Cuando, el 19 de marzo de 1912 las Cortes Españolas reunidas en Cádiz promulgaron la primera Constitución española, la 'Pepa', Agustín Argüelles, uno de sus artífices, la mostró al pueblo diciendo «Españoles, ya tenéis patria». El propio Argüelles tendría posteriormente ocasión de comprobar que la implantación de un régimen constitucional no iba a resultar un proceso fácil, deportado, primero, a Ceuta y, posteriormente, durante la 'década ominosa' de Fernando VII exiliado en Inglaterra para evitar que se cumpliera la pena de muerte que pesaba sobre él, por defender el régimen constitucional frente a la restauración del Antiguo Régimen.

En 1978, cuando las Cortes Generales aprobaron nuestra vigente Constitución, no consta que ninguno de los representantes populares imitara el gesto de Argüelles, pero bien podrían haberlo hecho. La Constitución de 1978 configuraba una nación, fundamentada en la libertad e igualdad jurídica de sus ciudadanos y en el imperio de la Ley, como expresión de la soberanía popular.

Esa magnífica realidad ha sido desconocida por todos, políticos y ciudadanos de a pie. No puede negarse que buena parte de esa responsabilidad debe atribuirse a la dictadura del General Franco. La utilización desvergonzada de España como arma arrojadiza contra el discrepante político determinó la devaluación del patriotismo como valor cívico. Este patriotismo excluyente, que no era valor cívico sino, como decía Oscar Wilde, «virtud de los depravados» ha tenido efectos perversos sobre nuestra convivencia.

Todo lo anterior explica, pero no justifica, la incuria que ha existido en la reconstrucción de un concepto de patriotismo no excluyente, fundamentado en los valores constitucionales, que, como he dicho, son valores de libertad y de igualdad jurídica de los ciudadanos. De la utilización interesada del concepto, realizada por gentes con pocos escrúpulos y ningún respeto por el país que manifestaban amar apasionadamente (eso sí, bien envueltos en profuso 'merchandising' rojigualda), la derecha heredó un profundo complejo y la izquierda un total desapego, que durante años han abocado al sentimiento de ser español al ámbito de lo vergonzante. Durante mucho tiempo, en España hemos incurrido en la inexactitud (por incompleta) de proclamarnos sólo castellanos, catalanes o gallegos, o en la cursilería de afirmar que somos ciudadanos del mundo o patriotas de la libertad.

En estas circunstancias, el discurso nacionalista ha adquirido una relevancia injustificada, tanto por el hecho evidente de que en la disputa sólo hablaba una parte, como en la atribución generalizada de un incomprensible plus de legitimidad a sus ideas, que ha provocado que los políticos nacionalistas puedan realizar las más delirantes afirmaciones con plena impunidad (intelectual, se entiende), mientras que quien tímidamente aventura una defensa de su condición de español es automáticamente etiquetado como 'nacionalista español', con la correspondiente carga peyorativa.

En la legislatura anterior se produjo un esperanzador intento de recuperar el orgullo nacional. El presidente del Gobierno acuñó el bienintencionado pleonasmo del 'patriotismo constitucional', y se generalizó un discurso reivindicativo de un patriotismo ciudadano y no excluyente, asentado sobre la realidad constitucional y sus principios. El PSOE tuvo en este proceso un destacado protagonismo. Figuras como Rosa Díez o Nicolás Redondo Terreros (por mencionar sólo a algunos de los que se han jugado el tipo defendiendo estos planteamientos en un entorno abiertamente hostil) se han ubicado en la mejor tradición de referentes históricos del Partido Socialista como Indalecio Prieto o Julián Besteiro.

El intento tenía un notable interés, en tanto ponía, por así decirlo, en valor nuestro más importante activo ciudadano, la Constitución de 1978, que articula un espacio en el que no se contempla la exclusión, sino que articula mecanismos suficientemente flexibles para que todos puedan sentirse cómodos, bien entendido que aceptando los valores básicos de la democracia liberal expresados en el Estado de Derecho. Se articulaba, en definitiva, un concepto de España como nación en un sentido moderno, como nación ética, articulada, indudablemente, como consecuencia del devenir histórico, pero consagrada, en último extremo, por constituir un espacio de libertad y respeto del individuo.

Este proceso ha quedado truncado tras las últimas elecciones. Su expresión más acabada, lo constituye a mi juicio el Estatuto catalán, recientemente aprobado por el Congreso.

