El ruido es en numerosas ocasiones motivo de diferencias entre los miembros de una comunidad de vecinos. Éste ha sido también motivo de conflicto entre los ocupantes de dos chalés pareados del barrio castreño de Santa Ana ocupados por un particular y una guardería. El jardín de infancia fue clausurado el pasado 13 de abril por orden municipal, «por excesivo ruido», según cuenta Nuria una de las educadoras del centro. La Policía Local llegó sin notificación previa e informó, con los cuarenta menores en el interior, «que el centro iba a ser cerrado por orden municipal». Las cuidadoras pidieron a los agentes que les dejasen tiempo para avisar a los padres y los efectivos desplazados al lugar retrasaron el cumplimiento de la orden hasta la noche. Según cuenta Nuria, los propietarios de la guardería pusieron en marcha las medidas correctoras solicitadas por los técnicos de Medio Ambiente de forma inmediata. Así, se instaló un tatami en el suelo y placas de pladur en las paredes.

Las reparaciones se realizaron en Semana Santa y después del periodo vacacional, «los técnicos regresaron y nos pidieron que los niños volvieran a la guardería y durante tres horas, les hicieron correr y cantar para comprobar el nivel de ruidos».

Dictamen favorable

La medición del sonido arrojo resultado favorable: no se superaban los decibelios permitidos pese a que el nivel de ruido era más alto que en circunstancias normales, según las trabajadoras. Éstas, temen que la propietaria no pueda aguantar la presión económica que está produciendo esta situación.

«El coste de la insonorización es de 30.000 euros. Además, las clases no se han reanudado y el Ayuntamiento, a pesar del dictamen favorable de Medio Ambiente, retrasa resolver sobre la apertura», critica Nuria.

Las cuatro trabajadoras esperaban ayer conocer los pormenores del encuentro que mantuvieron ayer todas las parte implicadas. Las educadoras reclaman al Ayuntamiento que permita, cuanto antes, reanudar la actividad en la guardería.

Urbanismo

El conflicto vecinal fue debatido ayer por la Comisión de Urbanismo. Todas las partes estaban presentes, incluidos los padres de los niños, que son víctimas de la situación. El encuentro se desarrollo en un clima de tensión. Según Nuria Conde, la denunciante propuso la propietaria de la guardería que comprase el chalet próximo.

Después más de tres horas y media de reunión, finalmente el Consistorio adoptó una solución salomónica: «deja que sean los particulares quienes lo resuelvan» aunque levantará la orden de cierre en los próximos días.