"El hecho de que haya una ley, desgraciadamente no exime de que alguien sea un chorizo y haga un fraude", comentó el consejero, quien reconoció que el Gobierno PSOE-PRC ha tenido tres años para redactar una ley regional de cooperativas y no lo ha hecho, pero "otros (por el PP) han tenido ocho años y tampoco lo han hecho", apostilló.

Respecto al "uso incorrecto del marco jurídico", explicó que la Ley de Cooperativas nacional establece que una sección de crédito de una cooperativa únicamente puede conceder créditos a cooperativistas, y la de Monte "ha dado créditos a empresas de fuera" de la entidad, dijo. Asimismo, la legislación estatal establece que el volumen de créditos no puede ser superior al 50% de sus recursos propios "y aquí se han pasado tres pueblos", aseveró.

El consejero reconoció que "el hecho de que no haya controles hace más fácil el fraude". De esta forma, señaló que la existencia de una ley regional de Cooperativas "hubiera ayudado" en el sentido de que "habría más mecanismos de control, pero eso no evita que alguien trate de eludir la ley", insistió.

Agudo, que este mediodía se reunió por primera vez con la plataforma de afectados de la Cooperativa de Monte, reiteró la "disposición" del Gobierno a involucrarse en el asunto pero auguró que será un proceso "largo" en el que ahora mismo "estamos en una fase muy preliminar".

En este sentido, explicó que lo primero que hay que hacer es "saber de qué estamos hablando" y "clarificar" numerosas cuestiones relacionadas con el patrimonio de la cooperativa, los responsables de la misma, las situaciones concretas de los afectados, etc.

EL TRABAJO TECNICO, PARA LA CEP

"Va a haber muchas reuniones, muchos contactos, muchas investigaciones" para clarificar la situación, señaló Agudo, quien explicó que la empresa pública CEP Cantabria se hará cargo de todo este trabajo técnico y de la interrelación con afectados, abogados e interventores judiciales.

"Queda un largo camino por recorrer, porque estamos hablando de situaciones complejas que, desgraciadamente, no se solucionan de hoy para mañana", dijo el consejero, a lo que añadió que los afectados pueden tener "la seguridad de que el Gobierno va a actuar y va a estar con ellos, pero eso no quiere decir que el problema se va a resolver en dos días", reiteró.

Por último, explicó que la intervención del Gobierno en este asunto persigue una doble finalidad: por un lado, la "garantía" de que los afectados "no van a ser desatendidos" y por otro, "que quien sea el culpable pague con la culpa hasta las últimas consecuencias".