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Domingo, 28 de mayo de 2006
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Crónica / NACIONAL
  Actualizado: 9.37 a.m.
 
 
EDICIÓN IMPRESA
 
Los violentos asaltos que han sufrido en las últimas semanas muchos catalanes, sobre todo los residentes en casas y urbanizaciones aisladas de algunos municipios de las provincias de Tarragona y Lleida, obligan a perfeccionar la vigilancia. Ni las detenciones de algunos de los presuntos autores de esta oleada de robos, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, ni el despliegue de agentes de la Guardia Civil en comarcas de la provincia tarraconense han conseguido tranquilizar a la población. Las autoridades han hecho llamamientos a la calma e intentan frenar la proliferación de patrullas ciudadanas y las fuerzas de Seguridad perfeccionan con rapidez sus técnicas contra las bandas de asaltadores profesionales, pero muchos ciudadanos han querido tomar la iniciativa.
 
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, salió ayer al paso de las críticas de Batasuna ante el modo en el que el gestionando el alto el fuego de ETA y recordó que en democracia existen unas normas a las que todos deben ceñirse.
Al final la broma tendrá sanción, aunque será muy poca cosa. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido expedientar a un funcionario de prisiones que respondió en 'andalú' a un requerimiento en catalán de un tribunal de Barcelona. La guasona carta ha llegado incluso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha rechazado actuar contra el díscolo trabajador penitenciario.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se pronunció ayer a favor de impulsar medidas de «cooperación» con los países implicados en la oleada de inmigrantes africanos que llegan desde hace varias semanas de forma irregular a territorio español, porque, en su opinión, es la única forma de detener a «medio plazo» este dramático fenómeno.

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