Si la nueva teoría del Tribunal Supremo respecto a la acumulación de causas había supuesto un fuerte contratiempo para el llamado 'proceso de paz' en la medida que impide la excarcelación, en breve, de importantes etarras como Parod, Santi Potros y varias decenas de presos más, las detenciones de dirigentes de Batasuna en estos últimos días han venido a agravar las relaciones entre el Gobierno y el entorno de ETA.

Al margen de la constitución de las dos mesas trabajo, propuestas por Otegui, en las que se debatiría sobre el nuevo Estatuto vasco y se decidiría el futuro de ETA, se daba por supuesto que Batasuna podría funcionar a pesar de la Ley de Partidos gracias a la buena disposición de los fiscales. Pero las supuestas previsiones han fallado: un solo juez ha bastado para echar abajo la torre de naipes. El juez Marlaska no había sido previsto ni por Zapatero ni por Conde Pumpido ni por supuesto por ETA, que se ha sentido defraudada. Por esta razón hemos podido oír sus advertencias estos últimos días: o el Gobierno termina con la «represión -ha declarado- o no avanzarán las negociaciones».

De esto se deduce que ETA no está dispuesta a abandonar las armas si el Gobierno sigue poniendo en práctica la Ley de Partidos, esto es, si sigue deteniendo a los dirigentes de Batasuna. Como se ve, pretende que sea el Gobierno el que primero mueva ficha. Es ETA la que pone precio al cese de la violencia. No al revés.

Esta inversión de condiciones es muy reveladora de los principios que rigen las relaciones entre el Gobierno y ETA y lo es, por tanto, de la tristísima imagen que va a ir dando aquel en los próximos meses. Por lo que se ve, ETA no sólo no acepta aparecer como la parte derrotada sino que va a pretender en todo momento que sea el Gobierno quien haga concesiones. Y es lógico ¿acaso no ha sido el gobierno de Zapatero el primero en mostrar el deseo -la necesidad incluso- de una tregua de paz? Hace más de un año José Luis R. Zapatero comenzó a insinuar las excelencias que tendría una tregua; posteriormente y a medida de que no cesaban los atentados ha ido advirtiendo que la paz sería costosa pero que ya podía asegurar que estábamos «en el comienzo del principio del final» y es en estas cuando el juez Marlaska impide la celebración de un congreso de Batasuna (ETA) y hace unos días la detención de los organizadores de la huelga.

Como cabía prever, al reconocer como igual a ETA y al poner los planteamientos de esta al mismo nivel que los del Gobierno, Zapatero se ha puesto en manos de aquella. Ha dejado que aquella ponga las condiciones y establezca los plazos. Quien está obligado a dar cuenta de los resultados, esto es, de la tregua, es Zapatero, ha sido este, y no ETA, quien ha hecho la promesa.

Lo he dicho y lo he escrito en más de una ocasión: al prometer la paz tras un proceso de negociaciones, el comprometido con la sociedad es Zapatero. ETA tendrá las manos libres para arrastrarlo.

Por cierto, el Ministerio del Interior no ha detenido a un solo etarra en territorio español.