La Junta de Andalucía anunció ayer que ejercerá de acusación particular en las causas penales abiertas a raíz de la llamada 'operación Malaya', que destapó una trama de corrupción dirigida desde el Ayuntamiento de Marbella. El Gobierno autonómico pedirá «en el momento procesal oportuno» que los bienes intervenidos, cifrados en unos 2.600 millones de euros, «puedan aplicarse a la restitución del daño patrimonial» padecido por la ciudad.

Estas medidas fueron anunciadas por el consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrías, en un debate en el Parlamento regional sobre la situación generada a raíz del encarcelamiento de la alcaldesa marbellí y sus principales colaboradores. El 'número dos' del Ejecutivo andaluz anunció también que planteará a la cámara que «acorte» los plazos para retirar al Ayuntamiento de Marbella las competencias urbanísticas.

Partido Popular

El PP anunció que se ha personado como acusación popular en el sumario sobre la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, y que estudia las vías legales para que el valor de los bienes incautados revierta a las arcas municipales. La portavoz del PP en el Consistorio marbellí, Ángeles Muñoz, informó en un comunicado de la personación de su grupo, que formalizó ayer su abogado con la presentación de un escrito ante el Juzgado. Con esta medida, Muñoz aseguró que el PP continúa «la misma línea de trabajo» del partido en los últimos años, que le llevó a personarse en otros dos casos de presunta malversación de caudales públicos.