El portavoz del Consejo Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, se mostró ayer convencido de que el «PP pagará muy caro los escándalos que envuelven a José Manuel Medina en el Ayuntamiento de Orihuela y que el presidente del PP, Francisco Camps, consiente con su manifiesta pasividad». González se refería así al escrito remitido por el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, al juzgado de Orihuela en el que pide que se investigue al alcalde, José Manuel Medina (PP), y a otros concejales y empresarios por presuntas irregularidades económicas y urbanísticas.

Según el portavoz socialista, «es absolutamente inadmisible e inconcebible que el máximo responsable del PP en esta comunidad sea incapaz de tomar decisiones políticas contundentes ante la gravedad de las circunstancias puestas de relieve en su informe por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante». Asimismo, considera que Rajoy «está obligado a hacer que se depuren las responsabilidades políticas pertinentes». El también diputado al Congreso del PSOE señaló que «el Fiscal Anticorrupción ha detectado irregularidades en el ayuntamiento que preside Medina y, al margen de las actuaciones judiciales que de ello puedan derivarse, los ciudadanos de Orihuela necesitan una respuesta política clara».

En ese sentido, González no dudó en asegurar que Camps, que es también presidente de la Generalitat valenciana, tiene mucho que decir sobre Orihuela y sobre Medina», y recordó que hace unos meses «le dio su cariño, confianza y cercanía, es decir, le dio su apoyo político y ahora, ante la nueva situación creada por las investigaciones de la Fiscalía, hay que saber si le sigue apoyando o si le retira su confianza política». Asimismo, consideró que «si le sigue apoyando, tendremos otra prueba manifiesta de que al presidente del PP la ética le importa bien poco, amén de ser una prueba palpable de su profunda debilidad política».

Petición del fiscal

El fiscal ha pedido al juez que investigue al alcalde y a cinco concejales del PP, así como a varios promotores y empresas adjudicatarias de recogidas de basuras, al apreciar indicios de delito por malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias, en 30 actuaciones municipales. El PSOE recuerda que el alcalde «vive en un chalet y conduce un Rolls Royce, que son propiedad de un promotor local al que recalificó suelo». El fiscal abrió la investigación hace seis meses a raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades contables y urbanísticas.