La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha decidido abrir estas diligencias porque considera que los hechos que Revilla imputa a Diego "tienen apariencia de ser constitutivos de delitos de calumnia o injurias", y porque le compete a ella investigarlos, dado que el presidente del PP es aforado, por su condición de parlamentario.
No obstante, el TSJC también ha decidido no conceder por el momento a Miguel Angel Revilla la condición formal de querellante, debido a un error "subsanable": el presidente todavía no ha designado a un procurador que lo represente en este procedimiento.
Ese defecto de forma en la representación legal del presidente, añade la Sala en su auto, "no impide la admisión a trámite del escrito presentado como si de una denuncia se tratase, al tener los presuntos delitos imputados la naturaleza o carácter de públicos".
Revilla acusa en su querella a Diego de haber cometido posibles delitos de calumnias e injurias al denunciar públicamente que ha favorecido a un empresario amigo suyo con el plan singular de interés regional (PSIR) que el Gobierno de Cantabria tramita para construir un millar de viviendas sociales entre Camargo y Bezana.
El pasado 17 de marzo, el presidente del PP aseguró en una conferencia de prensa que el Gobierno de Cantabria había hecho que "a un tonto le tocase la lotería" con ese PSIR, que convertía en edificables unos terrenos rústicos comprados meses antes, según su información, por un empresario cuyo nombre entonces no citó.
"¡Qué casualidad, el tonto compra suelo protegido y le toca la lotería! Eso sí, el número del tonto lo escoge el Gobierno", dijo.
EL NOMBRE
Dos semanas más tarde, el 31 de marzo, el presidente del PP explicó en otra conferencia de prensa que el empresario favorecido, según él, por esa operación era Miguel Angel Iglesias, al que describió como amigo personal de Revilla y como propietario de "la televisión conocida como la del PRC", en alusión a Telebahía.
También apuntó que la operación urbanística que permitirá construir esas viviendas la diseñaron Revilla e Iglesias "sentados a la mesa de un conocido restaurante de Santander".
El 3 de abril, Diego insistió en su denuncia durante una intervención ante el Parlamento de Cantabria , en la que defendió que ese PSIR es "la tapadera" de una operación urbanística de "gran envergadura" en la que personas próximas al Gobierno pueden estar enriqueciéndose mediante el uso de información privilegiada.
Para investigar si esas afirmaciones del presidente del PP constituyen o no delito, el TSJC ha designado, por turno, a Santiago Pérez Obregón, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal que fue nombrado en 1998 a propuesta del Parlamento de Cantabria.
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