Resulta extraño que a nadie se le haya ocurrido todavía que hay que crear una Comisión para que investigue el turbio asunto de la «inversión» en sellos y, de paso, para todas esas formas no reguladas de premios, regalos, sorteos, puntos y demás zarandajas que sirven como señuelo para que muchos incautos entreguen sus ahorros.

Que los dirigentes de cualquier país crean una «comisión» cuando no tienen ninguna intención de solucionar un problema se sabe mucho antes de que se le ocurriera a Napoleón. Porque los miembros que la componen, agradecidos por la distinción, deseosos de perpetuarse en ella por relevancia social y obligados moralmente a demostrar sus extensos conocimientos, se dedican a analizar con lupa hasta el detalle más nimio y a repartir responsabilidades políticas pero no a resolver las cuitas de los afectados. Por eso, dado el gran éxito de la fórmula, todos los años se crea una comisión y cada década, más o menos, se olvida un problema.

¿Recuerda alguien para qué sirvieron las comisiones de investigación sobre el aceite de colza, en 1981; Rumasa, en 1983; financiación de partidos políticos, en 1984; tráfico de influencias, en 1989; y las más recientes sobre compraventa de terrenos de RENFE, Luis Roldán; Mariano Rubio, privatización de Intelhorce, expedientes de la Agencia Tributaria, fraude del lino o Gescartera?

Las comisiones de investigación no resuelven jamás ningún problema pero tranquilizan muchas conciencias confusas. Y algo habrá que hacer antes de resignarnos a ver cómo acaban en el zulo de una urbanización de lujo, junto a una discoteca y un balneario privado, diez millones de euros en billetes, se supone que en espera de ser invertidos por sus captores en algo que rente más de lo que ofrecen a sus clientes. Por ejemplo un blanqueo de dinero y una escapada a un paraíso fiscal. ¿O preferimos pensar que los 100 millones de billetes de 500 euros que hay en circulación en España se reproducen en la oscuridad de un agujero?