del Ejecutivo, es decir, "al dictado de la consejera (Charo Quintana) y ajeno a todo tipo de participación social y consenso profesional".
La diputada recalcó finalmente que el documento remitido por el Gobierno al Parlamento "parte de la renuncia a mejorar la sanidad pública" y no tiene entre sus objetivos la reducción de las listas de espera. En su opinión, el PSOE "no cree en una sanidad pública sin listas de espera y por ello" intenta que la sociedad se "acostumbre a vivir con ello" y "predica la resignación".
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