La lectura del Estatuto suscita una honda preocupación. No sólo por el hecho de que las Cortes Generales reconozcan a la nación catalana (que es lo que ha ocurrido, pese a las perífrasis con las que, durante el proceso de negociación, se ha adornado la afirmación, incurriendo en una más que notable falta de respeto a la ciudadanía, a la que, literalmente, se ha pretendido engañar con ejercicios de nominalismo simplón), sino por la alarmante aceptación de conceptos superados, no ya desde la Constitución vigente de 1978, sino desde la propia Constitución de Cádiz.

Porque lo que se ha consagrado, es un concepto de nación romántico, más propio del Antiguo Régimen (el propio presidente del Gobierno se apuntó al movimiento exponiendo ante los alumnos de un colegio esa idea, absolutamente periclitada en el mundo globalizado actual, de 'nación cultural').

En definitiva, en una demostración de indigencia intelectual alarmante, se ha hecho tabla rasa de la Revolución Francesa, de Sieyés y de Montesquieu, de los principios que inspiraron la Revolución americana e incluso de nuestra nunca bien ponderada Constitución de 1812, del liberalismo político que consagró la libertad de los individuos y el respeto a las leyes como fundamento de la nación, y se ha optado por dar carta de naturaleza a planteamientos muy gratos al nacionalismo, a un concepto de nación cultural, históricamente necesaria, y lo que resulta más peligroso, trascendente a los individuos que la componen (que abandonan esta elevada condición para convertirse en meros sumandos de esa realidad unitaria). Estos planteamientos, en los que el colectivo se configura como un fenómeno históricamente necesario, han sido probados en Europa en el siglo pasado, con las desastrosas consecuencias de todos conocidas.

Sentado lo anterior, el Estatuto de Cataluña no puede ser otra cosa que intervencionista, porque en la filosofía de quienes lo han redactado, el ciudadano debe quedar subordinado al conjunto, a esa realidad trascendente que es la 'nación catalana'.

No es posible, en estas circunstancias, permanecer impasibles. Al hilo de la aprobación del Estatuto catalán, los apóstoles del localismo han empezado a reivindicar modificaciones legislativas que reconozcan sus pretendidos hechos diferenciales respectivos. Se han articulado explicaciones pseudo-históricas para justificarlas, y en algunos casos, en el colmo del absurdo, se han puesto sobre el tapete aspiraciones territoriales basadas en presuntos derechos históricos. En un proceso alarmante, algunos pretenden reubicar a nuestro país en el medievo.

En algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía y Canarias, ya se ha formulado la idea de seguir la senda del Estatuto catalán, postulándose como naciones (la segunda abiertamente, la primera con la perífrasis -otra vez nominalismos de andar por casa- des 'realidad nacional'), e incluso en Cantabria ya se ha patrocinado la aprobación de un nuevo Estatuto que articule un nuevo sistema de financiación, asuma nuevas competencias - cuando sería más lógico instar a nuestros representantes a agotar las posibilidades del vigente- y, naturalmente, porque si no la propuesta no seguiría el signo de los tiempos, potenciar las señas de identidad del pueblo cántabro. Con, a mi juicio, buen criterio, el presidente Revilla ha manifestado que el tema no es prioritario.

Estamos asistiendo a un proceso donde la irresponsabilidad va de la mano de la indigencia intelectual. A muchos les resulta muy rentable subirse a este carro, puesto que, poniendo por delante reivindicaciones nacionalistas o, directamente, nacionales, pretenden suscitar debates que no están en la sociedad, como muestran bien a las claras los estudios demoscópicos, pero que resultan muy útiles para desviar la atención de los auténticos problemas. No se dan cuenta (o, lo que sería peor, no quieren darse cuenta), de que el precio de este proceso lo acabarán pagando los ciudadanos en términos de libertad y derechos.

La defensa de la nación española no es, como se nos intenta hacer creer interesadamente, un intento de perpetuar una construcción artificial y opresora. La nación española existe porque en 1978 los españoles decidimos. Porque los españoles somos ciudadanos, individuos libres e iguales ante la Ley, con capacidad para decidir nuestro futuro. A quienes quieren hacer de la nación española moneda de cambio convendría recordarles lo que decía la benemérita Constitución de 1812: «La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona».

Frente a esa 'España de los pueblos', medieval, anclada en conceptos periclitados como los pretendidos 'derechos históricos', cantonalista y que subordina al ciudadano a realidades políticas que le trascienden, es preciso reivindicar la España constitucional, moderna e integradora, erigida sobre la primacía del individuo, el respeto de sus derechos y el imperio de la Ley.

España es una nación, afortunadamente para nuestra libertad. No es posible, ante el Estatuto catalán, permanecer impasibles. Al hilo de su aprobación los apóstoles del localismo han empezado a reivindicar modificaciones legislativas que reconozcan sus pretendidos hechos diferenciales