Una vez se apruebe la ley, el Gobierno tendrá un plazo de un año para desarrollar el Reglamento que defina cuáles son las zonas de la región con mayor y menor "vulnerabilidad" a la contaminación lumínica, las prescripciones técnicas que deberán cumplir los elementos de iluminación y el régimen horario. Aunque para adecuar técnicamente las instalaciones se dará un plazo máximo de ocho años, el régimen horario habrá de cumplirse inmediatamente.

Para quienes no cumplan las indicaciones la ley prevé tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves, con importes que oscilan entre los 150 y los 30.000 euros y que pueden conllevar incluso la desconexión y precinto de la instalación.

Los fondos recaudados a través de sanciones, unidos a otras aportaciones con cargo a los presupuestos y recursos de otras administraciones servirán para crear un fondo económico con el fin de apoyar campañas de sensibilización y establecer ayudas y subvenciones de cara a la adecuación de las instalaciones.

El consejero de Medio Ambiente, José Ortega, acompañado del director general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre, presentó hoy el proyecto de ley que, a su juicio, es "novedoso" y, al mismo tiempo, "prudente". En sus palabras, esta futura ley manifiesta además el "compromiso del Gobierno de Cantabria y de la Consejería de Medio Ambiente con la protección del territorio y del paisaje".