El maltrato infantil siempre ha existido, pero la universalización de los servicios asistenciales que conlleva el Estado de Derecho ha propiciado que el delito pierda sus parapetos.
Lo dice Javier Dávila, responsable del servicio de atención a la infancia del Gobierno regional (Dirección General de Servicios Sociales), y lo hace desde el desvelo que se supone a todo aquel ocupado -y preocupado-, en atajar un hecho para el cual no se adivinan atajos más allá de la prevención y la detección precoz.
Los datos hablan por sí sólos y generan vértigo: los casos de maltrato infantil crecen un diez por ciento cada año en Cantabria -«quizá no haya más, pero la cifra aumenta por la escolarización más temprana de los niños y la implantación de UBAS»- . ¿Cuántos? Entre 150 y 200 expedientes cada doce meses.
«Detectamos más casos en las zonas urbanas y las clases sociales más bajas», explicó Dávila, que también alertó acerca de una nueva casuística de agresión: aquellas que se producen en el seno de las familias inmigrantes o monoparentales. Eso sí, la víctima siempre es la misma. Un niño o una niña, porque no hay sexos, y «cuanto menor, peor», añadió. «Claro que ha habido casos de chicos agredidos por sus padres adoptivos. También se dan. Son niños que tienen su historia particular, y el encaje a veces es complejo», concluyó.
Plan de la Infancia
El Gobierno y las comunidades autónomas destinarán este año 34.000 millones de euros para lograr algunos de los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009), que persigue, entre otros, que uno de cada tres niños de 0 a 3 años tenga plaza en una guardería pública o concertada en el 2009.
El Plan, aprobado ayer en el pleno del Observatorio de la Infancia, «ha estado presidido por el consenso» de todas las administraciones, instituciones y ONG y persigue garantizar la seguridad y el bienestar de los niños, afirmó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce.
Según Valcarce se ha puesto sobre todo el acento en educación y en dependencia y en el cumplimiento del llamado objetivo de Lisboa, que fija que las guarderías para niños de 0 a 3 años en los estados miembros de la UE deben cubrir el 33 % de la demanda antes del 2010. Explicó que actualmente en España la cobertura (21%) alcanza a uno de cada cinco menores de 0 a 3 años, y «se ha dado un salto cualitativo», ya que la cobertura antes del 2004 era del 11%.